Gabriel Soberano Velasco advirtió conflictos legales en propuesta de paridad de género, procesos judiciales y combate al crimen organizado en elecciones
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ. El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano Velasco, consideró que las reformas electorales relacionadas con la paridad de género deben analizarse mediante una consulta amplia con especialistas y sectores sociales antes de ser aprobadas.
Durante La Entrevista con José Adán Altuzar, analista político del diario Ultimátum, el jurista señaló que en la discusión deben participar abogados, antropólogos, sociólogos, líderes religiosos y representantes ciudadanos, ya que elaborar leyes sin un análisis profundo podría generar conflictos sociales o vulnerar derechos constitucionales.
Aunque reconoció como positiva la intención de impulsar una mayor participación de las mujeres en cargos públicos, afirmó que obligar a los partidos políticos a postular más mujeres que hombres podría resultar complicado y provocar controversias legales.
Explicó que los partidos cuentan con estatutos y mecanismos internos ya establecidos, por lo que modificar sus procesos de selección de candidatos implicaría intervenir en su vida interna.
Además, sostuvo que limitar la participación de hombres en candidaturas podría considerarse una violación a sus derechos político-electorales.
Soberano Velasco señaló que, en caso de aprobarse estas medidas, algunos ciudadanos podrían promover amparos para defender sus derechos constitucionales.
También expresó preocupación por la posibilidad de postular mujeres sin experiencia política o administrativa únicamente para cumplir cuotas de género.
Indicó que gobernar un municipio requiere preparación, ya que una mala administración podría derivar en responsabilidades legales.
Respecto a la propuesta nacional para impedir que personas vinculadas con el crimen organizado participen en procesos electorales, cuestionó la forma en que podrían comprobarse esos vínculos.
Preguntó quién realizaría las denuncias, cuál sería el mecanismo legal y cómo se demostraría el uso de recursos ilícitos o extranjeros en campañas políticas.
Sobre el caso reciente de una mujer liberada tras privar de la vida a su pareja durante una agresión, explicó que el Código Penal contempla figuras de legítima defensa cuando existen antecedentes de violencia.
Por ello, insistió en la importancia de que las mujeres denuncien desde la primera agresión ante las autoridades correspondientes, a fin de generar antecedentes y protección jurídica.
BARRA CON REPUTACIÓN
En otro tema, informó que recientemente rindieron protesta 43 nuevos integrantes de la Barra Chiapaneca de Abogados, organización que actualmente reúne a 268 profesionistas del derecho.
Detalló que para ingresar a la Barra es necesario contar con título profesional y pasar por un proceso de revisión para verificar la trayectoria y reputación de los aspirantes.
Añadió que entre los objetivos de la agrupación destacan la capacitación constante del gremio, la unidad de abogados y la firma de convenios con instituciones educativas.
En materia judicial, calificó como complicada la elección de juzgadores estatales y federales debido a la coincidencia con futuros procesos electorales de alcaldes y legisladores.
Afirmó que procesos anteriores presentaron deficiencias y actualmente afectan el acceso a una justicia pronta y expedita.
DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO
El abogado también denunció violaciones al debido proceso durante algunas detenciones policiacas.
Señaló que en ocasiones se niega a los detenidos el contacto con abogados particulares y se les asignan defensores públicos que no garantizan una adecuada representación.
Indicó que estas prácticas favorecen actos de tortura y declaraciones forzadas, lo cual representa una violación a los derechos humanos.
Sobre videos recientes relacionados con presuntos actos de tortura en Chiapas, consideró que evidencian falta de capacidad de investigación por parte de la policía.
Finalmente, propuso fortalecer los mecanismos de protección a testigos y mejorar las condiciones laborales de policías y ministerios públicos mediante sistemas de retiro, servicios médicos y apoyos económicos.