Paco Rojas Toledo y Arely Latournerie Castellanos, regidores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, llamaron a la ciudadanía a reflexionar en las próximas elecciones y evitar respaldar a candidatos sin arraigo en la capital chiapaneca
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ. La principal lección que debe dejar la actual administración municipal es que los ciudadanos no vuelvan a cometer el mismo error al momento de elegir a sus gobernantes, advirtieron los regidores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo y Arely Latournerie Castellanos.
Durante La Entrevista con Amet Samayoa Arce, director general del diario Ultimátum, ambos representantes populares señalaron que la experiencia vivida con el gobierno encabezado por Ángel Torres Culebro debe servir para que el electorado analice con mayor profundidad el perfil, la trayectoria, el origen y la capacidad de quienes aspiren a dirigir la capital chiapaneca.
Sostuvieron que los tuxtlecos votaron por quien hoy ocupa la presidencia municipal y ahora toda la población está pagando las consecuencias de una decisión que, a su juicio, no fue suficientemente razonada.
Explicaron que antes de emitir el voto es indispensable revisar quién es el candidato, de dónde proviene, cuál ha sido su desempeño en cargos anteriores, qué resultados ha entregado y cuáles son las propuestas que ofrece para resolver los problemas de la ciudad.
Los regidores insistieron en que la ciudadanía tiene la responsabilidad de definir el rumbo del próximo gobierno municipal y por ello exhortaron a mantenerse atentos durante el próximo proceso electoral.
Consideraron que los candidatos deben acreditar calidad moral, experiencia administrativa y resultados comprobables.
También enviaron un mensaje respecto a que, si durante las campañas alguien entrega una “paguita”, la ciudadanía puede aceptarlos, pero debe ejercer su derecho de manera libre y consciente.
Hicieron énfasis en que el análisis del perfil de los aspirantes debe ser una prioridad para evitar que los errores del pasado vuelvan a repetirse.
DESORDEN ADMINISTRATIVO Y PRESUNTA CORRUPCIÓN
Paco Rojas Toledo y Arely Latournerie aseguraron que desde el interior del Ayuntamiento han observado un panorama preocupante caracterizado por el desorden administrativo y lo que calificaron como una percepción de «terrible corrupción».
Manifestaron que la administración municipal atraviesa por una situación delicada y sostuvieron que las decisiones tomadas desde la presidencia municipal han provocado un deterioro en el funcionamiento del gobierno local.
Explicaron que diversos integrantes del Cabildo han comenzado a compartir esa preocupación y poco a poco se han sumado a votar junto con ellos en contra de algunas propuestas impulsadas por la administración de Ángel Torres.
Precisaron que esta coincidencia no responde a colores partidistas, sino al compromiso de ejercer con responsabilidad la función de regidores y evitar la aprobación automática de decisiones que consideran perjudiciales para Tuxtla Gutiérrez.
Añadieron que incluso algunos integrantes de la planilla con la que llegó Ángel Torres al gobierno municipal han expresado inconformidad por el mal trato recibido y por la manera en que se toman las decisiones al interior del Ayuntamiento.
Si los recursos públicos fueran administrados de manera eficiente, los habitantes tendrían acceso a mejores servicios básicos, incluyendo agua potable, alumbrado público, recolección de basura y mantenimiento de calles, precisaron.
Denunciaron un incremento del comercio ambulante y señalaron que existen versiones sobre la expedición de presuntos recibos apócrifos por parte del Ayuntamiento para el cobro a vendedores informales.
De confirmarse esa situación, agregaron, implicaría una millonaria recaudación diaria de recursos cuya aplicación debería esclarecerse.
ABANDONO DE SERVICIOS Y CONTRATOS CUESTIONADOS
Explicaron que la recolección de basura se ha convertido en uno de los temas más preocupantes para la ciudadanía y recordaron que el costo del servicio pasó de aproximadamente 14 millones a 24 millones de pesos mensuales.
Según expusieron, desde la administración anterior ya existía conocimiento de que el contrato con Veolia concluiría durante 2026, por lo que había tiempo suficiente para preparar una nueva licitación.
Sin embargo, aseguraron que se dejó transcurrir el tiempo hasta colocar al Cabildo en una situación de urgencia, para aprobar una contratación relacionada con un estudio para el servicio de limpia, cuyo monto supera los 598 millones de pesos.
Consideraron que la falta de planeación obligó a tomar decisiones bajo presión para evitar que la ciudad quedara sin recolección de basura.
También señalaron que el funcionario responsable del área de Servicios Municipales debió asumir responsabilidades por no iniciar oportunamente el procedimiento correspondiente y renunciar al cargo.
Recordaron además que anteriormente existieron investigaciones relacionadas con la empresa La Oriental y cuestionaron que nuevamente fuera contratada pese a las observaciones que había recibido.
Respecto a Veolia, explicaron que posteriormente cambió su razón social a B Ambiental, aunque sostuvieron que mantiene a los mismos socios.
En su opinión, resulta cuestionable que una empresa señalada por brindar un servicio deficiente continúe participando en la prestación del servicio público.
Advirtieron que existe preocupación porque pudiera formalizarse un contrato a 20 años con esa empresa, mientras continúan las quejas ciudadanas por la acumulación de basura y la falta de limpieza de los contenedores, situación que representa un riesgo para la salud pública.
USO POLÍTICO DE PROGRAMAS Y APOYOS
Los integrantes del Cabildo también expresaron preocupaciones sobre la distribución de apoyos sociales desde distintas áreas del Ayuntamiento.
Señalaron que actualmente algunos beneficios son entregados mediante el Sistema DIF Municipal, sin que los regidores tengan acceso a los padrones de beneficiarios ni a la información correspondiente.
Precisaron que no están en contra de la entrega de ayuda a la población, pero consideran indispensable que exista transparencia en los procedimientos administrativos y en los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.
En ese sentido, afirmaron que la ausencia de información puede generar dudas respecto al uso de recursos públicos con posibles fines político-electorales.
También se detectó la entrega de bombas aspersoras en determinadas zonas del municipio, donde, según dijeron, actualmente ya no predominan actividades agrícolas.
Respecto al servicio de agua potable, informaron que trabajadores del organismo operador les han manifestado inconformidades relacionadas con sus condiciones laborales y prestaciones.
Indicaron que existe el compromiso de realizar cambios en la dirección del organismo, aunque hasta el momento siguen esperando una respuesta.
También recordaron que anteriormente se anunció un programa de descuentos para usuarios del servicio de agua potable, promesa que todavía no ha sido cumplida.
En materia de alumbrado público insistieron en que la obligación principal del Ayuntamiento consiste en garantizar servicios básicos eficientes para la población, algo que, a su juicio, actualmente no está ocurriendo.
VIGILANCIA CIUDADANA
Paco Rojas Toledo y Arely Latornerie insistieron en que el momento político que vive Tuxtla Gutiérrez obliga a fortalecer la participación ciudadana y la vigilancia sobre el desempeño de los gobiernos.
Los regidores afirmaron que han presentado diversas denuncias ante las autoridades competentes y órganos fiscalizadores por presuntas irregularidades detectadas durante la actual administración.
Sin embargo, los procedimientos avanzan lentamente, pese a que han aportado la documentación y los elementos probatorios con los que cuentan.
«Se ha hecho lo que se ha podido», expresaron al referirse al seguimiento de esos expedientes.
ESCENARIO COMPLEJO
En cuanto a sus propios proyectos políticos, Francisco Rojas comentó que aún no ha tomado una decisión sobre una eventual candidatura, debido a que considera complejo el escenario político y electoral en Chiapas.
Por su parte, Arely Latournerie manifestó que su prioridad sigue siendo cumplir con la responsabilidad para la que fue electa como regidora.
Subrayó que la función del Cabildo no consiste únicamente en levantar la mano y aprobar las propuestas del presidente municipal, sino en defender los intereses de la ciudadanía.
Ambos coincidieron en que la principal enseñanza que debe dejar la actual administración es la importancia de elegir con responsabilidad en próximos comicios.