BALANZA LEGAL/RODOLFO L. CHANONA
En los últimos años, estudiar una carrera universitaria en México ha dejado de ser únicamente un proyecto académico para convertirse, en muchos casos, en un desafío económico para las familias. En Chiapas, una de las entidades con mayores índices de pobreza y desigualdad del país, el incremento constante de las colegiaturas en instituciones privadas de educación superior sin regulación concreta por las autoridades educativas; nos lleva a la interrogante, ¿sí la educación superior es un derecho o un privilegio?
Las universidades particulares cumplen una función relevante dentro del sistema educativo nacional. Han ampliado la cobertura, diversificado la oferta académica y generado espacios de formación profesional en regiones donde la capacidad pública resulta insuficiente. Sin embargo, resulta igualmente cierto que, durante los últimos ciclos escolares, numerosas instituciones en el Estado, han aplicado aumentos en sus colegiaturas por encima de la inflación general y de forma semestral, ya no anual, justificándolos en el incremento de costos operativos, tecnología, infraestructura y salarios; aún que en la realidad, a sus docentes no les incrementan los salarios al contrario se los han reducido.
No obstante, el problema surge cuando dichos incrementos, se presentan en un contexto donde el ingreso real de las familias chiapanecas permanece prácticamente estancado. Mientras la economía doméstica enfrenta mayores costos en alimentación, transporte, vivienda y servicios, también debe absorber un incremento constante en el costo de la educación. El resultado es predecible, estudiantes que interrumpen sus estudios, familias que recurren al endeudamiento y jóvenes que abandonan el proyecto profesional por razones estrictamente económicas.
Paradójicamente, este fenómeno está produciendo un efecto que merece atención desde la política pública, en donde podemos precenciar que, en los últimos años la demanda por la educación superior pública esta creciendo exponencialmente.
Las universidades públicas de Chiapas viven hoy un renovado interés social. Instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entre otras, reciben cada vez más aspirantes que buscan una educación de calidad con costos significativamente menores.
Pero no se trata únicamente del ahorro económico, las universidades públicas en Chiapas han elevado sus estándares académicos, fortaleciendo la investigación científica, los programas de posgrado, la vinculación internacional y la acreditación de sus programas educativos. Hoy ofrecen oportunidades competitivas que hace apenas dos décadas parecían exclusivas de instituciones privadas.
En este escenario, la educación pública vuelve a ocupar el lugar estratégico que le asigna el artículo 3º constitucional, de ser el principal instrumento de movilidad social y desarrollo nacional.
Sin embargo, este incremento de la demanda también plantea enormes desafíos para el Estado. Si más jóvenes optan por la educación pública, será indispensable aumentar presupuestos, ampliar infraestructura, contratar mayor número de profesores, modernizar laboratorios y fortalecer los sistemas de becas. De poco servirá que miles de estudiantes deseen ingresar a las universidades públicas si estas carecen de capacidad para recibirlos.
Encontrándonos ante una oportunidad histórica para Chiapas, toda vez que, mientras algunos ven en el aumento de las colegiaturas privadas como un problema coyuntural, el Estado puede convertirlo en un incentivo para consolidar un sistema público de educación superior mucho más robusto, competitivo e incluyente. Invertir en universidades públicas no constituye un gasto, sino una política de desarrollo regional de largo plazo.
Cada profesionista formado representa mayor productividad, mejores salarios, mayor innovación y una ciudadanía más preparada para enfrentar los retos del siglo XXI. La educación superior genera beneficios que trascienden al individuo, fortaleciendo las instituciones, mejorando la competitividad económica y contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad.
Sin que esto signifique descalificar a las universidades privadas; por el contrario, el sistema educativo necesita de ambos sectores. La competencia académica eleva la calidad, diversifica la oferta y genera alternativas para distintos perfiles de estudiantes.
Lo deseable sería que, las instituciones particulares encontraran mecanismos que permitan contener incrementos excesivos, ampliar programas de becas y mantener la accesibilidad sin comprometer su viabilidad financiera.
Porque al final, la mejor inversión que puede realizar una sociedad no se mide en edificios ni en infraestructura, sino en la capacidad de garantizar que ningún joven abandone el sueño de convertirse en profesionista simplemente porque el costo de aprender se volvió inalcanzable. En un estado como Chiapas, fortalecer la educación pública no sólo es una decisión presupuestaria, es una apuesta estratégica por la igualdad de oportunidades, la justicia social y el futuro colectivo.