PUNTO DE FUGA/Alfredo Pacheco
Hubo una tremenda opacidad en la asignación del Contrato para la recolección de Residuos Sólidos Urbanos de la capital chiapaneca el cual le fue entregado por adjudicación directa a la empresa V. Ambiental, una extensión de Veolia.
Es una gran realidad que el tema de la basura en Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en uno de esos casos que obligan a hacer preguntas incómodas. No solamente por el monto económico involucrado, sino por el procedimiento mediante el cual el Cabildo tomó una decisión que impacta directamente no solo la economía de la ciudad, sino la salud pública y en la vida cotidiana de miles de familias.
Desde el Ayuntamiento capitalino que encabeza Ángel Torres Culebro se determinó entregar por adjudicación directa el servicio a la empresa V. Ambiental, en un proceso que ha despertado cuestionamientos de regidores quienes advirtieron la falta de planeación, incremento del costo y ausencia de explicaciones públicas suficientes.
El regidor Miguel Zárate ha señalado que actualmente el municipio destina alrededor de 14 millones de pesos mensuales a la recolección y lavado de contenedores; sin embargo, con el nuevo esquema el gasto proyectado ascendería a 28 millones mensuales. Es decir, el doble.
Y esque el tema de la basura en tuxtla apesta, no solo a desechos, sino a corrupción, ya que actualmente se pagan 13 millones de pesos mensuales por el servicio de recolección de la basura, más un millón por el concepto de lavado de contenedores, el cual se le paga a una empresa de reciente creación, la cual se dio de alta el día primero de enero y para el día 6 de enero ya tenía asignado un contrato por un millón de pesos.
Cabe precisar que ese millón de pesos no tiene sentido, ya que ante la incapacidad de Torres Culebro para negociar un ajuste al contrato de Veolia desde su llegada al ayuntamiento, la empresa se ha limitado a recoger solo las toneladas estipuladas en el contrato con el municipio, lo que provocó que hayan contenedores rebasados de basura por toda la ciudad, lo que impide que se laven, es decir que se le está pagando a una empresa que no puede hacer su trabajo.
Y lo verdaderamente preocupante es el actuar del edil, pues al “no querer negociar con Veolia un ajuste” prefirió comprar camiones recolectores y que el personal de servicios municipales se encargue de la recolección, lo que generó otro gasto fuerte a las arcas municipales.
En tanto, en la ciudad no se refleja una mejora equivalente, pues durante meses, colonias completas han reportado retrasos en la recolección, acumulación de residuos y contenedores saturados. El resultado es visible: malos olores, proliferación de fauna nociva, riesgos sanitarios y una percepción creciente de abandono.
Debemos ser claros, la basura no es un asunto estético; es un tema de salud pública y parece un plan muy mezquino el dejar que la ciudad se llene de basura para que ahora sin una licitación pública se le adjudique el contrato de recolección a la empresa que ya operaba en la ciudad y por el doble del monto, esos 14 millones de pesos mensuales representan 168 millones de pesos al año, los cuales se pudieron emplear en temas urgentes como el garantizar el abasto de agua potable, que también está directamente con la salud de la población.
Si una administración municipal permite que se acumulen residuos durante semanas, y no abastece de agua potable a la ciudadanía, entonces deja de ser únicamente un problema operativo y se convierte en una situación que puede generar focos de infección y afectar la calidad de vida de la población.
Más aún cuando existen señalamientos sobre que parte de la infraestructura utilizada ya estaba disponible desde la operación anterior, mientras el municipio también realizó inversiones en unidades y operación propia.
Es por ello que me pregunto, ¿si ya había inversión pública en marcha, por qué terminar contratando nuevamente bajo un esquema al doble de costo?
Desde el Cabildo, cinco regidores han manifestado inconformidad y sostienen que advirtieron con anticipación sobre los tiempos para preparar una nueva licitación y evitar llegar a una contratación directa bajo argumento de urgencia.
Si eso fue así, el problema deja de ser administrativo y entra al terreno de la responsabilidad política, que podría parecer incompetencia, sin embargo, creo que hubo dolo; si, dolo en dejar que nos llenaramos de basura para que cuando se incrementará el monto del contrato, del cuál podría recibir un “moche”, la ciudadanía diga que está justificado el mayor gasto.
Este tema debe ser revisado por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría Anticorrupción; no porque exista una sentencia previa ni porque toda adjudicación directa sea irregular por definición, sino porque cuando el dinero público aumenta de manera tan significativa y el servicio sigue siendo ineficiente, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación, pues mientras la basura no se recoge cómo se debe, en Tuxtla las dudas sobre el uso de los recursos públicas también; y por ahora, ambas siguen acumulándose.
PERSPECTIVA
Tras ser cuestionado sobre los señalamientos de asaltos y agresiones de personas de otras nacionalidades a la ciudadanía tuxtleca, el diputado local por el Partido del Trabajo Javier Jiménez señaló que los extranjeros son bienvenidos en la entidad y que no hay que generalizar, considero que fue una declaración no solo tibia, sino desafortunada para el legislador que preside la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Congreso de Chiapas, de quien se debería esperar un llamado a las autoridades procuradoras de justicia pongan atención a esa situación.
¡Hasta la próxima!