PUNTO DE FUGA/ALFREDO PACHECO/ULTIMÁTUM
Los hechos en materia de seguridad pública ocurridos en las últimas horas en Chiapas dejaron una lección que no debe perderse entre discursos políticos ni declaraciones institucionales: la seguridad no es un trofeo que se presume, sino una batalla cotidiana que exige vigilancia permanente, voluntad política y cero tolerancia a los abusos y la corrupción.
Recientemente circularon videos en redes sociales en donde se ve a elementos de corporaciones de seguridad torturando a una persona detenida, y esto sacudió
la opinión ciudadana, pues las imágenes no solo indignan; también recuerdan que el combate a la delincuencia no puede construirse desde la ilegalidad. Cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad cruzan la línea, el daño institucional es profundo.
La reacción del gobierno estatal fue inmediata y acertada, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar instruyó a la Fiscalía General del Estado a investigar los hechos y, como resultado, fueron detenidos diez servidores públicos, entre ellos mandos, agentes del Ministerio Público y policías.
Por su parte El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó la detención de 10 personas relacionadas con esas deleznables acciones y aseveró que no habrá impunidad para ningún funcionario que incurra en conductas delictivas.
Y es precisamente ahí donde radica uno de los mayores retos de cualquier estrategia de seguridad: entender que el enemigo no solo está afuera. También puede infiltrarse dentro de las instituciones.
La historia reciente de México demuestra que el crimen organizado no siempre opera únicamente desde las sombras. En muchas ocasiones logra penetrar estructuras de gobierno, cuerpos policiacos y espacios políticos. Basta recordar los señalamientos nacionales que han surgido en distintos estados del país sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales, incluyendo las acusaciones y controversias que han rodeado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de una crisis de violencia que ha colocado nuevamente bajo escrutinio la relación entre poder político y delincuencia organizada.
Por eso, cuando en Chiapas se actúa contra policías acusados de tortura o contra funcionarios señalados por corrupción, el mensaje del ejecutivo cobra mayor relevancia; no solo por reconocer el problema, sino porque se tomó la decisión de enfrentarlos lo que evita que la descomposición avance exponencialmente, recordemos el refrán “una manzana podrida pudre a las demás”.
En las últimas horas, el Congreso del Estado también aprobó la separación del cargo de la entonces alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López, luego de que la Fiscalía ejecutara una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de corrupción. Además, funcionarios municipales de Ocozocoautla de Espinosa también fueron separados de sus cargos por investigaciones relacionadas con actos ilícitos.
Estos hechos reflejan una realidad incómoda pero necesaria de reconocer: la gobernabilidad y la paz social son frágiles si no existen instituciones dispuestas a corregirse a sí mismas.
Recordemos que hace unos meses también se detuvo a Ernesto Cruz, ahora ex alcalde de Cintalapa, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos, y además se le investigan sus probables vínculos con el crimen organizado.
Durante años, México normalizó la idea de que muchos abusos oficiales simplemente quedaban impunes. Policías que actuaban fuera de la ley, funcionarios que utilizaban el cargo para beneficio personal o autoridades que preferían mirar hacia otro lado frente a la infiltración criminal. Esa permisividad fue parte de la crisis de violencia e inseguridad que hoy todavía arrastra el país.
Por ello, resulta saludable que en Chiapas exista una narrativa pública donde se insista en no bajar la guardia.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar lo ha dicho contundentemente: la paz debe construirse todos los días.
Porque la seguridad verdadera no se mide solamente por estadísticas o discursos oficiales. Se mide en la capacidad del Estado para actuar incluso cuando los señalados forman parte de sus propias filas. Se mide en la voluntad de investigar a quienes tienen poder. Se mide en evitar que la corrupción eche raíces donde debería existir justicia.
La tranquilidad social nunca será permanente. Siempre habrá amenazas, riesgos y tentaciones de retroceso. Pero un gobierno que corrige, investiga y sanciona envía un mensaje distinto al de otros tiempos: que la impunidad no puede seguir siendo la norma.
En un país marcado por la violencia y la desconfianza institucional, esa batalla diaria quizá sea el único camino posible para sostener la paz.
PERSPECTIVA
Platiqué con el diputado morenista Mario Guillén Guillén y me aseguró que en Chiapas se buscará impedir cualquier intervención de la delincuencia organizada en las elecciones de 2027, enfatizó que deberán tener mucho cuidado en la designación de las candidaturas para que no se contamine la elección y que sean personas de calidad moral intachable quienes gobiernen Chiapas, lo que no es poca cosa sobre todo tras la detención de ediles chiapanecos por presuntos señalamientos de nexos con el crimen organizado.