TAROT POLÍTICO/AMET SAMAYOA ARCE
Algo está fallando en la operación política educativa, porque pese a los “acuerdos” previstos y a las negociaciones que, según trascendió, se construyeron con liderazgos de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Asamblea Estatal Permanente, la realidad terminó por imponerse porque el magisterio chiapaneco ratificó el pasado fin de semana salir a las calles. La convocatoria está hecha y es pública. La Marcha Estatal será el próximo lunes 1 de junio a las nueve de la mañana, partiendo de la Diana Cazadora rumbo a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, en el marco de la huelga nacional. Y no sólo eso: al concluir se prevé un mitin político y la instalación de un plantón estatal. Es decir, lejos de desactivarse el conflicto, éste escaló.
Promesa incumplida, ¿de qué lado?
La lectura política es inevitable, porque se suponía que había una negociación avanzada para que el magisterio chiapaneco se sumara a la movilización nacional, sí, pero sin trasladar la protesta al corazón de Chiapas. El objetivo, según versiones de los propios actores involucrados, era evitar tensión en la capital y reducir el impacto social y económico, pero no ocurrió. Y cuando las cosas no salen como fueron anunciadas, algo falló en la interlocución o alguien ofreció más de lo que realmente podía cumplir. La movilización ratificada deja mal parados a quienes presumieron capacidad de negociación y evidencia que los operadores políticos no están alcanzando las expectativas que ellos mismos construyeron. Porque una cosa es el discurso de control y otra la realidad de las bases cuando toman decisiones en asamblea. En Chiapas ya conocemos bien lo que representa una movilización magisterial de esta dimensión: cierres viales, afectaciones al comercio, retrasos, tensión social y una capital prácticamente paralizada durante horas o incluso días, por eso más vale tomar previsiones. El anuncio está hecho y el magisterio advierte que volverá a ocupar las calles de la capital con toda la presión política que eso implica. Desde luego, manifestarse es un derecho constitucional y nadie puede cuestionarlo. La protesta social es parte de la vida democrática y más cuando se trata de causas laborales y exigencias que consideran legítimas, sin embargo, el problema no está ahí. La pregunta inevitable es qué está ocurriendo en la interlocución política del gobierno de Chiapas para que, aun con presuntos acuerdos sobre la mesa, los compromisos no se traduzcan en estabilidad. Porque cuando la operación política presume acuerdos… pero las calles terminan hablando distinto, el mensaje es claro: alguien no está haciendo bien su trabajo. Y el lunes, como suele ocurrir en Chiapas, la realidad volverá a ponerse a prueba en la calle.
De Tarot y Adivinanza
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