COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Hay algo profundamente incómodo en la política: la facilidad con la que algunos principios cambian de acuerdo con la circunstancia.
Ayer se defendía una causa. Hoy, la contraria. Ayer se hablaba de derechos. Hoy se marcha contra ellos. Ayer se exigía sensibilidad institucional. Hoy se guarda silencio cuando la realidad obliga a demostrar si aquellas convicciones eran auténticas o simplemente parte del discurso de una administración.
Y aquí hay dos casos distintos que conviene no mezclar, aunque ambos convergen en un mismo escenario: una marcha que reivindica el modelo de la llamada “familia tradicional”, utiliza consignas como “Con nuestros hijos no” y se pronuncia contra la diversidad sexual y el derecho de las mujeres a decidir.
A esa movilización convocaron, entre otras, dos mujeres que hoy ocupan —o han ocupado— espacios de responsabilidad pública y que, por distintas razones, están obligadas a responder por la congruencia entre lo que dicen defender y lo que hacen cuando la realidad les coloca una prueba enfrente.
El primer caso es el de Gloria Leticia Daruich González.
Durante su paso por la Secretaría de Igualdad de Género, Lety Daruich sostuvo un discurso público de respaldo a los derechos humanos, a la población LGBT+ y a los derechos de las mujeres. Desde esa posición impulsó acciones institucionales relacionadas con la diversidad sexual, entre ellas el Observatorio Ciudadano de los Derechos de la Población LGBT+, y se pronunció a favor del derecho de las mujeres a decidir.
No era una ciudadana cualquiera expresando una opinión personal. Era una funcionaria pública encargada, precisamente, de promover políticas de igualdad.
Por eso resulta legítimo preguntar qué ocurrió en el camino.
Porque ahora aparece en una movilización que se opone a las causas que anteriormente respaldaba. Y no sólo eso: lo hace utilizando una consigna que históricamente ha sido asociada con el fascismo europeo: “Dios, patria y familia”.
¿Puede una persona cambiar de opinión? Por supuesto. Las convicciones evolucionan. Las posiciones políticas se transforman. Nadie está obligado a pensar lo mismo durante toda su vida.
Pero cuando una persona pasa de encabezar una institución dedicada a la igualdad de género y defender públicamente derechos de la diversidad y de las mujeres, a participar en una movilización que confronta esas mismas agendas, la sociedad tiene derecho a preguntar si estamos ante una transformación ideológica genuina o ante una adaptación política a nuevas circunstancias.
El segundo caso es distinto y, por eso mismo, no debe confundirse.
Es el de la diputada María Isabel, quien también convocó y participó en esta movilización en defensa de la llamada familia tradicional y ha construido parte de su discurso público alrededor de la protección de las niñas, los niños y los adolescentes.
Y precisamente por eso su silencio resulta difícil de entender.
Mientras diversas diputadas locales fijaron postura pública sobre los presuntos hechos de violencia física y sexual cometidos contra un menor de edad en Sabanilla, María Isabel —que se presenta como defensora de la niñez y que ha encabezado discursos sobre la protección de la familia— permaneció sin pronunciarse públicamente sobre el caso.
No se le está pidiendo que prejuzgue. No se le está pidiendo que sustituya a la Fiscalía. No se le está pidiendo que condene a alguien sin una investigación.
Se le está pidiendo algo mucho más sencillo: que diga que la violencia contra un menor debe investigarse, que la víctima debe ser protegida y que, si se acredita un delito, el responsable debe enfrentar la justicia.
Eso es todo.
Porque defender a la familia no puede reducirse a marchar contra la diversidad sexual, contra los derechos reproductivos o contra una determinada visión de la sociedad. La defensa de la familia también implica proteger a sus integrantes más vulnerables. Y si una niña, un niño o un adolescente es víctima de violencia, ahí es donde los discursos deben convertirse en posiciones concretas.
La niñez no necesita únicamente fotografías en marchas, consignas, banderas o discursos sobre valores. Necesita instituciones que actúen. Necesita legisladores que se pronuncien. Necesita representantes populares que no calculen políticamente cuándo conviene hablar y cuándo es mejor guardar silencio.
Porque la defensa de la infancia no puede ser selectiva.
No puede aparecer cuando sirve para combatir los derechos de otros grupos y desaparecer cuando un caso concreto exige asumir una posición clara.
Y aquí está el punto que quizá incomoda: ambas mujeres convocaron a la misma marcha, pero los cuestionamientos hacia cada una son diferentes.
A Lety Daruich se le pregunta por la contradicción entre su pasado como funcionaria promotora de derechos de la diversidad y de las mujeres, y su actual participación en una movilización que confronta esas causas.
A María Isabel se le pregunta por la distancia entre su discurso de defensa de la familia y la niñez, y su silencio frente a un caso de presunta violencia contra un menor ocurrido en Sabanilla.
No son el mismo señalamiento.
Una cosa es cambiar de posición política y tener que explicar por qué. Otra, muy distinta, es defender públicamente a la infancia y no pronunciarse cuando un niño presuntamente ha sido víctima de violencia.
En política, la congruencia no consiste en repetir las mismas palabras para siempre. Consiste en que los principios no desaparezcan cuando dejan de ser convenientes.
Y si de verdad se quiere hablar de familia, entonces habría que empezar por defender a todas las familias; si se quiere hablar de niñez, habría que hacerlo especialmente cuando un niño necesita que alguien levante la voz; y si se quiere hablar de derechos, habría que entender que los derechos humanos no funcionan como un menú del que cada quien escoge únicamente los que le resultan políticamente rentables.
Porque la familia no se defiende únicamente en una marcha.
La niñez no se protege únicamente con discursos.
Y los derechos humanos no pueden ser una convicción de temporada.
Así las cosas.
