PUNTO DE FUGA/ALFREDO PACHECO/ULTIMÁTUM
Nadie es capaz de negar que las protestas sociales son un derecho legítimo en cualquier democracia; al igual que nadie puede negar que los trabajadores de la educación tienen derecho a exigir mejores condiciones laborales, salarios dignos y una jubilación justa. Sin embargo, cuando esta lucha gremial, porque no es una lucha social -hay que precisar esto- comienza a afectar de manera sistemática a millones de ciudadanos ajenos al conflicto, surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar una protesta sin perder el respaldo social que le da fuerza?
Ese es precisamente el dilema que hoy enfrenta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Durante las últimas semanas, las movilizaciones, bloqueos y plantones impulsados por el magisterio disidente han generado un creciente hartazgo ciudadano. No se trata únicamente de las afectaciones registradas en la Ciudad de México; en Tuxtla el malestar es cada vez más evidente. El reciente bloqueo a las instalaciones de PEMEX y la toma del Aeropuesto Internacional Ángel Albino Corzo; exhibe nuevamente una realidad incómoda: cuando la protesta toca el bolsillo y la vida cotidiana de la población, la simpatía comienza a transformarse en rechazo.
El tráfico intenso en el centro de la capital chiapaeca, las largas filas en las gasolineras, el temor a un posible desabasto de combustible y la incertidumbre generada por los rumores provocaron escenas que muchos chiapanecos recuerdan de movilizaciones anteriores. Ciudadanos que necesitaban trasladarse a sus trabajos, comerciantes preocupados por la distribución de mercancías y familias enteras buscando abastecerse de gasolina terminaron pagando los costos de una disputa que no les corresponde resolver.
Los ciudadanos ya alzan la voz por la molestia y la gran mayoría coinciden en cuestionar por qué las acciones de presión de la Coordinadora terminan por afectar a la población en general y no directamente a las instancias gubernamentales responsables de las negociaciones. Por otra parte, otros señalan que mientras los líderes sindicales mantienen sus protestas, son los ciudadanos quienes absorben las consecuencias económicas y sociales.
Y es que el problema ya no se limita al combustible. Los cierres de vialidades, las marchas masivas y los plantones de tiempo indefinido han generado una parálisis recurrente en diversas ciudades. Comerciantes reportan pérdidas, trabajadores llegan tarde a sus empleos, estudiantes ven alteradas sus actividades y miles de personas deben reorganizar su vida cotidiana para sortear bloqueos que parecen no tener fecha de conclusión.
Paradójicamente, la CNTE sostiene demandas que encuentran eco incluso entre quienes hoy critican sus métodos. La exigencia de revisar el sistema de pensiones derivado de la reforma del ISSSTE de 2007 responde a una preocupación legítima sobre las condiciones de retiro de los trabajadores. Sin embargo, las propuestas planteadas por el gobierno federal —como fortalecer PensionISSSTE, crear una aseguradora pública especializada en pensiones y mantener mesas permanentes de diálogo— han sido rechazadas por el magisterio pues consideran que no atienden su demanda central: la abrogación total de dicha reforma.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que existen límites presupuestales para cumplir algunas de las exigencias del magisterio de abrogar la Ley del ISSSTE y crear un fondo solidario de pensiones costaría aproximadamente 7 billones de pesos, lo que representaría 20 puntos del PIB y ha insistido en mantener abiertas las negociaciones, mientras acusa que ciertos sectores buscan generar confrontación y provocaciones. Al mismo tiempo, el gobierno sostiene que ha impulsado incrementos salariales y medidas para mejorar las condiciones de retiro de los docentes.
Pero mientras las mesas de diálogo continúan, la percepción ciudadana se deteriora.
La CNTE parece enfrentar un riesgo que históricamente ha acompañado a muchos movimientos sociales: confundir capacidad de presión con respaldo popular. Son cosas distintas. Una organización puede bloquear carreteras, cerrar oficinas gubernamentales o paralizar ciudades, pero eso no significa que conserve el apoyo de la sociedad.
Cuando una madre no puede llegar a tiempo al trabajo, cuando un comerciante pierde ventas por falta de clientes o cuando una familia hace fila durante horas para conseguir gasolina, la discusión deja de centrarse en las pensiones y se traslada a las molestias cotidianas. El problema ya no es quién tiene razón en la mesa de negociación, sino quién está pagando los costos del conflicto.
El desgaste también alcanza a las autoridades, pues muchos consideran que no hay voluntad politica o bien incapacidad de construir acuerdos definitivos lo que ha provocado que el problema se prolongue durante años, y cada año se presenten protestas por que han sido incapaces de resolver de fondo un conflicto que reaparece constantemente.
La realidad es que ningún derecho debería ejercerse anulando los derechos de otros; el derecho a manifestarse es fundamental, pero también lo son la libre circulación, el trabajo y la movilidad de millones de personas.
La CNTE tiene derecho a luchar por sus causas; sin embargo, los ciudadanos también tienen derecho a no convertirse en rehenes de esa lucha, sobre todo al venir de años muy duros en el tema económico por la inseguridad que impactó a Chiapas en el sexenio pasado y que llevó a muchos a un bache del que no han podido terminar de salir.
PERSPECTIVA
Ayer inició el mundial, y cientos acudieron a la fuente de la Diana Cazadora en Tuxtla para celebrar el tiunfode la Selección Mexicana ante Sudafrica, celebración a la que se sumó Eduardo Ramírez, en donde convivió con la afición, el Gobernador es una persona sencilla y cercana a la población y así lo demostró nuevamente en el festejo por la victoria del tricolor en su primer partido de este mundial.
¡Hasta la próxima!