COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Hay discursos que se pronuncian por protocolo y hay reflexiones que se dicen porque quien las dice las ha pensado de verdad. El 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, José Luis Sánchez García, director general del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, eligió el segundo camino. Y vale la pena detenerse en lo que dijo, porque no es lo que uno esperaría escuchar de un funcionario público en un acto oficial.
Sánchez no llegó a repartir elogios ni a presumir cifras. Llegó a plantear una incomodidad que el gremio periodístico chiapaneco y mexicano carga hace años sin siempre atreverse a nombrarla con esa claridad: la trampa de la inmediatez y el territorio que los influencers le están ganando al periodismo profesional.
Lo dijo sin rodeos: hoy lo más importante en muchos medios ya no es la verdad sino la inmediatez. Que esa obsesión por ser primero ha llevado al periodismo por un camino escabroso. Que las redes sociales, que en su momento abrieron la puerta para que cada periodista construyera su propio nombre y su propio prestigio fuera de los grandes medios tradicionales, también abrieron esa misma puerta para la ciudadanía, y que hoy hay más influencers que se convirtieron en periodistas que periodistas que se convirtieron en influencers. Y que en esa competencia desigual, el periodismo profesional está perdiendo terreno.
Tiene razón. Y que lo diga un funcionario del gobierno del estado en el marco del Día de la Libertad de Expresión, frente a un salón lleno de comunicadores, no es un detalle menor.
Durante demasiado tiempo, la relación entre los gobiernos chiapanecos y el gremio periodístico fue una relación de conveniencia mutua y de silencios pactados. El gobierno financiaba con publicidad oficial a los medios que no incomodaban, y los medios que querían seguir recibiendo ese financiamiento aprendían rápido cuáles preguntas no debían hacerse. El periodismo de investigación, el que revisa documentos, el que cruza versiones, el que publica aunque el dato sea incómodo para quien paga la publicidad, ese periodismo era tolerado en la medida en que no tocara lo que no debía tocarse.
Ese modelo pudría a los medios desde adentro. Y lo pudría también desde afuera, porque una sociedad que ve que sus periodistas no preguntan lo que deben preguntar termina buscando la información en otro lado. Termina siguiendo a quien le habla directo aunque ese quien no tenga formación periodística, no verifique sus fuentes, no distinga entre un rumor y un dato confirmado y no asuma ninguna responsabilidad por lo que publica. Termina siguiendo al chamaco de la computadora creando contenido desde su cuarto, como lo describió el propio Sánchez, al que sin embargo le siguen miles de personas porque al menos dice lo que piensa sin pedir permiso.
Esa es la crisis real del periodismo mexicano y chiapaneco. No es tecnológica. Es de credibilidad. Y la credibilidad se perdió, en buena medida, porque durante años muchos medios eligieron la comodidad del silencio sobre la incomodidad de la verdad.
Por eso importa lo que dijo José Luis Sánchez el 7 de junio. Porque su llamado a revalorar al periodista como tal, a separar con claridad la figura del periodista de la del influencer, a recuperar el periodismo de investigación y el rigor como estándares del oficio, no viene de un académico ni de un gremio sino de un funcionario del gobierno que tiene en sus manos, entre otras responsabilidades, la política de comunicación del estado de Chiapas.
Que ese funcionario diga en voz alta que el peor enemigo del periodismo hoy es la desinformación industrializada, que los bots y los medios falsos están desplazando a quienes arriesgan su nombre, su prestigio y su vida para informar, y que eso tiene que cambiar, es una señal de que algo en la relación entre este gobierno y el gremio periodístico está intentando ser distinta a la que prevaleció en el sexenio anterior.
Distinta no significa perfecta. Distinta no significa que todas las tensiones están resueltas ni que la publicidad oficial se distribuye con criterios enteramente limpios ni que ningún periodista chiapaneco enfrenta presiones de ningún tipo. Sería ingenuo afirmarlo. Pero sí significa que hay, al menos en el discurso de quienes coordinan la comunicación gubernamental, un reconocimiento de que el periodismo independiente y riguroso no es un enemigo del gobierno sino una condición para que la democracia funcione. Y ese reconocimiento, cuando se convierte en política pública coherente, vale mucho.
Sánchez cerró su intervención con una frase que merece quedarse: una ciudadanía mejor informada es una ciudadanía que sabe tomar mejores decisiones. Si caminamos juntos el gobierno y el sector periodístico, vamos a llegar a un buen lugar.
Caminar juntos no significa caminar en la misma dirección ni decir lo mismo. Significa que el gobierno entiende que el periodismo tiene una función de contrapeso que no puede ni debe eliminarse, y que el periodismo entiende que informar con rigor y responsabilidad es la única forma de ejercer ese contrapeso con legitimidad.
Eso es lo que se necesita en Chiapas. Eso es lo que, al menos en palabras, el 7 de junio alguien del gobierno tuvo la honestidad de decir.
En esta nueva era, con todo lo que falta por construir, ese es un punto de partida que vale la pena reconocer.
El tarot no miente. La carta que salió hoy tiene nombre: el periodismo honesto siempre encuentra su lugar. Aunque cueste. Aunque tarde. Aunque el camino sea más largo de lo que uno quisiera.
Pero llega.