COLABORACIÓN INVITADA/Sr. Smith/Ultimátum
Hay límites. Y cuando se cruzan, el gremio periodístico tiene la obligación de decirlo aunque incomode, aunque el sindicato en cuestión tenga décadas de rodear sus excesos con el manto protector de la lucha social.
La CNTE bloqueó hoy el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez. No una calle. No una avenida. No la puerta de una dependencia de gobierno. El aeropuerto. La infraestructura que hace tres semanas Chiapas inauguró con orgullo como puerta de entrada al mundo, la conexión con Houston que costó gestión, esfuerzo y una estrategia de desarrollo que pocas veces este estado había podido presumir. Ese mismo aeropuerto fue bloqueado hoy por maestros que exigen lo que exigen desde hace años y que han encontrado en la interrupción de la vida cotidiana de los ciudadanos su método favorito de presión.
Pasajeros varados. Vuelos cancelados o retrasados. Familias que perdieron conexiones. Empresarios que no llegaron a reuniones. Turistas que se llevaron de Chiapas una imagen que ninguna campaña publicitaria puede reparar fácilmente. Todo eso ocurrió hoy. Todo eso fue consecuencia directa de una decisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no tiene justificación legal ni moral que la sostenga.
Porque una cosa es el derecho de huelga. Otra muy distinta es el derecho al secuestro de servicios públicos esenciales.
Hay que decirlo con todas sus letras porque ya se ha dicho con eufemismos durante demasiado tiempo y los eufemismos no han producido ningún resultado: la CNTE en Chiapas tiene una fracción importante de sus agremiados que no trabajan. No es una acusación sin fundamento. Es un hecho documentado, verificable y conocido por cualquiera que haya tenido alguna vez un hijo estudiando en una escuela pública de esta entidad.
Los estudiantes chiapanecos de las zonas rurales, de las comunidades indígenas, de los municipios de la sierra y de la selva, cargan desde hace décadas con uno de los indicadores educativos más bajos del país. Y eso no es casualidad ni es solo responsabilidad del presupuesto ni de la infraestructura. Es también responsabilidad de maestros que cobran puntual el 15 y el último de cada mes pero que no siempre están frente al grupo cuando el grupo los necesita. Que usan los días de movilización sindical como días de descanso pagado. Que han normalizado el ausentismo como parte del calendario escolar y que cuando alguien lo señala, responden con la retórica de la lucha magisterial como si la lucha magisterial y el abandono de los alumnos fueran la misma cosa.
No lo son. Nunca lo han sido.
Las demandas de la CNTE tienen, en abstracto, una justificación que este columnista no niega: la abrogación de la reforma educativa que se aplicó con represión, con muertos en Nochixtlán, con métodos que no tienen cabida en un estado democrático. Eso ya se dijo aquí y se sostuvo cuando decirlo tenía un costo. La reforma educativa del gobierno de Peña Nieto fue una reforma punitiva disfrazada de modernización y merecía ser abrogada.
Pero eso fue hace años. Y desde entonces la CNTE ha extendido sus demandas, ha cambiado de pretexto según el sexenio de turno, ha negociado y desnegociado y vuelto a negociar, y en cada ciclo el método ha sido el mismo: bloquear, paralizar, afectar a terceros que no tienen nada que ver con el conflicto, y esperar a que el gobierno ceda para poder volver a las aulas. No por convicción pedagógica. Por conveniencia táctica.
Lo que ocurrió hoy en el aeropuerto de Tuxtla es la expresión más descarnada de ese método. Ya no se trata de marchar, de plantonear frente a una dependencia, de exigir una audiencia. Se trata de interrumpir la arteria de conectividad más importante que Chiapas acaba de inaugurar, en el momento en que la ruta Houston-Tuxtla está generando expectativa de inversión y de turismo, en el marco del Mundial de Fútbol que pone los ojos del mundo sobre México.
El mensaje que esa acción manda al mundo no lo redacta ningún comunicado de prensa gubernamental. Lo redactan los pasajeros varados que suben videos a sus redes sociales. Lo redactan los empresarios que cancelaron sus reuniones y que la próxima vez pensarán dos veces antes de elegir Tuxtla como destino. Lo redactan los turistas que vinieron a conocer Chiapas y se llevan el recuerdo de un sindicato bloqueando un aeropuerto como acto de presión política.
Jovani Salazar, desde su trinchera en la Agencia Digital del Estado, habló esta semana de construir un gobierno moderno, conectado, eficiente, que acerque servicios a los ciudadanos mediante tecnología. Carlos Morales habló de recuperar Tuxtla, de reencauzar los servicios, de hacer democracia participativa. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inaugura rutas aéreas internacionales y presenta en el Colegio de Defensa Nacional los avances en seguridad de Chiapas ante militares de cuatro países.
Y la CNTE bloquea el aeropuerto.
La contradicción no podría ser más gráfica ni más reveladora de lo que este sindicato representa hoy en la vida pública de Chiapas. Mientras el estado intenta construir, mientras las instituciones intentan modernizarse, mientras la conectividad y el desarrollo son la agenda de un gobierno que heredó un desastre y está trabajando para revertirlo, la Coordinadora aparece para destruir en un día lo que cuesta meses construir.
Eso no es lucha social. Eso es mercenariado sindical. Eso es usar a los trabajadores como instrumento de presión para negociaciones que tienen más que ver con cuotas de poder y con control político que con el bienestar real de los maestros y de sus familias.
Los maestros chiapanecos que sí trabajan, que sí están frente a sus grupos todos los días, que sí se preocupan por el aprendizaje de sus alumnos y que no necesitan un bloqueo de aeropuerto para validar su vocación, merecen que alguien diga esto en voz alta.
Los niños chiapanecos que ese día no tuvieron clases también lo merecen.