De un total de 700 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), alrededor de 350 mil (el 50 por ciento) se encuentran en mora. Es decir, el borrón y cuenta nueva y la famosa tarifa preferencial 1F para los tabasqueños ha sido un total fracaso del gobierno de Morena, tanto federal como estatal.
Este problema es una bomba en peligro latente de estallar, tan es así que ya hasta provocó un enfrentamiento verbal entre Sheyla Cadena Nieto, titular de la Secretaría de Desarrollo Energético (Sedener) en la entidad, y Juan Carlos Castillejos Castillejos, vocero oficial en la administración del gobernador Carlos Manuel Merino.
Los funcionarios cuatroteístas no se pusieron de acuerdo y, mientras una afirmó que se estudia la posibilidad de suspender el subsidio del gobierno a esos 350 mil que han caído nuevamente en cartera vencida con la empresa productiva del Estado, el otro respondió que el gobierno de Carlos Manuel Merino, ni de chiste, analiza tal disparate.
Sucede que tal vez Cadena Nieto, por su juventud e inexperiencia dijo la verdad, o no conoce la historia de la resistencia civil y tampoco se ha interesado en leer o preguntar al respecto para documentarse correctamente, como sucede con muchos de los que actualmente tienen la buena fortuna de haber llegado al poder sin luchar en el movimiento democrático.
Recordemos que el adeudo con la CFE se generó a raíz de las elecciones de 1994, cuando el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue derrotado por Roberto Madrazo Pintado en la elección de gobernador de Tabasco.
De ahí, en febrero de 1995, en la explanada del Instituto de la Juventud y el Deporte (Injudet) en la ciudad deportiva, con la plana mayor del PRD nacional presente, se decretó oficialmente la resistencia civil para no pagar el servicio de energía eléctrica, el impuesto predial y el agua, entre otros servicios.
De ese entonces a febrero de 2021, cuando el gobernador con licencia Adán Augusto López Hernández anunció la condonación del adeudo histórico, los tabasqueños debían alrededor de 11 mil millones de pesos. Sin embargo, las cosas no han funcionado como López Obrador y la administración estatal hubieran querido y el conflicto prevalece.
La resistencia civil, entonces, se ha convertido en un nicho de votos para las elecciones. Los cientos de miles de ciudadanos que dejaron de pagar durante 26 años el servicio de suministro de energía eléctrica a la CFE representan igual número de sufragios que pueden marcar la diferencia en una contienda.
Quizá ese fue el punto que analizó el vocero Juan Carlos Castillejos y, con la autorización de su jefe Carlos Manuel Merino, salió prácticamente a regañar a su compañera de gabinete, pues quitar el subsidio a 350 mil deudores en esta época de crisis sería como si Morena se echará encima a toda la familia de usuarios morosos, en un estado donde el hartazgo por la falta de resultados se incrementa a cada minuto.
Este es el problema de nunca acabar porque miles de tabasqueños no tiene para liquidar sus adeudos y otros están inconformes por el pésimo servicio de la empresa. ¿Quién en Tabasco no ha recibido en su domicilio una factura alterada? ¿Quién en el estado natal del presidente no ha perdido sus alimentos refrigerados por los apagones de más de 24 horas?
Los tabasqueños deben estar alerta porque con ese desacuerdo entre funcionarios se despierta la sospecha de que querían suspender el subsidio, pero como Sheyla Cadena lo hizo público tuvieron que detener su propósito para no generar inconformidad en varios miles de ciudadanos que podrían convertirse en sufragios en contra en 2024.
