SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Hay quienes todavía creen que matar a un perro, golpear a un gato, envenenar a un animal o someter a cualquier ser vivo a actos de crueldad es apenas una anécdota. Algo que puede indignar durante unas horas en redes sociales y después desaparecer entre las noticias del día.
Hasta que vuelve a ocurrir.
Y vuelve a ocurrir porque todavía no hemos entendido algo fundamental: la violencia contra los animales no es un asunto menor, ni una travesura, ni un problema que deba resolverse únicamente con la indignación de los ciudadanos. Es un delito.
El caso de “Cuetes”, un perro comunitario profundamente querido en Yajalón, volvió a poner el tema sobre la mesa.
El pasado 21 de julio, el cuerpo sin vida del animal quedó tendido en un espacio público. No era un perro anónimo para quienes lo conocían. Era parte de la comunidad. Un animal que, como tantos otros en Chiapas, sobrevivía gracias al cariño y la solidaridad de los vecinos.
La Fiscalía General del Estado informó posteriormente la detención de Eduardo Sebastián “N”, señalado como presunto responsable de haber arrollado al canino mientras conducía en estado de ebriedad un Volkswagen sedán rojo.
La necropsia practicada por médicos veterinarios forenses determinó que “Cuetes” sufrió un trauma craneal y una fractura vertebral que le provocaron la muerte instantánea.
La historia, sin embargo, no terminó ahí.
La indignación ciudadana hizo lo que tantas veces ocurre en Chiapas: empujó a las instituciones.
Las redes sociales se llenaron de reclamos. La comunidad exigió justicia. La denuncia alcanzó la dimensión suficiente para que el aparato institucional reaccionara con rapidez.
Y eso, aunque debe reconocerse, también nos obliga a formular una pregunta incómoda:
¿La justicia sólo funciona cuando un caso se vuelve viral?
Porque si la respuesta es sí, entonces tenemos un problema mucho más grave que el maltrato animal.
La Fiscalía tiene capacidad para investigar. Tiene médicos veterinarios forenses. Tiene agentes. Tiene ministerios públicos. Tiene herramientas legales para perseguir este tipo de delitos.
El caso de “Cuetes” lo demuestra.
El presunto responsable enfrenta acusaciones por maltrato animal y por ataques a las vías de comunicación, debido al estado de ebriedad en que habría conducido. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión.
Cinco años.
Hay quienes seguramente dirán que es demasiado por la muerte de un perro.
Y ahí está precisamente el problema.
Quienes piensan que cinco años son demasiados por matar a un animal son, en muchas ocasiones, los mismos que no entienden que la crueldad no comienza necesariamente contra las personas.
Comienza cuando alguien descubre que puede golpear a un ser indefenso y no pasa nada.
Comienza cuando alguien abandona a un animal y la sociedad lo considera normal.
Comienza cuando alguien envenena perros callejeros y los vecinos simplemente retiran los cuerpos.
Comienza cuando alguien organiza peleas de perros y todavía hay personas que acuden a mirar.
Comienza cuando alguien utiliza la violencia contra un animal como entretenimiento.
Y continúa cuando las autoridades no investigan.
La violencia siempre deja una huella en la sociedad.
No significa que toda persona que maltrata a un animal necesariamente cometerá un delito contra un ser humano. Pero sí significa que una comunidad que normaliza la crueldad se vuelve más tolerante frente a ella.
Por eso la protección animal no debe verse como una moda de grupos defensores de los animales.
Es un asunto de legalidad.
Es un asunto de educación.
Es un asunto de salud pública.
Y también es un asunto de humanidad.
