Rosa Irene Urbina integra la Comisión de Vigilancia de la ASF, mientras el órgano fiscalizador mantiene observaciones por 7.2 millones de pesos a su gestión como alcaldesa de Tapachula. Además, su hijo ocupa un cargo directivo en la institución
Cuando la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en la vara con la que se mide a las instituciones, la ciudadanía tiene derecho a exigir no solo el cumplimiento formal de la ley sino también la ausencia de cualquier circunstancia que comprometa la confianza en quienes ejercen el poder de fiscalizar. En el caso de la diputada federal Rosa Irene Urbina Castañeda, esa exigencia se vuelve urgente por la confluencia de tres hechos que, tomados en conjunto, plantean una pregunta que hasta ahora no ha recibido respuesta pública.
El primero: Urbina Castañeda es actualmente integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados, órgano legislativo responsable de supervisar el desempeño del máximo ente fiscalizador del país. La Comisión está integrada por 39 diputados, de los cuales 20 pertenecen a Morena, entre ellos la propia Urbina Castañeda junto a los diputados Joaquín Zebadúa Alva y Karen Calcáneo Constantino.
El segundo: la misma Auditoría Superior de la Federación que Urbina Castañeda tiene bajo su supervisión legislativa mantiene observaciones formales contra el Ayuntamiento de Tapachula derivadas de la Cuenta Pública 2023, correspondiente al último año de su administración como presidenta municipal. En la Auditoría número 630/2023, titulada “Participaciones Federales a Municipios” y calificada como Auditoría de Cumplimiento en modalidad presencial, la ASF emitió un pliego de observaciones por 7 millones 223 mil 312 pesos al advertir un probable daño a la Hacienda Pública Federal. Los documentos consultados corresponden al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, publicado por la Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado.
Entre los principales hallazgos de esa auditoría, la ASF determinó que el Ayuntamiento de Tapachula no acreditó que las luminarias adquiridas cumplieran con las especificaciones establecidas en los contratos correspondientes, pese a que el pago con recursos públicos ya se había efectuado. Los contratos observados incluyen entre otros el MTC/SOPM/PIM/CO/0001/2023, el MTC/SOPM/PIM/CO/0004/2023, el MTC/SOPM/PIM/CO/0009/2023 y el MTC/SOPM/PIM/CO/0010/2023, entre otros, con un total de 535 fojas certificadas y 220 megabytes de documentación entregada al órgano fiscalizador. El volumen de la evidencia aportada por el Ayuntamiento al órgano interno de control municipal ilustra la magnitud del proceso de fiscalización en curso.
Además de las observaciones sobre las luminarias, la ASF identificó un posible conflicto de interés en la adjudicación del contrato para la remodelación del Parque Central Miguel Hidalgo, al advertir un parentesco entre un contratista beneficiado con la obra y un servidor público del Ayuntamiento municipal. Esa situación derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa, un mecanismo formal mediante el cual la ASF turna a las autoridades competentes los casos en que detecta irregularidades con probable impacto en la hacienda pública o en la legalidad de los actos administrativos.
El tercer elemento: Javier Eduardo Rubiera Urbina, hijo de la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, ocupa actualmente el cargo de Director de Dictaminación C.2 dentro de la Auditoría Superior de la Federación, adscrito a la Dirección General de Dictaminación C, con fecha de alta en el cargo del 16 de junio de 2026, edificio Picacho Ajusco y correo electrónico oficial jerubiera@asf.gob.mx. Su nombre aparece en el directorio oficial de la ASF bajo la búsqueda “Rubiera Urbina”, donde figura con el puesto de Director de Área en el área AEDI-DGDC. Este hecho, por sí mismo y de forma aislada, no implica responsabilidad legal alguna. La ASF es una institución con procesos de contratación y profesionalización propios, y la presencia de un funcionario con ese apellido en un cargo directivo no constituye por sí sola una irregularidad jurídicamente demostrable.
Sin embargo, la suma de los tres elementos, la diputada en la Comisión de Vigilancia de la ASF, las observaciones millonarias de la ASF contra su gestión municipal, y un familiar directo con cargo directivo dentro del propio órgano fiscalizador, configura una situación que demanda una explicación pública clara, oportuna y suficiente para despejar cualquier duda razonable sobre la independencia e imparcialidad de los procesos de fiscalización involucrados.
La pregunta que la ciudadanía de Tapachula tiene derecho a formular es concreta: ¿cómo garantizar la plena confianza en la imparcialidad de los procesos de fiscalización cuando una exalcaldesa con observaciones derivadas de la Cuenta Pública 2023 forma parte de la Comisión encargada de vigilar políticamente a la institución que fiscaliza esos mismos recursos? La transparencia no consiste únicamente en rendir cuentas después de que se detectan irregularidades. Consiste también, y principalmente, en evitar cualquier circunstancia que pueda generar dudas fundadas sobre la objetividad de quienes ejercen o supervisan el poder de fiscalizar.
Los tapachultecos que vieron cómo sus recursos públicos fueron observados por la ASF merecen respuestas, no silencios. Y las instituciones que custodian la legalidad del gasto público merecen ser defendidas de cualquier sombra que pueda comprometer su credibilidad, independientemente de quién la proyecte.
El perfil político de Urbina Castañeda no surge del vacío. Su carrera como presidenta municipal de Tapachula se desarrolló bajo el cobijo del gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas, cuya administración (2018-2024) fue señalada reiteradamente por opacidad en el ejercicio del gasto público, debilitamiento institucional y una gestión que dejó al estado en una situación financiera y de seguridad deteriorada. En ese contexto, Tapachula fue uno de los municipios en los que las redes políticas del escandismo encontraron terreno fértil, y Urbina Castañeda navegó dentro de esa estructura hasta proyectarse hacia la Cámara de Diputados.
Su llegada al Congreso federal la inscribe en una coordenada política específica dentro de Morena: el grupo ligado a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y aspirante a la presidencia de México en el proceso de 2024. Durante la contienda por la gubernatura de Chiapas de ese mismo año, Urbina Castañeda no respaldó a quien finalmente resultaría ganador, Eduardo Ramírez Aguilar, sino que se alineó con otro grupo político dentro del partido.
