COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
En el deporte de alto rendimiento hay decisiones administrativas que pueden corregirse con un oficio. Hay otras que terminan costando años de preparación, carreras deportivas y el prestigio de una institución. El caso que hoy enfrenta el Instituto del Deporte de Chiapas parece pertenecer al segundo grupo.
Resulta difícil entender cómo una administración que presume impulsar el deporte decide desprenderse, de un día para otro, de un entrenador que, de acuerdo con sus propios atletas, ha construido durante diez años una generación de medallistas nacionales.
No fue un político quien salió a defenderlo.
No fue un dirigente sindical.
No fue un funcionario.
Fue una atleta.
Y eso cambia completamente la dimensión del problema.
Celeste Michelle Marina Méndez no es cualquier deportista. Es bicampeona nacional, seleccionada nacional y preseleccionada para los Juegos Panamericanos Junior. Su testimonio no habla desde la especulación, sino desde siete años de trabajo diario junto al entrenador cubano Manuel López Romero.
Lo que dijo frente a los medios debería encender todas las alarmas.
Aseguró que el despido fue consecuencia de que su entrenador insistía constantemente en exigir mejores condiciones para entrenar.
No hablaba de privilegios.
Hablaba de tarimas hundidas.
Equipo deteriorado.
Material insuficiente.
Falta de fisioterapeutas.
Atención médica limitada.
Incluso afirmó que varios atletas llegaron lesionados a los Nacionales debido al estado del gimnasio.
Si esas declaraciones son ciertas, el problema deja de ser únicamente laboral.
Se convierte en un asunto de política pública.
Porque el Instituto del Deporte existe precisamente para garantizar que los atletas tengan condiciones dignas para representar a Chiapas.
La pregunta inevitable es otra.
¿Quién está asesorando a la directora del Instituto del Deporte, Bárbara Altuzar?
Porque, si alguien le recomendó despedir al entrenador que encabeza una de las disciplinas más exitosas del estado justo cuando varios atletas se preparan para competencias nacionales e internacionales, difícilmente puede considerarse una buena decisión.
Peor aún cuando la principal afectada será una deportista que viajará en unas semanas a su selectivo panamericano sin el entrenador que la formó durante gran parte de su carrera.
No deja de llamar la atención que Celeste nunca utilizó su conferencia para atacar personalmente a la directora.
Su petición fue distinta.
Pidió al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar intervenir para revisar la decisión.
Eso habla más de la desesperación que del conflicto.
Cuando un atleta siente que ya no encuentra respuesta dentro de la institución, termina recurriendo al Ejecutivo estatal.
Y eso evidencia una ruptura en la comunicación institucional.
Más preocupante todavía resulta escuchar las condiciones que describe la deportista.
Asegura que muchas veces deben pagar radiografías particulares antes de recibir atención médica.
Que los fisioterapeutas son insuficientes.
Que entrenan varios atletas sobre una misma tarima porque el equipo ya no alcanza.
Que incluso el entrenador discutía constantemente porque buscaba mejores condiciones para sus deportistas.
Si el problema era el carácter fuerte del entrenador, existen procedimientos administrativos, llamados de atención y mecanismos internos para resolver diferencias.
Pero despedir al responsable de una generación de medallistas parece una medida desproporcionada cuando los propios atletas respaldan públicamente su trabajo.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma.
¿Qué pesa más dentro del Instituto del Deporte?
¿Los resultados deportivos o las diferencias personales?
Porque cuarenta y seis medallas nacionales en diez años no son un dato menor.
Son resultados.
Y en el alto rendimiento los resultados suelen ser el principal indicador para evaluar a un entrenador.
También sorprende el silencio institucional.
Hasta ahora no existe una explicación pública detallada que permita conocer cuáles fueron las razones objetivas para separar al entrenador.
Sin esa información, la percepción termina construyéndose a partir de la voz de los atletas.
Y hoy esa voz no favorece al Instituto.
Bárbara Altuzar tiene derecho a tomar decisiones administrativas.
Nadie discute esa facultad.
Lo que sí debe explicar es si esas decisiones fortalecen o debilitan el deporte chiapaneco.
Porque despedir entrenadores exitosos mientras los propios deportistas denuncian carencias en infraestructura, equipamiento y atención médica parece invertir el orden de las prioridades.
