COLABORACIÓN INVITADA/NIZALEB CORZO/ULTIMÁTUM
Escribo estas líneas desde Chiapas, donde paso la semana en trabajo de campo municipal. Aquí las remesas no son una abstracción macroeconómica: son la diferencia entre que una familia mande a los hijos a la secundaria o no. Chiapas no aparece entre los estados que más matrículas consulares emiten —Michoacán, Guerrero, Oaxaca y otros concentran la mayor parte—, pero la lógica es idéntica: pueblos enteros sostenidos por el giro mensual de un pariente del otro lado.
Por eso, cuando el lunes leí desde aquí la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 19 de mayo, Restoring Integrity to America’s Financial System, me detuve. El decreto no necesita mencionar explícitamente las remesas para afectar el circuito que las hace posibles. Basta con tocar los documentos, los canales de pago, los criterios de riesgo y la relación de los bancos con clientes que operan con ITIN o matrícula consular. En banca, a veces no se prohíbe nada: simplemente se encarece, se ralentiza y se vuelve incómodo hasta que el sistema expulsa al usuario por cansancio.
La orden instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en sesenta días, lineamientos para reforzar la vigilancia sobre transferencias transfronterizas de bajo monto, uso del ITIN, plataformas de pago entre particulares y, especialmente, operaciones vinculadas con documentos consulares extranjeros. La fórmula es elegante: no se cancela el acceso financiero; se reclasifica el riesgo. Y cuando algo entra a la categoría de “diligencia reforzada”, en lenguaje bancario eso significa una sola cosa: más papeleo, más fricción, más costo. En la práctica, rechazo silencioso.
Los números explican por qué este decreto pesa. En 2025, México recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas, casi todos provenientes de Estados Unidos. En el primer trimestre de 2026 entraron más de 14 mil millones, aun con el nuevo impuesto del 1% sobre envíos en efectivo que comenzó a operar este año. Detrás de esas cifras no hay estadísticas: hay economías regionales completas dependiendo de un flujo semanal de dólares.
Pasé años en BBVA para saber cómo funciona esto por dentro. A principios de los 2000, abrir una cuenta a un migrante mexicano con matrícula consular fue una decisión comercial, no humanitaria. La banca estadounidense descubrió que ese cliente era rentable: depositaba en efectivo, pagaba comisiones sin reclamar y rara vez representaba riesgo crediticio. Se construyó toda una arquitectura financiera —productos, sucursales fronterizas, convenios binacionales, plataformas de envío— para capturar ese flujo. Esa arquitectura tardó más de veinte años en levantarse. Trump puede empezar a desmontarla con una circular del Tesoro. No prohibiéndola: haciéndola suficientemente costosa para que los bancos prefieran dejar de pelearla.
Y aquí es donde uno espera, del lado mexicano, una respuesta a la altura. Lo que escuchamos esta semana en la mañanera fue otra cosa. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno analiza el alcance del decreto, que el embajador Esteban Moctezuma y el equipo diplomático revisan el tema, pero que “hasta ahora no vemos un gran riesgo”.
Esa frase merece subrayarse. No es un error de comunicación. Es un diagnóstico. Y es exactamente el síntoma que llevo años describiendo en mis columnas: la diferencia entre arquitectura institucional e inercia institucional.
La arquitectura anticipa. Tiene escenarios, protocolos y capacidad de movilización rápida. Cuando un socio comercial cambia las reglas, no espera sesenta días a que llegue el aviso formal del Tesoro. Ya tiene equipos técnicos en Washington, mesas de contención con la banca, coordinación con consulados, comunicación preventiva con estados receptores y mecanismos de presión bilateral funcionando.
La inercia, en cambio, reacciona. Lee la nota. Solicita el análisis. Espera.
Y mientras espera, miles de familias en Michoacán, Guerrero o Veracruz empiezan a recibir su dinero con más retraso, más comisión o, simplemente, dejan de recibirlo. El costo de la inercia no se paga en Palacio Nacional. Se paga en la tienda de la esquina de Apatzingán que vive del giro semanal.
Hay una segunda lectura, más incómoda. El verdadero blanco del decreto no es el migrante indocumentado. Es la infraestructura financiera binacional que México y Estados Unidos construyeron —juntos y a veces a regañadientes— durante un cuarto de siglo. La matrícula consular fue una pieza de esa arquitectura. El ITIN fue otra. Las plataformas de pago digital, otra más.
Trump no está atacando solamente a personas. Está desmontando un sistema.
Y un sistema no se defiende con declaraciones de “no vemos gran riesgo”. Se defiende con otro sistema.
Llevo más de veinte años cruzando este corredor. Vivo entre Ciudad de México y McAllen. Asesoro empresas de ambos lados de la frontera. Puedo decirlo sin retórica: el corredor México–Texas no es una geografía. Es un contrato vivo. Está hecho de remesas, comercio, empresas familiares con operaciones binacionales, niños con doble nacionalidad, iglesias, gimnasios y cadenas logísticas que ya no distinguen claramente dónde termina un país y empieza el otro.
Cuando uno de los dos firmantes cambia las reglas y el otro responde con tibieza diplomática, lo que se rompe no es la relación bilateral —esa siempre termina recomponiéndose—. Lo que se rompe es la confianza operativa de millones de personas que apostaron su vida cotidiana a ese contrato.
Tendremos sesenta días para ver qué hace el Tesoro. Y, sobre todo, para ver qué hace México.
Si la respuesta sigue siendo “no vemos gran riesgo”, quizá el problema no sea que el riesgo no exista. Quizá el problema es que otra vez lo estamos mirando con los instrumentos equivocados.
Y cuando un país ve tarde, paga caro.
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Nizaleb Corzo es Consultor Estratégico y Consejero Empresarial Independiente, autor de Arquitectura e Inercia.