FILIPICAS/PACO RAMÍREZ/ULTIMÁTUM
Mientras el Ejecutivo estatal recorre regiones como la Frailesca para intentar imprimir ritmo a la gestión pública, en el Congreso del Estado de Chiapas la narrativa de algunos legisladores se ha convertido en una peligrosa cortina de humo. El caso másreciente y vergonzoso es el de la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios.
El saldo de 18 meses es simple: cero.
Tras año y medio de inactividad, la presidenta de dicha comisión, la diputada Sahara Munira José Flores, ha optado por el camino más sencillo y menos digno de una representante popular: culpar a terceros. Intentar trasladar a la Presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, la responsabilidad por la falta de integración del Consejo de Participación, no es solo un error técnico; es un intento desesperado por ocultar una negligencia legislativa que raya en la complicidad.
La pregunta de fondo es obligada: Si la integración de ese Consejo era vital para el seguimiento de los feminicidios en nuestro estado, ¿por qué la presidenta de la comisión esperó 18 meses para levantar la voz? ¿Dónde estuvo el trabajo de gestión, la presión parlamentaria o las convocatorias públicas durante este largo periodo de silencio institucional?
La realidad es que en Chiapas, el discurso de la «perspectiva de género» no puede ser solo un sello de oficina o un recurso retórico para justificar la posición en una curul. La violencia contra las mujeres en nuestro estado no espera a que los diputados resuelvan sus diferencias mediáticas ni a que se pongan de acuerdo sobre quién tiene la culpa de quién no hizo qué.
La frialdad de los números es contundente: mientras los feminicidios han mostrado picos de hasta un 200% de aumento en comparación con el año anterior, la Comisión presidida por Sahara Munira José Flores ha optado por un silencio legislativo que solo se rompe para eludir responsabilidades. 18 meses de inactividad no se explican con un Consejo de Participación sin integrar; se explican por una gestión que ha preferido la omisión frente a la urgencia que hoy viven las mujeres chiapanecas.
La diputada Munira enfrenta hoy una prueba de fuego: rendir cuentas sobre su nulo desempeño o quedar exhibida como una funcionaria que, teniendo en sus manos una de las comisiones más sensibles para la paz social en Chiapas, prefirió el conflicto personal sobre el deber legislativo.
La inoperancia legislativa tiene nombres y apellidos, y ante la crisis de seguridad que hoy sacude municipios como Mapastepec o Pantelhó, no hay espacio para excusas ni para el juego de las sillas musicales en el Congreso. La sociedad chiapaneca no necesita señalamientos, necesita resultados. Y hasta hoy, en la Comisión de Feminicidios, no hay absolutamente nada que informar.
La bancada de Morena: entre el discurso de unidad y la realidad de las fisuras
«Resulta evidente que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chiapas atraviesa una crisis de coherencia interna. Mientras en sus reuniones privadas y boletines oficiales se exige a gritos la ‘altura de miras’ y una unidad inquebrantable en torno a la agenda de la transformación, la realidad del pleno cuenta una historia distinta: la de un grupo legislativo fracturado por visiones contrapuestas y una incapacidad manifiesta para consensuar posturas en temas cruciales. Este llamado público a la disciplina no es más que un intento de contención ante una realidad innegable: la bancada está priorizando sus diferencias ideológicas y agendas personales por encima de la crisis de seguridad y gobernabilidad que agobia al estado. Al final, este juego de apariencias solo evidencia que el interés común se ha diluido en una serie de desencuentros que, lejos de fortalecer la institución, dejan a la ciudadanía en la orfandad parlamentaria.»