IDENTIDAD POLÍTICA/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA
Por primera vez en 200 años: México inicia consulta para crear una Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
México nunca había tenido una ley indígena. A más de 200 años de existencia del Estado mexicano, la Presidenta Sheinbaum firmó este lunes la convocatoria para iniciar la consulta para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, Indígenas y Afromexicanos, cuya publicación quedó registrada este mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El proceso involucra a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, más de 16 mil comunidades y aproximadamente 8 millones de personas, que representan el 20.5% de la población nacional. La ley tiene su fundamento en la reforma al Artículo 2 Constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024.
El planteamiento se organiza en ocho libros y busca otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio a comunidades originarias y afrodescendientes, además de fijar reglas obligatorias de consentimiento libre, previo e informado.
Qué propone la ley
El objetivo central de la iniciativa es reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su autonomía y participar en la vida pública nacional.
La propuesta se estructura en ocho libros que abarcan:
Libre determinación y autonomía en niveles comunitario, municipal y regional.
Derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, incluyendo acceso a la tierra y vida libre de violencia.
Derechos del pueblo afromexicano con normas específicas contra el racismo.
Consulta y consentimiento libre, previo e informado como marco legal obligatorio.
Juicio de amparo indígena y afromexicano para proteger derechos colectivos, una innovación jurídica sin precedente en el país.
Cómo será el proceso de consulta
La consulta se desarrollará en cinco etapas entre julio y octubre de 2025: Publicación de convocatoria, hoy, 29 de junio.
Etapa informativa, del 1 de julio al 6 de agosto, con difusión en más de 16 mil comunidades.
Etapa deliberativa, del 7 de agosto al 13 de septiembre, con 82 asambleas regionales y 7 mesas de trabajo en ciudades como Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.
Estudio y adecuación, del 21 de septiembre al 11 de octubre, para incorporar propuestas al proyecto.
Presentación al Congreso, el 12 de octubre.
La iniciativa plantea que las comunidades sean sujetos de derecho público con patrimonio propio, lo que podría reordenar la relación con municipios y regiones, y someter a nuevas reglas la participación en la vida nacional.
El 12 de octubre como fecha simbólica
La presidenta Sheinbaum señaló que el objetivo es que la iniciativa sea entregada a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, fecha que “alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos“, para que inicie ahí su proceso de aprobación.
El proceso fue construido con la participación de 35 dependencias federales, 148 reuniones de trabajo y un comité técnico asesor integrado por 20 personas, mitad mujeres y mitad hombres, además del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como observadora y organismos internacionales como la ONU.
Ultimátum
Reconociendo que no soy abogado, señalo que en esta propuesta de Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En la práctica cotidiana en Chiapas o Oaxaca ocurren tensiones donde los usos y costumbres rebasan el marco legal general, pero esto no se debe a una falta de ley escrita, sino a un reto histórico de gobernabilidad, mediación y aplicación de la justicia por parte de las autoridades estatales y federales.
Ultimátum dos
Es una situación clásica en la política: a veces las estrategias de defensa o los elogios desmedidos terminan generando el efecto contrario al deseado. El fuego amigo o el exceso de entusiasmo por parte del círculo cercano del aun Secretario de Educación en Chiapas, suele traducirse en un costo político alto, especialmente cuando un funcionario se encuentra bajo el escrutinio público o en medio de una campaña de posicionamiento de imagen permanente en redes sociales. La frase «No me ayudes, compadre» ilustra perfectamente cómo los esfuerzos desmedidos por limpiar, promover o justificar a una figura pública terminan exponiendo aún más sus puntos débiles o acentuando las críticas de la opinión pública. El tacto político en este momento resulta ser de extrema urgencia. Por el momento, es cuánto.