IDENTIDAD POLÍTICA/José Adán Altúzar Figueroa
En política, pocas herramientas han resultado tan milagrosas como la publicidad oficial: convierte baches en progreso, retrasos en estrategia y silencios incómodos en logros de gobierno. Lo que debería ser un mecanismo sobrio para informar a la ciudadanía sobre programas, trámites o emergencias, suele terminar convertido en una luminosa vitrina de autoelogio pagada, desde luego, con dinero público.
El problema no es que los gobiernos comuniquen; eso sería incluso deseable. El problema empieza cuando informar se vuelve sinónimo de presumir, y cada anuncio institucional parece redactado no para explicar una política pública, sino para convencernos de que vivimos mejor, aunque la calle y los programas y proyectos, tercos como siempre, insistan en demostrar lo contrario.
El propósito
La publicidad oficial nació con un propósito republicano: orientar, prevenir, rendir cuentas y facilitar el acceso a servicios públicos. Pero en manos demasiado entusiastas, ese propósito se vuelve decoración política. Entonces ya no se informa: se barniza. Ya no se rinden cuentas: se manufacturan aplausos. La institución desaparece detrás del personaje, que casualmente siempre sale bien iluminado.
Ahí es donde la simulación adquiere rango de política pública. Se inauguran obras que apenas respiran, se anuncian avances que nadie alcanza a verificar y se exhiben cifras tan bien escogidas que casi merecen aplauso por su disciplina. La publicidad deja de ser puente entre gobierno y sociedad para convertirse en escenografía: reflectores, frases solemnes y estadísticas acomodadas con la elegancia de quien sabe que la realidad no siempre coopera.
La publicidad encubierta merece capítulo aparte, aunque casi siempre venga disfrazada de periodismo serio. Una inserción pagada puede presentarse como nota informativa, entrevista espontánea o análisis editorial con una naturalidad admirable. El ciudadano cree leer información independiente, cuando en realidad asiste a una función cuidadosamente financiada para que el poder parezca noticia y no propaganda.
El control económico sobre los medios completa la obra. Sin reglas claras, transparentes y auditables, la pauta oficial funciona como una discreta pedagogía del comportamiento: enseña quién merece premio por aplaudir y quién debe aprender las consecuencias de incomodar. Algunos espacios informativos simulan pluralidad con gran profesionalismo, mientras administran silencios con la precisión de quien conoce perfectamente el calendario de pagos.
Una sociedad bombardeada
Las consecuencias democráticas son graves, aunque en los anuncios todo luzca espléndido. Una sociedad bombardeada por mensajes triunfalistas, pero obligada a convivir con carencias, inseguridad, servicios deficientes y promesas que envejecen mal, termina por desconfiar no sólo del gobierno en turno, sino de la política misma. La propaganda no corrige la realidad: apenas le pone filtro.
Regular la publicidad oficial no debería provocar tanto nerviosismo, salvo entre quienes confunden comunicación social con promoción personal. Urgen topes al gasto, criterios objetivos de contratación, prohibición real de la promoción personalizada y vigilancia ciudadana sobre cada campaña. El dinero público no fue creado para pagar vanidades privadas ni para servir de maquillaje de alta cobertura frente a los problemas de fondo.
Porque cuando un gobierno necesita gastar demasiado para convencernos de que gobierna bien, tal vez no está comunicando resultados: quizá sólo está comprando silencio, aplausos y una fotografía donde la realidad, por pudor o por presupuesto, decidió no aparecer.
Ultimátum
Saturar los espacios públicos con publicidad oficial termina siendo contraproducente: cansa, ofende la vista y resta credibilidad al mensaje. Lejos de convencer, provoca sospecha y refuerza la idea de que tanta propaganda busca justificar la ineficiencia de un programa o proyecto. El ciudadano común se pregunta, con razón: ¿por qué tanto gasto? Cuando además aparecen rostros de funcionarios en funciones, claramente proyectados hacia futuros cargos de elección, la línea entre información pública y promoción personal se borra por completo. Eso no sólo viola la ley; también exhibe una forma de propaganda pagada desde el erario. ¿Alguien puede demostrar que esos recursos salieron realmente de bolsillos particulares? Si existen pruebas en contrario, me comprometo a publicarlas.
Ultimátum dos
Este 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno en un contexto de aprobación todavía superior al 60%, pero también marcado por tensiones que han puesto a prueba la solidez de su administración. Su balance de 2026 se sostiene sobre un delicado doble frente: hacia el exterior, una relación compleja con Washington, condicionada por un mandatario estadounidense dispuesto a utilizar aranceles e incluso la fuerza militar como instrumentos de presión; hacia el interior, la defensa cada vez más difícil de figuras vinculadas a su propio movimiento, envueltas en diversos escándalos. Entre la legitimidad que aún conserva y los costos políticos que comienza a acumular, ahí se dibuja el verdadero pulso de su gobierno.
Ultimátum tres
La desesperación de los trabajadores del campo llegó a su límite por la falta de lluvias y apoyos del responsable de atender esos asuntos de carácter agrícola, poco o nada se sabe de las actividades de una institución que ejerce miles de millones de pesos para dar a tención a los productores de Ganado, maíz, frijol, mango, plátano, aguacate, tomate, pepino, cebolla, flores, y tantos productos agrícolas que generan una derrama económica muy importante en un Estado eminentemente rural como el nuestro. Por el momento, es cuánto.
