PUNTO Y COMA;/ ROGER LAID
En Chiapas hay políticos que cambian de cargo, de partido, de oficina y hasta de discurso, pero nunca cambian de mañas.
José Antonio Aguilar Castillejos es uno de esos casos que obligan a hacer una pregunta incómoda: ¿cómo puede alguien que enfrentó una orden de aprehensión por presunto peculado terminar convertido, años después, en un funcionario federal con poder político y administrativo?
La historia no es nueva:
En 2014, cuando José Antonio Aguilar Castillejos había sido tesorero municipal de Ixtapa, un juez giró una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de peculado, dentro de la causa penal 71/2014. El expediente estaba relacionado con un daño patrimonial superior a los 40 millones de pesos durante aquella administración municipal.
El entonces alcalde Ricardo Pérez Pérez sí fue detenido y encarcelado por ese caso. José Antonio Aguilar Castillejos, en cambio, no terminó tras las rejas. Anduvo libre.
Y aquí comienza la historia de superación digna para un caso de la Rosa de Guadalupe; lo interesante:
El expediente no terminó con una condena que lo inhabilitara políticamente. Terminó, para efectos prácticos de su carrera, sin impedirle seguir avanzando. Le valió de carta de presentación en MORENA una orden de aprehensión.
Eso merece una explicación.
A la sociedad le deben una explicación, porque mientras otros funcionarios quedan políticamente sepultados por una investigación, José Antonio Aguilar Castillejos siguió caminando.
Llegó a MORENA, se convirtió en dirigente estatal, fue delegado federal de los Programas para el Desarrollo en Chiapas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y después continuó escalando posiciones. Hoy es director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. Su nombre aparece todavía en actividades oficiales vinculadas con la operación y seguimiento del FAIS.
Es decir: la vieja historia de Ixtapa no fue el final de su carrera. Fue apenas un capítulo.
LA OPULENCIA DE UN EXTESORERO DENUNCIADO
Reportes periodísticos, imágenes y entrevista recientes señalan que Aguilar Castillejos inicio -al otro día de su nombramiento como super delegado- la construcción de la hoy importante plaza comercial en Ixtapa Chiapas.
No afirmo que construir una plaza sea un delito. Tampoco que una propiedad, por sí misma, demuestre corrupción. Pero el arranque de la opulencia tiene coincidencias.
Y es importante dejar en claro que, cuando se trata de un funcionario que ha manejado recursos públicos y que arrastra antecedentes judiciales documentados, la pregunta sobre el origen y la congruencia de su patrimonio deja de ser un asunto privado y se convierte en un asunto de interés público.
¿De dónde salen los recursos? ¿Quién es el propietario real del proyecto? ¿Prestanombres? ¿De dónde proviene el capital? ¿Existe congruencia entre sus ingresos como servidor público, sus declaraciones patrimoniales y el patrimonio que hoy exhibe?
Son preguntas elementales. No acusaciones.
Y deberían responderse con documentos, no con discursos. Aunque el de Ixtapa es escurridizo, el silencio piensa le compra impunidad.
Porque hay algo particularmente incómodo en la trayectoria de José Antonio Aguilar Castillejos: la política no lo castigó por aquel episodio de Ixtapa; por el contrario, terminó premiándolo con más poder. Desde allí se podía ver el futuro de MORENA defendiendo personajes de oscuro pasado.
En 2019, cuando ya era superdelegado federal, medios nacionales documentaron la existencia de aquella orden de aprehensión de 2014 y señalaron que había omitido ese antecedente al presentar su perfil.
Aun así, continuó administrando una parte importante de los programas federales en Chiapas.
Y aquí es donde la llamada Cuarta Transformación tiene un problema que no puede resolver cambiando el nombre de las oficinas.
Porque si durante años se prometió acabar con la corrupción, no basta con decir que un expediente dejó de tener efectos jurídicos. Hay que explicar políticamente qué ocurrió.
Si hubo una orden de aprehensión, ¿por qué no terminó en una sentencia?
Si el proceso concluyó de alguna manera, ¿cuál fue exactamente la resolución? Si no existe documento alguno entonces… ¿Tiene protección institucional?
Si no existe responsabilidad penal vigente, perfecto: que se explique y se haga público.
Pero si el expediente simplemente desapareció de la conversación política mientras el personaje seguía acumulando cargos, influencia y patrimonio, entonces la pregunta sigue intacta. ¿Quién limpió el camino?
Porque una cosa es la presunción de inocencia, que debe respetarse siempre.
Y otra muy distinta es la presunción de impunidad.
Esa es la diferencia que Morena de Chiapas deberían entender. No sirve de nada que la secretaria general o el mismo líder estatal y nacional salgan a rasgarse las vestiduras justificando a los que irrumpen la ley protegiendo a sus pupilos.
No se trata de condenar a nadie desde una columna. Para eso están los jueces.
Se trata de preguntar por qué un político que estuvo involucrado en un expediente penal por presunto peculado pudo seguir creciendo políticamente hasta convertirse en operador de programas públicos y, eventualmente, en uno de los personajes con mayor influencia territorial de su grupo.
Y ahora, frente a los señalamientos sobre un patrimonio inmobiliario de grandes dimensiones, la pregunta vuelve a aparecer.
¿Con qué dinero?
No porque tener dinero sea un delito.
Sino porque cuando el poder público y el patrimonio privado crecen al mismo tiempo, la sociedad tiene derecho a preguntar si ambos caminos son completamente independientes. Es decir, si no hay pellizcos al presupuesto.
Castillejos puede responder que todo está en regla. Ojalá lo haga.
Que presente declaraciones patrimoniales, documentos, sociedades, permisos, inversionistas y origen de los recursos.
Así de sencillo.
Porque si todo está limpio, la transparencia lo demostrará.
Pero si alguien pretende que los chiapanecos olvidemos aquella orden de aprehensión de 2014, como si nunca hubiera existido, se equivoca.
Los expedientes pueden archivarse. Las preguntas no.
Y en Chiapas hay una pregunta que sigue esperando respuesta:
¿Por qué algunos políticos tienen que rendir cuentas por cada peso que reciben, mientras otros parecen haber encontrado la fórmula para convertir los años de servicio público en años de prosperidad privada?
Puntos Suspensivos….
La investigación debe ir en motivo de la opulencia -también- en su rancho lugar donde han ido a parar recursos de diversos programas federales. Ampliaremos.
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