FILÍPICAS/PACO RAMÍREZ/ULTIMÁTUM
El problema no es que lleguen. El problema es que nadie lleva el control, nadie verifica, nadie actúa. Y cuando explote, será tarde.
Quiero decirlo con claridad antes de que alguien me acuse de lo que no soy: no tengo nada en contra de los migrantes. Son personas que huyen de dictaduras, de la miseria, de la violencia. Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras. Sus razones para estar aquí son legítimas y comprensibles. Lo que no es comprensible, ni aceptable, es la omisión absoluta de las autoridades ante una situación que ya está generando fricciones reales en las calles de Tuxtla Gutiérrez.
Tuxtla se convirtió en ciudad de tránsito y de estancia prolongada sin que nadie lo planeara, sin que el Ayuntamiento diseñara un solo protocolo, sin que el Instituto Nacional de Migración reforzara su presencia operativa. El resultado está a la vista: migrantes trabajando en plataformas como Didi, en tiendas de origen chino, en obras de construcción, en negocios y peluquerías, sin que nadie les haya exigido un solo documento migratorio. Basta escuchar el acento para saber que son extranjeros. No hace falta más investigación que esa.
La ley existe. Simplemente no se aplica.
El marco legal mexicano es preciso: para trabajar en territorio nacional, un extranjero requiere permiso del Instituto Nacional de Migración, registrado en su tarjeta de residencia. Sin ese documento, trabajar aquí es una violación a la Ley de Migración. Además, la Ley Federal del Trabajo obliga a los empleadores a que al menos el 90 por ciento de su plantilla sea mexicana, y para contratar a un extranjero, la empresa debe contar con una constancia de inscripción de empleador ante el propio INM.
La pregunta que nadie se hace en voz alta es la siguiente: ¿las tiendas que los contratan tienen esa constancia? ¿Las plataformas verifican el estatus migratorio de sus socios conductores? ¿El INM en Tuxtla ha levantado una sola acta a algún establecimiento por contratar mano de obra sin documentos? La respuesta, que todos conocemos pero nadie dice, es no.
LOS ABANDONARON EN TUXTLA Y VILLAHERMOSA.
Hay un dato que no puede perderse de vista: el INM, disolvió las caravanas migrantes de 2026 ofreciéndoles traslados a Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. Los trajeron. Los dejaron aquí. Sin plan de integración, sin supervisión, sin coordinación con el municipio. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados acumula miles de solicitudes sin resolver. Muchos llevan más de un año esperando una respuesta que no llega. En ese limbo, la única salida que encuentran es el trabajo informal, sea legal o no.
Eso no los justifica cuando hay connatos de violencia. Pero sí obliga al Estado a asumir su responsabilidad en el origen del problema.
Las motos, los negocios, las plataformas: el hueco que nadie cierra.
Circula en redes sociales material de video que documenta incidentes protagonizados por conductores de plataformas de movilidad en Tuxtla: golpes contra tuxtlecos, connatos de violencia contra vehículos, confrontaciones en vía pública. No son todos, claro que no. Pero los que actúan así lo hacen porque saben que no hay consecuencias. Porque no tienen nada que perder en términos migratorios. Porque nadie les pide papeles y nadie los va a deportar al día siguiente.
Las motos que usan se consiguen fácilmente: se rentan, se adquieren en pagos semanales en mercados informales, se prestan dentro de redes de connacionales. Didi y plataformas similares no contratan directamente: operan a través de «socios conductores» y solo exigen una identificación, que puede ser perfectamente un pasaporte extranjero. No hay ningún mecanismo que cruce ese registro con el INM. El hueco es enorme y nadie lo está cerrando.
Derechos humanos: el escudo que paraliza a las autoridades.
Hay una trampa en la que caen sistemáticamente las autoridades locales: el temor al señalamiento de organismos de derechos humanos las paraliza antes de actuar. Ese temor tiene una base real: cualquier operativo mal ejecutado, cualquier declaración imprudente, puede convertirse en un escándalo nacional. Ese miedo está siendo aprovechado, conscientemente o no, por quienes operan en la ilegalidad.
Pero hay que decirlo con igual claridad: los derechos humanos protegen a las personas, no la impunidad. Verificar que un trabajador tiene permiso para laborar en México no es xenofobia. Exigir a un empleador que cumpla la Ley Federal del Trabajo no es persecución. Aplicar la Ley de Migración que el Congreso aprobó no viola ningún tratado internacional. Lo que sí viola derechos es la ausencia de reglas claras y el desorden que esa ausencia genera para todos, incluyendo a los propios migrantes.
El riesgo que nadie quiere nombrar.
El escenario que se avecina, si las autoridades no actúan ahora, no es difícil de proyectar. Grupos de migrantes sin regularización, sin perspectivas laborales formales, sin integración social, concentrados en una ciudad sin capacidad institucional para atenderlos: eso es el caldo de cultivo perfecto para que redes criminales los recluten. Ya conocemos ese relato en otras regiones del país. Los carteles no discriminan por nacionalidad: reclutan por necesidad y por vulnerabilidad.
El riesgo no es que los migrantes sean criminales por definición. El riesgo es que la ausencia del Estado los empuje hacia quienes sí los están organizando, con otros fines. Si hoy no los controla el municipio, mañana los controlará alguien más. Y ese alguien no va a tener ningún interés en el orden público de Tuxtla.
Lo que debe hacer el Ayuntamiento. Ahora.
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez tiene atribuciones. Tiene la obligación. Y tiene la urgencia. No hace falta esperar a que el gobierno federal reaccione. Hay acciones concretas que pueden tomarse desde hoy:
Primero: coordinar con la delegación del INM en Chiapas un padrón de migrantes en situación de trabajo informal en el municipio. No para perseguirlos, sino para saber cuántos son, dónde están y en qué condición migratoria se encuentran.
Segundo: notificar formalmente a los establecimientos comerciales, plataformas de movilidad y empleadores del municipio su obligación legal de verificar el estatus migratorio de sus trabajadores extranjeros. El que no cumpla, que enfrente la ley.
Tercero: habilitar un mecanismo municipal de atención y canalización para migrantes que buscan regularizarse, en coordinación con la COMAR y organizaciones civiles. No como gesto humanitario sino como política de orden público.
Cuarto: establecer un registro municipal de incidentes con participación de migrantes en su carácter de conductores de plataforma, para documentar el fenómeno y actuar con evidencia, no con ocurrencias.
No se trata de expulsar a nadie. Se trata de gobernar. De ejercer la autoridad que la ciudadanía otorgó al municipio. Tuxtla no puede seguir siendo un territorio sin reglas claras donde cualquiera hace lo que quiere porque sabe que no habrá consecuencias.
El momento de actuar es ahora. Antes de que el problema sea más grande que la solución