IDENTIDAD POLÍTICA/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA
En muchos Estados del País, enfermarse no siempre es lo más grave. Lo verdaderamente indignante empieza cuando una persona acude a un hospital público y descubre que, además de enfrentar el dolor o la urgencia médica, debe resistir malos tratos, esperas interminables, falta de medicamentos, información insuficiente y una burocracia que muchas veces parece más interesada en contener la queja que en atender al paciente.
La escena se repite con demasiada frecuencia: familias que llegan con angustia, pacientes que esperan durante horas, usuarios que deben comprar por fuera lo que debería estar disponible dentro de la institución y trabajadores de la salud que también laboran bajo presión, carencias y abandono. El sistema no solo falla; desgasta, administra la escasez como si fuera normal.
La necesidad sufrida
Quien más paga esta crisis es el ciudadano común: la persona que no puede acudir a un hospital privado, que depende por completo del servicio público y que, aun teniendo derecho a una atención digna, termina tratada como una molestia. Esa es quizá una de las formas más crueles de desigualdad: tener derecho en el papel, pero no en la práctica.
El abandono también se observa fuera de los hospitales. En sus alrededores, la falta de orden y vigilancia permite que se acumulen problemas que agravan la experiencia de pacientes y familiares: comercio ambulante sin suficiente control sanitario, personas esperando durante horas sin información clara, cobros informales por estacionamiento y apropiación irregular de espacios públicos. Nada de esto es menor. Todo forma parte del mismo paisaje de descuido institucional.
Dentro de los hospitales, la imagen tampoco mejora. Resulta inadmisible que en espacios destinados a preservar la vida la higiene, la iluminación, el mantenimiento y la seguridad parezcan asuntos secundarios. Pasillos oscuros, edificios descuidados y áreas comunes indignas no son simples detalles de infraestructura: son señales visibles de un sistema que ha dejado de colocar al paciente en el centro.
A esa precariedad material se suma, en demasiados casos, un trato institucional deshumanizado. Hay personal que confunde autoridad con prepotencia y procedimientos que parecen diseñados para cansar a quien reclama. Ningún reglamento interno, ningún control de acceso y ningún trámite administrativo pueden estar por encima de la dignidad de una persona enferma o de una familia que busca respuestas.
Vicios del Sector
Cuando faltan medicamentos básicos, cuando se desperdician insumos por negligencia, cuando el personal médico trabaja sin condiciones dignas y cuando los pacientes deben comprar materiales que deberían recibir gratuitamente, no estamos ante simples fallas operativas. Estamos ante un fracaso institucional que traslada el costo de la ineficiencia pública a quienes menos tienen.
Se ha dicho que existen plataformas de vigilancia y rendición de cuentas, como Jaguar Evalúa. Bienvenidas sean las herramientas de denuncia, pero hay que decirlo con claridad: una plataforma no cura pacientes, no abastece farmacias, no repara hospitales y no sanciona por sí sola a quienes desvían recursos o incumplen sus responsabilidades. Si las quejas no terminan en investigaciones reales, sanciones públicas y correcciones verificables, la transparencia se convierte en escenografía.
Denunciar no basta. Hace falta castigar, corregir y prevenir. Una queja que no produce consecuencias termina siendo otro trámite dentro de la misma burocracia que la ciudadanía ya padece.
Zonas rurales
La desigualdad territorial agrava todavía más el panorama. Mientras las zonas urbanas concentran hospitales de referencia, personal especializado y equipo médico (aunque también con carencias) muchas comunidades rurales e indígenas dependen de unidades abandonadas, con infraestructura limitada, pocos medicamentos y personal insuficiente. En los hechos, vivir lejos de un centro urbano puede significar recibir atención tarde, incompleta o no recibirla nunca.
Así, enfermedades que podrían prevenirse o atenderse a tiempo terminan convertidas en tragedias evitables. Y eso no puede seguir justificándose. La salud pública no se defiende en conferencias de prensa, sino en farmacias abastecidas, hospitales funcionales, trabajadores respetados y pacientes atendidos con humanidad.
Recuperar la confianza exige resultados concretos: compras públicas transparentes, inventarios vigilados, distribución eficiente de medicamentos, mantenimiento permanente de la infraestructura y canales ciudadanos que sirvan para corregir fallas, no solo para archivarlas. También exige respetar los derechos laborales del personal médico y administrativo, porque ningún sistema puede cuidar bien a la población si descuida a quienes sostienen el servicio todos los días.
La incomodidad de las preguntas
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿cuántas quejas más se necesitan para que el sistema deje de administrar la crisis y empiece a resolverla? ¿Cuántos pacientes deben comprar sus propios insumos? ¿Cuántas familias deben esperar sin información? ¿Cuántas comunidades deben seguir enfermando por abandono?
Ultimátum El derecho a la salud no se mide por lo que dicen los documentos oficiales, sino por lo que ocurre cuando una persona enferma cruza la puerta de un hospital público. Si ahí encuentra abandono, maltrato, desabasto y silencio, entonces el derecho existe solo como promesa. Y una promesa que no se cumple, en materia de salud, no es solo una deuda política: es una forma de injusticia. Por el momento, es cuánto.