IDENTIDAD POLÍTICA/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA/ULTIMÁTUM
Entre el discurso de la Nueva ERA, la promesa de bienestar y la conservación ambiental, el sureste mexicano enfrenta una pregunta incómoda: ¿estamos ante una transformación real o ante una nueva administración del mismo abandono, ahora envuelta en símbolos, cifras y propaganda institucional?
En Chiapas, hablar de educación, seguridad, salud e infraestructura ya no puede hacerse como si fueran agendas separadas. La llamada Nueva ERA ha colocado estos temas bajo una narrativa de transformación territorial, donde el jaguar funciona tanto como símbolo de identidad regional como emblema de una promesa política: reconciliar desarrollo, justicia social y protección ambiental. Pero la realidad no admite adornos: el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social 2024 ubica a 3.8 millones de personas en pobreza, equivalente al 67.4% de la población estatal, y a 1.6 millones en pobreza extrema, el 28.2%. Con esos números, cualquier proyecto público que no parta de la urgencia social corre el riesgo de convertirse en escenografía oficial.
Educación
La apuesta educativa parte de una realidad inocultable: miles de niñas, niños y jóvenes no abandonan la escuela por falta de voluntad, sino por distancia, pobreza y ausencia de servicios básicos. Según la estadística educativa de la SEP para el ciclo 2024-2025, Chiapas concentra más de 1.7 millones de alumnos y 20,622 escuelas, una estructura enorme que no se sostiene con anuncios, sino con logística, presupuesto y seguimiento. Además, el INEGI reporta que en 2024 el 34.0% de la población chiapaneca presentaba rezago educativo. Programas como el transporte escolar gratuito pueden ser útiles, pero si no se evalúan con rigor terminarán siendo otro escaparate: rutas inauguradas, discursos cumplidos y comunidades que siguen esperando soluciones permanentes.
Seguridad
En materia de seguridad, el reto es todavía más delicado. La coordinación institucional y el despliegue de fuerzas federales pueden ofrecer presencia, pero no sustituyen la reconstrucción de confianza entre ciudadanía y autoridades. Si la estrategia no se acompaña de inteligencia local, prevención social y justicia efectiva, la seguridad corre el riesgo de quedarse en operativos visibles, útiles para el boletín, pero insuficientes para cambiar la vida de quienes padecen miedo, extorsión o ausencia de Estado.
Salud pública
La salud rural es otro termómetro de la eficacia gubernamental. Las unidades médicas móviles, el abasto de medicamentos y la formación de personal comunitario apuntan en la dirección correcta, pero la ciudadanía no evaluará intenciones, sino resultados: si hay médico, si hay medicinas y si la atención llega antes de que la urgencia se convierta en tragedia. La cifra es contundente: el INEGI estimó para 2024 que el 63.3% de la población de Chiapas tenía carencia por acceso a los servicios de salud, casi dos tercios del estado. Frente a esa proporción, cualquier promesa sanitaria que no se traduzca en atención continua será apenas una gira con bata blanca.
Obra pública
La infraestructura, por su parte, aparece como la gran vitrina. Caminos, puentes, conectividad rural y proyectos ambientales como los asociados al llamado Campo del Jaguar pueden convertirse en detonadores de bienestar si se planean con respeto al territorio. Pero también pueden transformarse en propaganda costosa si no se escucha a las comunidades ni se protege de verdad la biodiversidad que se invoca en los discursos. En 2024, el 48.6% de la población estatal presentaba carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, y el informe federal de rezago social registró que 42.5% vivía en hogares donde se cocina con leña o carbón sin chimenea. Ante esa realidad, inaugurar obras sin resolver lo elemental sería confundir cemento con desarrollo.
Programas de asistencia social
En paralelo, las Reglas de Operación de los programas sociales federales muestran la dimensión asistencial de esta agenda. Pensiones para adultos mayores, apoyos a mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras representan una red de protección indispensable en un estado con profundas carencias históricas. No es un asunto menor: el mismo diagnóstico federal reportó para Chiapas 15,695.4 millones de pesos planeados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social durante 2023. Pero el dinero público no se legitima por llegar a tiempo a la tarjeta, sino por modificar condiciones de vida. Si no hay padrones claros, evaluación independiente y rendición de cuentas, la política social puede terminar funcionando como alivio temporal y como maquinaria de lealtades.
La transparencia será la prueba decisiva y, quizá, la más incómoda. La entrega directa de apoyos mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar puede reducir intermediarios, pero no elimina por sí misma los riesgos de opacidad, uso político o discrecionalidad.Hace falta información clara, padrones verificables, calendarios públicos, auditorías accesibles y mecanismos ciudadanos para denunciar abusos. Sin eso, la bandera del bienestar puede ondear sobre las mismas prácticas que dice combatir.
Ultimátum
Chiapas y con él buena parte del sureste vive un momento en el que las palabras desarrollo, bienestar y conservación deben dejar de ser consignas para convertirse en resultados medibles. La política pública bajo el signo del jaguar será creíble sólo si logra caminar con dos pies: justicia social para las comunidades y respeto real por el territorio. Si el gobierno cumple, el jaguar será símbolo de una nueva etapa; si falla, quedará reducido a emblema de campaña. Porque en Chiapas ya no basta prometer futuro ni administrar esperanzas: hay que demostrarlo en las escuelas, en los caminos, en los hospitales, en la seguridad y en la vida diaria de la gente. Gobernar no es narrar la transformación; es probarla. Todo lo demás será discurso de temporada.
Ultimátum dos
Los relevos en la administración del gobernadorEduardo Ramírez continúan. ¿Responden a una necesidad, a una obligación política o a la coyuntura? El tiempo dará la respuesta. Por el momento, es cuánto.
