La secretaria Anticorrupción resaltó que Chiapas fortalece la prevención de la corrupción mediante auditorías en tiempo real, mayor participación ciudadana y acciones para fomentar entre los jóvenes la cultura de la transparencia
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ
En la administración encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ningún integrante del gabinete tiene garantizada su permanencia en el cargo, ya que la continuidad de las y los funcionarios depende de su desempeño, integridad y apego a la legalidad, aseveró la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas, Ana Laura Romero Basurto.
Durante La Entrevista con Amet Samayoa Arce, director general del diario Ultimátum, la funcionaria sostuvo que desde el inicio de la actual administración el mandatario estatal dejó en claro que no privilegiaría amistades ni compromisos personales por encima del interés público, por lo que cualquier conducta contraria a la ley será investigada y, en su caso, sancionada.
Recordó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar estableció, desde el primer día de su gestión, que todos los integrantes del gabinete legal y ampliado estarían sujetos a una evaluación permanente basada en resultados y comportamiento ético.
Explicó que el mensaje claro fue que ningún servidor público tiene asegurado su espacio dentro de la administración estatal si incurre en actos de corrupción o falta a la confianza ciudadana.
En ese sentido, hizo un llamado a todas y todos los funcionarios a desempeñarse con honestidad y responsabilidad, ya que la permanencia en el servicio público dependerá tanto de la productividad como de la integridad con la que ejerzan sus funciones.
Romero Basurto destacó que el gobernador ha reiterado que su prioridad es Chiapas y que el bienestar del estado estará siempre por encima de cualquier relación de amistad o interés personal.
“Nos podemos equivocar, porque somos humanos, pero nunca con dolo y mala fe. Eso es lo que no se podría pasar por alto”, advirtió.
Añadió que Eduardo Ramírez ha insistido en que no llegó al gobierno para saquear al estado, sino para servir a la población chiapaneca, luego de años en los que la corrupción provocó importantes afectaciones a las instituciones y al presupuesto público.
Precisó que uno de los principales ejes de la administración estatal es fortalecer la seguridad y mantener un combate frontal contra la corrupción, motivo por el cual ya se han realizado cambios en distintas áreas gubernamentales y podrían concretarse más ajustes conforme avance la evaluación del desempeño de los servidores públicos.
Romero Basurto enfatizó que el gobernador no será cómplice de ninguna irregularidad y sostuvo que ejercer un cargo público implica una responsabilidad con la ciudadanía.
Asimismo, consideró indispensable que sociedad y gobierno trabajen conjuntamente para prevenir y combatir la corrupción de manera más rápida y eficiente.
TECNOLOGÍA FORTALECE AUDITORÍAS Y PREVENCIÓN
La titular de la SAyBG calificó a la corrupción como un cáncer que deteriora las instituciones y aclaró que las revisiones que realiza la dependencia no obedecen a intereses personales, sino al cumplimiento de las instrucciones del Ejecutivo estatal.
Explicó que diariamente se revisa información relacionada con la cuenta pública y que actualmente se emplean herramientas tecnológicas que permiten efectuar, en cuestión de horas, procesos que anteriormente requerían semanas de trabajo.
Indicó que la dependencia mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado cuando las investigaciones lo ameritan, aunque subrayó que la principal función de la Secretaría consiste en prevenir los actos de corrupción mediante mecanismos de control y vigilancia.
Precisó que cuando se inicia una investigación por posibles irregularidades existe la instrucción de colaborar con la Fiscalía, y mencionó que se han dado casos relacionados con los sectores de educación y salud, donde se han dado a conocer procedimientos públicos.
Romero Basurto reconoció que durante muchos años se normalizaron prácticas indebidas dentro del servicio público, lo que generó una cultura de tolerancia hacia conductas irregulares.
Sin embargo, señaló que desmontar esas estructuras requiere tiempo, ya que reconstruir las instituciones no puede lograrse en unos cuantos meses.
Como parte de la modernización de los procesos de vigilancia, explicó que actualmente las auditorías se realizan en tiempo real y no únicamente después de concluido el ejercicio fiscal.
Detalló que en materia de infraestructura ahora se le informa de inmediato la asignación de contratos y se georreferencian las obras para verificar físicamente su ejecución y evitar la existencia de proyectos inexistentes o conocidos como obras fantasmas.
Esta supervisión inmediata permite detectar irregularidades con mayor rapidez y, en caso de identificarse un gasto indebido, facilita la recuperación oportuna del daño económico ocasionado al erario.
La funcionaria agregó que también se han aplicado inhabilitaciones a exservidores públicos por diversas irregularidades administrativas.
DECLARACIONES PATRIMONIALES A TIEMPO
En cuanto al cumplimiento de las declaraciones patrimoniales, informó que este año se alcanzó un nivel de cumplimiento del 99.8 por ciento, cifra superior a la registrada anteriormente.
Recordó que el año pasado fueron separados de sus cargos 56 servidores públicos de distintos niveles por incumplir con esta obligación legal.
Aclaró, además, que muchas de las observaciones detectadas durante las auditorías no necesariamente implican desvío de recursos, sino deficiencias técnicas, integración incompleta de expedientes o errores administrativos que deben corregirse.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y RETOS LEGALES
Romero Basurto explicó que el combate a la corrupción también enfrenta limitaciones legales relacionadas con el manejo de recursos federales.
Indicó que el estado únicamente puede coadyuvar en las investigaciones cuando los recursos auditados son de origen federal, ya que las facultades sancionadoras corresponden a la Auditoría Superior de la Federación.
Comentó que existe la expectativa de firmar convenios de colaboración con los organismos fiscalizadores federales, para fortalecer la coordinación institucional de tal manera que, cuando se detecten posibles actos de corrupción, se dé vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Precisó que actualmente la Auditoría Superior de la Federación concentra las atribuciones sancionadoras respecto de los recursos federales, mientras que el gobierno estatal participa únicamente como instancia de apoyo.
Respecto a los municipios, señaló que la autonomía municipal también representa un límite para la actuación directa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Explicó que la dependencia puede intervenir para sancionar la conducta administrativa de servidores públicos estatales cuando corresponda, pero no tiene competencia sobre el origen de determinados recursos municipales.
No obstante, informó que la Auditoría Superior de la Federación mantiene procesos de revisión en 12 municipios chiapanecos y destacó que el gobernador ha solicitado ampliar la cobertura de las auditorías a las 124 localidades del estado.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE TRANSPARENCIA
La funcionaria subrayó que la participación de la ciudadanía resulta fundamental para fortalecer el combate a la corrupción.
Por ello, exhortó a las personas que detecten posibles irregularidades a documentarlas adecuadamente, ya que muchas investigaciones no prosperan por falta de pruebas suficientes o debido al respeto que debe observarse al debido proceso.
Explicó que las investigaciones suelen prolongarse durante varios meses y, en ocasiones, concluyen sin acreditar la existencia de un delito, aunque también destacó casos exitosos derivados de denuncias ciudadanas respaldadas con evidencia suficiente.
Añadió que, cuando existen elementos sólidos, se activa un protocolo de protección para las personas denunciantes con el propósito de garantizar su seguridad.
CORTOMETRAJE CON TALENTO CHIAPANECO
Anunció también la realización del Concurso Nacional Transparencia en Corto 2026, iniciativa que busca fomentar entre las nuevas generaciones los valores de la honestidad, la integridad y el cuidado de los recursos públicos.
Destacó que Chiapas ha obtenido el primer lugar nacional durante cuatro años consecutivos en este certamen y recordó que jóvenes del municipio de Zinacantán lograron uno de esos triunfos, mientras que el año pasado la entidad volvió a destacar en la competencia realizada en Mérida.
Indicó que el tema de la edición 2026 será “Desinformación y los riesgos de la inteligencia artificial”, con el propósito de sensibilizar a las juventudes sobre los riesgos que implica la creación y difusión de contenidos falsos mediante herramientas tecnológicas.
Romero Basurto hizo un llamado a fortalecer la creatividad y el pensamiento crítico de las nuevas generaciones, promoviendo hábitos de investigación y aprendizaje que complementen el uso responsable de la inteligencia artificial, en lugar de sustituir el esfuerzo académico y la capacidad de análisis de los estudiantes.