COLABORACIÓN INVITADA/Sr. Smith/Ultimátum
El fiscal general del estado presentó esta semana los números de seguridad de Chiapas con una transparencia que merece reconocerse: en vivo, con estadísticas desglosadas por colonia, por tipo de delito, por municipio, respondiendo preguntas de la ciudadanía en tiempo real. Un ejercicio de rendición de cuentas que no todos los estados del país practican con esa regularidad ni con ese nivel de detalle.
Los números de homicidios son alentadores. Un descenso del 79 por ciento respecto al promedio que dejó la administración anterior. Mayo de 2026 cerró con 14 homicidios dolosos en todo el estado, la cifra más baja desde que existe registro histórico de incidencia delictiva en Chiapas. Cero punto cuatro homicidios por día en un estado que recibió este gobierno con casi dos homicidios diarios. Eso es un logro real que no puede minimizarse.
Pero hay un número que no deja dormir. Y ese número es 53.
Cincuenta y tres feminicidios en año y medio. Cincuenta y cinco víctimas. Mujeres de Chiapas que fueron asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Y cuando el fiscal desgrana el dato más perturbador de todos, cuando dice con todas sus letras que la gran mayoría de estos crímenes se cometen al interior de los hogares, es cuando uno tiene que dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro.
Porque ese dato cambia completamente la conversación.
Cuando el feminicidio ocurre en la calle, cuando lo comete un desconocido, cuando es producto de la delincuencia organizada o de la violencia criminal, la sociedad lo procesa con relativa comodidad: es un problema de seguridad pública, es responsabilidad del Estado, es algo que las autoridades deben resolver. Y tienen razón, en parte. Las autoridades deben investigar, detener y sancionar. La Fiscalía General del Estado lo está haciendo con una efectividad del 80 por ciento en el esclarecimiento de feminicidios, el doble de la media nacional. Ese dato también merece decirse.
Pero cuando el feminicidio ocurre en casa, cuando el asesino es el esposo, el novio, el padre, el hermano, el conviviente, cuando la víctima murió en el mismo espacio donde debía estar más segura, entonces el Estado solo puede llegar después. Puede investigar. Puede detener. Puede condenar. Pero no puede haber estado antes, adentro, en ese momento preciso en que la violencia escaló hasta lo irreversible.
Ahí es donde la sociedad tiene que mirarse al espejo.
El fiscal mencionó otro dato que tampoco puede ignorarse: los delitos sexuales, con 70 carpetas de investigación en Tuxtla Gutiérrez en los primeros cinco meses del año. El más frecuente, la pederastia, con 27 casos. Después la violación con 23. El abuso sexual con 15. Y la advertencia que estremece: la gran mayoría de estos delitos se cometen al interior de los hogares, siendo víctimas niñas, niños y adolescentes.
Dentro de los hogares. Cometidos por alguien conocido. Por alguien de confianza. Por alguien que forma parte de la vida cotidiana de esas víctimas.
Eso no es un problema de presupuesto de seguridad. No es un problema de estrategia policial. No es un problema que se resuelve con más patrullas ni con más cámaras de vigilancia. Es un problema que vive dentro de familias. Dentro de comunidades. Dentro de una cultura que durante siglos normalizó el sometimiento de las mujeres y de los menores como algo natural, como algo privado, como algo que no le incumbe a nadie más que a quienes ocurre puertas adentro.
Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que no puede delegarse al gobierno.
¿Cuántas veces se supo de algo y se calló? ¿Cuántas veces el vecino oyó los golpes y decidió no meterse? ¿Cuántas veces la familia vio las señales y prefirió guardar las apariencias? ¿Cuántas veces alguien dijo «son cosas de pareja» cuando lo que estaba ocurrendo era violencia? ¿Cuántas veces una mujer pidió ayuda y la respuesta fue «aguanta, por tus hijos, por la familia»?
Cada una de esas veces, la sociedad fue cómplice. No el Estado. Nosotros.
El fiscal llamó a la participación ciudadana, a los comités de prevención, a que papás, mamás, abuelos, jóvenes se involucren activamente en la construcción de la paz comunitaria. Tiene razón. Pero la participación ciudadana más urgente no es la que ocurre en las reuniones de colonia ni en los grupos de WhatsApp de seguridad vecinal. Es la que ocurre en la conversación familiar. En la crianza. En la forma en que le enseñamos a un niño a relacionarse con las mujeres. En la forma en que le decimos a una niña que tiene derecho a decir no y que su cuerpo le pertenece. En la valentía de levantar el teléfono cuando uno sabe que algo malo está pasando en la casa de junto.
Cincuenta y tres feminicidios en año y medio no son una estadística. Son cincuenta y tres historias que terminaron de la peor manera posible. Cincuenta y tres mujeres que tenían nombre, familia, sueños y vida. Cincuenta y tres veces en que la violencia ganó porque nadie la detuvo a tiempo. El gobierno investiga. Detiene. Condena. Hace su parte.