AUSTRAL/RICARDO DEL MURO
Ocho ciudades estadounidenses, desde San Diego, California, hasta Brownsville, Texas, y sus vecinas mexicanas, de Tijuana a Matamoros, enfretan un escenario de creciente incertidumbre ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump reactive una política de aranceles generalizados contra México, debilite el T- MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá) y altere una de las regiones económicas más integradas del mundo.
La semana pasada, un reportaje de Ana Swanson, corresponsal de The New York Times, advirtió que Laredo, Texas, por donde cruza alrededor del 40 por ciento del comercio terrestre entre ambos países, podría perder el dinamismo que la convirtió en el principal puerto de entrada a Estados Unidos si prosperan nuevas barreras comerciales.
“Al ser una ciudad fronteriza a orillas del río Bravo – explicó la periodista -, Laredo conecta directamente las fábricas que rodean Monterrey, México, a unos 240 kilómetrps de distancia, con la autopista interestatal 35, una arteria central en Estados Unidos, y otras carreteras que transportan productos mexicanos por todo el país.
“Sin embargo, el futuro de ese comercio ahora está en duda, mientras Trump exige cambios al acuerdo comercial de América del Norte que ha entrelazado las economías de México, Canadá y Estados Unidos durante más de tres décadas”, destacó el NYT en su portada.
El riesgo alcanza una región compartida que se extiende a lo largo de 3 mil 145 kilómetros de frontera, integrada por 16 ciudades estratégicas donde habitan más de 26 millones de personas. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la integración económica bilateral ha registrado un crecimiento sin precedentes.
De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, el intercambio comercial pasó de 173 mil millones de dólares en 1994 a un récord histórico de 872 mil 834 millones de dólares al cierre de 2025, casi cinco veces más en poco más de tres décadas.
Si Washington endurece su política comercial, el impacto se extendería a toda la frontera: San Diego resentiría la desaceleración manufacturera de Tijuana; Calexico, la de Mexicali; Nogales, la reducción del comercio agrícola e industrial con Sonora; El Paso, el freno a la industria maquiladora de Ciudad Juárez; Eagle Pass, el menor intercambio con Piedras Negras; Laredo, la disminución del flujo logístico procedente de Nuevo Laredo; McAllen, la contracción de las maquiladoras de Reynosa; y Brownsville, la caída de la actividad económica vinculada con Matamoros.
Aunque el debate se centra hoy en los aranceles, esta frontera tiene una dimensión estratégica y ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Tras la devaluación de 1982, la región enfrentó una profunda reconfiguración económica que afectó al comercio, la industria maquiladora y los flujos migratorios.
En aquellos años, como reportero del diario Unomásuno, dirigido por Manuel Becerra Acosta, se me encomendó realizar un recorrido por las principales ciudades de la frontera norte para elaborar un amplio reportaje, publicado en 20 entregas entre el 18 de julio y el 6 de agosto de 1984. El trabajo documentó cómo la devualuación del peso mexicano afectó al comercio fronterizo estadounidense; a las maquiladoras de Matamoros, Reynosa y Piedras Negras; además de reflejarse en el tráfico ilegal de personas y el contrabando hormiga en Nogales y Tijuana, y cómo agudizó la disputa violenta por el narcotráfico en Tamaulipas.
Más recientemente, la pandemia de COVID-19, entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, confirmó el grado de interación alcanzado por la región. Aunque los cruces no esenciales permancieron cerrados, el transporte de mercancías continuó operando, demostrando que la frontera no es sólo geográfica, sino un ecosistema económico compartido, donde cualquier crisis política, económica o sanitaria repercute por igual en comunidades, empresas y trabajadores de ambos países.
La historia explica por qué esta frontera adquirió una dimensión estratégica. Tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, y la Compra de La Mesilla en 1853, quedó definida una línea de más de 3 mil 150 kilómetros que durante décadas fue vista como un límite territorial que pronto adquirió una importancia geopolítica.
Entre 1861 y 1865, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, Matamoros, Tamaulipas, se convirtió en el principal centro aduanal y comercial de la frontera mexicana para la exportación del algodón de la Confederación. Los embarques partían del cercano puerto de Bagdad, en la desembocadura del río Bravo, rumbo a Liverpool y otros puertos europeos, mientras por esa misma vía ingresaban armas, municiones y suministros que burlaban el bloqueo naval por la Unión.
Tras la derrota confedrada, el 9 de abril de 1865, el presidente Benito Juárez estableció el 21 de mayo el gobierno de la República en Paso del Norte (hoy Ciudad Juarez), donde permaneció hasta el 10 de diciembre. La cercanía con Estados Unidos facilitó el respaldo diplomático y militar de Washington, mientras el control de la aduana aseguró una de las principales fuentes de ingresos del gobierno republicano y mantuvo abiertas las rutas de abastecimiento frente al Imperio de Maximiliano.
Décadas después, la Ley Seca en Estados Unidos (1920 – 1933), provocó una nueva etapa de transformación fronteriza. En 1921 se instaló en Ciudad Juárez la D.M. Distillery Company, donde se elaboraba el célebre Juárez Whiskey Straight American; y en 1928, se inauguró en Tijuana el Casino y Hotel Agua Caliente, dos proyectos emblemáticos del auge fronterizo provocado por la prohibición del alcohol en Estados Unidos.
Una tercera transformación comenzó con el Programa de Industrialización Fronteriza de 1965 y se consolidó con el TLCAN en 1994 y el T-MEC en 2020, convirtiéndola en una de las regiones más integradas económicamente del mundo. Ese dinamismo persiste: en mayo de 2026 el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 87 mil 231 millones de dólares, pero con un déficit para Estados Unidos de casi 21 mil millones. Un desequilibrio que utiliza el gobierno de Trump como argumento para endurecer las reglas del T-MEC y justificar nuevos aranceles en sectores estratégicos.
