COLABORACIÓN INVITADA/Sr. Smith/Ultimátum
Hay municipios que cuando cambian de mando no reciben una presidencia sino un expediente de daños. Un inventario de lo que faltó, de lo que desapareció, de lo que nunca estuvo donde debía estar. Ocozocoautla es hoy uno de esos municipios, y la historia que cuenta su nueva alcaldesa, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, es la historia de lo que cuesta en tiempo, en recursos y en esfuerzo institucional reparar lo que otros destruyeron mientras gobernaban.
Empecemos por lo más elemental: la policía.
Un municipio del tamaño e importancia de Ocozocoautla necesita 126 elementos de seguridad para cubrir su plantilla oficial. Cuando De los Santos Sarmiento llegó al cargo, en enero de 2026, encontró que de toda esa fuerza policial supuestamente activa, únicamente 12 personas contaban con las evaluaciones y certificaciones que la ley exige para ejercer como policías municipales. Doce. De ciento veintiséis.
Que alguien haga la cuenta: el 90 por ciento de la corporación policial de Ocozocoautla operaba sin evaluación, sin certificación, sin el aval del Centro de Control, Confianza y Certificación. Lo que significa, en términos prácticos, que esa policía no era legalmente una policía. Era un grupo de personas uniformadas que cobraban del erario municipal sin cumplir los requisitos mínimos que la ley establece para portar un arma y ejercer la autoridad en nombre del Estado.
¿Quién permitió eso durante años? ¿Quién firmó las nóminas? ¿Quién recibió el presupuesto de seguridad pública y lo aplicó en una corporación que no cumplía ningún estándar? Las respuestas apuntan hacia Francisco Chambé Morales, el alcalde electo que en enero de 2026 pidió licencia indefinida y hoy figura como no localizado. Un hombre que gobernó, cobró, administró y desapareció. Literalmente.
La nueva alcaldesa encontró, según sus propias palabras, un ayuntamiento muy dañado y golpeado. No es retórica. Es diagnóstico. Porque además del desastre en la corporación policial, el proceso de entrega-recepción reveló anomalías que ya derivaron en una denuncia formal contra quien resulte responsable, mientras la Auditoría Superior del Estado mantiene abiertas las investigaciones correspondientes. Cosas perdidas. Cosas desaparecidas. El inventario del saqueo que siempre aparece cuando alguien se toma la molestia de revisar lo que el anterior no quería que se revisara.
Ese es el patrón. No es exclusivo de Ocozocoautla. Es el patrón del municipio mexicano gobernado como feudo personal, donde la presidencia municipal es un negocio de tres años con recursos públicos como capital de trabajo y cero rendición de cuentas como modelo operativo. Donde la policía no se certifica porque certificar implica que alguien de afuera venga a mirar adentro, y mirar adentro siempre es incómodo para quien tiene algo que esconder. Donde el presupuesto de seguridad se gasta en nóminas de elementos fantasma o de elementos que no cumplen perfil, y nadie pregunta porque la pregunta incomoda al que tiene la respuesta.
Chambé Morales se fue. Y le dejó a su municipio una deuda de 103 policías faltantes, una corporación sin certificar, un ayuntamiento dañado y una denuncia penal abierta. Eso es lo que un alcalde irresponsable le cuesta a la gente que lo eligió.
Lo que hace De los Santos Sarmiento desde que llegó merece reconocerse sin exageración pero sin mezquindad. Actualmente hay 23 elementos certificados ante el C3, casi el doble de los que encontró. La convocatoria para reclutar 103 policías adicionales está abierta y los requisitos son los que marca la ley: documentación en regla, exámenes de control y confianza aprobados, proceso formal. No se contrata a dedo. No se llena la nómina con conocidos del presidente. Se hace conforme a la norma, que es exactamente lo contrario de lo que se hizo antes.
Mientras la corporación propia se reconstruye, la seguridad del municipio está siendo atendida por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la FRIP, corporación estatal que opera en Ocozocoautla desde el 23 de febrero en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo. No es la solución definitiva pero es la respuesta inmediata a un vacío que no podía dejarse sin atender, especialmente en una región que ha registrado hechos de violencia recientes y que comparte frontera con municipios como Cintalapa y Jiquipilas, con los que la alcaldesa mantiene comunicación permanente para coordinar acciones.
Eso es gobernanza real. No perfecta, no terminada, pero real. La diferencia entre una administración que llega a trabajar y una que llegó a quedarse con lo que no era suyo es exactamente esa: una deja todo más roto de lo que lo encontró, la otra empieza a reparar desde el primer día aunque el tamaño del daño sea mayor de lo que cualquiera hubiera querido encontrar.