COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Hay una habilidad que debería ser requisito indispensable para ocupar un cargo público, antes que el título universitario, antes que la militancia partidista, antes que la foto con el líder correcto: saber hablar. No hablar bonito. No hablar con elocuencia de tribuno romano ni con la fluidez del conductor de televisión. Hablar con coherencia. Hablar sabiendo lo que se va a decir antes de decirlo. Hablar con la conciencia de que las palabras, una vez pronunciadas frente a un micrófono, no regresan.
Esa habilidad, que se llama oratoria en su versión técnica y se llama sentido común en su versión popular, escasea de manera alarmante entre quienes tienen la responsabilidad de representar a la ciudadanía en los espacios legislativos y de gobierno. Y su ausencia produce, con una regularidad que ya debería avergonzar al sistema político mexicano, espectáculos que van del absurdo a lo francamente preocupante.
Esta semana Chiapas fue testigo de uno de esos espectáculos.
Una legisladora local, en pleno ejercicio de sus funciones, frente a la mesa directiva del Congreso del Estado, con micrófono encendido y cámaras activas, pronunció un discurso que en menos de dos minutos logró contradecirse a sí mismo con una eficiencia casi artística. Dijo que no discrimina a nadie y acto seguido dijo que los de la diversidad sexual que hagan lo que hacen en casa. Dijo que respeta las decisiones personales y acto seguido dijo que está en contra de las políticas públicas que reconocen esas decisiones. Dijo que defiende la dignidad y acto seguido habló de una comunidad entera como si su existencia pública fuera una amenaza que debe contenerse.
Todo eso en menos de 140 segundos. Un récord que ni el periodismo más ágil alcanza.
El problema no es solo el contenido, aunque el contenido tiene sus propios problemas que merecen discutirse en otro espacio con la seriedad que requieren. El problema es la forma.
Es la evidencia de que quien pronunció ese discurso no tenía claro qué quería decir, no había pensado en las implicaciones de sus palabras, no había sometido sus argumentos a ningún ejercicio previo de revisión lógica y no tenía la más mínima conciencia de que la contradicción entre una oración y la siguiente es visible para cualquiera que escuche con atención de cuarto grado de primaria.
Eso, en un ciudadano común, es una conversación incómoda en la mesa familiar. En un legislador, es un problema institucional.
La oratoria no es un adorno. No es una habilidad reservada para los políticos carismáticos ni para quienes aspiran a discursos memorables. Es una herramienta de trabajo fundamental para cualquier persona que ocupa un cargo de representación pública. Porque representar implica hablar. Implica argumentar. Implica defender posiciones con la solidez suficiente para que quien te escucha entienda exactamente qué estás diciendo y por qué lo estás diciendo.
Un curso básico de oratoria enseña, entre otras cosas elementales, que antes de abrir la boca en un foro público conviene tener respondidas tres preguntas: ¿qué quiero decir?, ¿cómo lo voy a decir? y ¿qué consecuencias tiene lo que voy a decir? No es filosofía avanzada. Es el ABC de la comunicación pública que cualquier estudiante de primer semestre de ciencias de la comunicación aprende en las primeras semanas del curso.
También enseña que la coherencia interna de un argumento no es opcional. Que si en la primera oración dices que no discriminas y en la tercera dices que ciertas personas deben limitarse al espacio privado, hay una contradicción que el auditorio va a detectar aunque tú no lo notes. Que las frases célebres citadas a medias, descontextualizadas y mal aplicadas no fortalecen un argumento sino que lo debilitan, porque revelan que quien las usa no entiende su sentido original. Que decir una cosa y su contraria en el mismo discurso no genera ambigüedad constructiva sino confusión que termina siendo material de debate, de crítica y, en el peor de los casos, de burla.
México tiene un problema serio con la calidad de sus representantes populares y Chiapas no es la excepción. El sistema de selección de candidatos, tanto en el partido gobernante como en los demás, privilegia la lealtad política, la capacidad de movilizar votos y la pertenencia a redes de influencia sobre cualquier criterio de competencia o de preparación para el cargo. El resultado es lo que vemos con dolorosa frecuencia: legisladores que no legislan, funcionarios que no administran y servidores públicos que no sirven, pero que hablan. Dios mío, cómo hablan.
Hablan sin preparación. Hablan sin información. Hablan con la seguridad del que confunde el volumen con la convicción y la reiteración con el argumento. Hablan sobre temas que no han estudiado, sobre realidades que no conocen, sobre comunidades que no comprenden, con la autoridad prestada del escaño o del cargo pero sin el conocimiento mínimo que esa autoridad debería exigir.
Y cuando alguien les señala la contradicción, cuando alguien les pregunta cómo se reconcilia la primera oración con la tercera, la respuesta más frecuente no es la revisión sino la trinchera. No es el argumento sino el ataque al que pregunta. No es la corrección sino la insistencia en el error.
Eso también se aprende a evitar en un curso básico de oratoria. Que admitir una inconsistencia no es debilidad sino honestidad. Que quien escucha con atención merece respeto y no descalificación. Que el debate público requiere de interlocutores que sean capaces de escuchar además de hablar.
Chiapas tiene legisladores brillantes. Tiene funcionarios preparados, articulados, capaces de defender sus posiciones con argumentos sólidos y con información verificable. Tiene servidores públicos que entienden que hablar en nombre del pueblo es una responsabilidad que exige preparación, humildad y coherencia.
Pero tiene también, como cualquier sistema político, sus cuotas de improvisación y de despropósito. Y cuando esa improvisación llega al Congreso del Estado, cuando ese despropósito se pronuncia frente a un micrófono encendido en un contexto de debate político sensible, el daño no es solo personal para quien habla. Es institucional para el cuerpo legislativo al que pertenece. Es político para el partido que la postuló. Es simbólico para la ciudadanía que pagó con sus impuestos ese escaño.
La solución no es complicada. No requiere años de formación académica ni grandes inversiones presupuestales. Requiere, antes de cualquier otra cosa, la humildad de reconocer que hablar bien en público es una habilidad que se aprende, que no se nace sabiendo y que quien tiene la responsabilidad de representar a miles de ciudadanos tiene la obligación de aprenderla.
Un curso. Un taller. Una semana de práctica frente a un espejo antes de pararse frente a un micrófono del Congreso.
No es mucho pedir.
O quizás sí lo es. Quizás ese es el verdadero problema.