IDENTIDAD POLÍTICO/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA/ULTIMÁTUM
En México, la corrupción no siempre entra por la puerta trasera; a veces pasa por la recepción, deja tarjeta de presentación y pregunta por la oficina de contratos. El caso de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún e hijastros del expresidente Vicente Fox Quesada, parece escrito por un guionista con exceso de realismo: nadie vio nada, nadie autorizó nada, nadie recomendó nada, pero el dinero público, obediente y bien educado, terminó saludando a los apellidos de siempre.
Fox llegó al poder vendiendo la alternancia como purificador nacional: adiós al viejo régimen, adiós a las mañas, adiós a la corrupción de catálogo. El problema fue que, al parecer, alguien olvidó avisarle al círculo familiar.
La fórmula, hay que reconocerlo, no carecía de elegancia cínica: empresas que prosperaban cerca del presupuesto, gestores sin cargo público, pero con aire de subsecretarios honorarios, funcionarios que juraban no conocer a nadie y comisiones legislativas capaces de producir toneladas de papel, litros de saliva y cero gramos de castigo.
El mérito empresarial, en esa escuela, no se medía por innovación, competencia o riesgo. Se medía por cercanía. Mientras otros empresarios presentaban propuestas, estudios técnicos y garantías, algunos parecían presentar árbol genealógico.
Oceanografía y Pemex
El primer acto de esta comedia de intereses públicos con beneficios privados tiene escenografía petrolera: Pemex, Oceanografía y esa vieja costumbre nacional de llamar “gestión” a lo que huele demasiado a influencia. Según señalamientos legislativos y periodísticos, los hermanos habrían servido como operadores informales para intereses empresariales. Dicho en lenguaje institucional: acompañamiento. Dicho en lenguaje de banqueta: empujoncito desde la familia presidencial.
Desde luego, los funcionarios negaron vínculos indebidos con una solemnidad digna de notario en funeral. En México, cuando alguien niega demasiado rápido, no necesariamente miente; a veces solo practica el deporte nacional de la coincidencia. Oceanografía, dijeron, competía como cualquiera. Claro: como cualquiera que, según las críticas, podía navegar con brújula política y viento desde Los Pinos.
En teoría, Pemex administraba recursos de la nación. En la caricatura política, parecía atender una ventanilla familiar con letrero invisible: “toque aquí si trae apellido influyente”.
El IPAB
El segundo acto merece música de circo financiero: el negocio inmobiliario derivado del rescate bancario. A través de Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., los hermanos fueron señalados por beneficiarse de operaciones relacionadas con activos delInstituto para la Protección al Ahorro Bancario.
El mecanismo, según las investigaciones, no exigía alquimia: comprar cartera vencida, viviendas o activos recuperados a precios por debajo de su valor estimadoy convertir el naufragio financiero nacional en negocio privado. La crisis fue pública, la deuda fue pública, el rescate fue público; la oportunidad, curiosamente, tenía domicilio particular.
La aritmética del asunto parecía salida de una escuela de magia presupuestal: bienes de gran valor, pagos diminutos y explicaciones enormes.
Si las subastas carecieron de concurrencia, igualdad y publicidad suficientes, entonces llamarles subastas es un acto de generosidad literaria. Más bien parecían convivios con martillo: se levantaba la mano, se bajaba el precio y se brindaba por la transparencia, esa palabra que en México a veces sirve para ver perfectamente cómo se reparten las cosas.
La justicia mexicana
Luego vino el gran teatro institucional: comisiones especiales, comparecencias, declaraciones indignadas y carpetas que crecían como si fueran a dar frutos. La Cámara de Diputados hizo lo que suele hacer el poder cuando quiere parecer ocupado: convocar, preguntar, registrar y concluir con ese elegante bostezo jurídico llamado “seguiremos investigando”.
Los amparos, la lentitud ministerial y la falta de entusiasmo persecutorio hicieron su trabajo con disciplina olímpica. La justicia mexicana, implacable cuando se trata de multar al ciudadano común, se volvió contemplativa, filosófica y casi budista frente a los apellidos cercanos al poder.
El contraste llegó desde Estados Unidos, donde Manuel Bribiesca Sahagún enfrentó señalamientos relacionados con fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento en un expediente abierto en California. Para sorpresa de nadie y vergüenza de muchos, el apellido que en México caminaba entre algodones encontró fuera del país un pasillo judicial menos alfombrado.
La moraleja es sencilla y profundamente mexicana: cuando el poder se acerca demasiado a la caja registradora, aparecen empresarios por generación espontánea. Los Bribiesca Sahagún quedaron como personajes de una sátira que no necesitó inventarse: hijos del poder descubriendo el mundo de los negocios justo cuando el poder vivía en casa; instituciones prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias, siempre y cuando las consecuencias no tocaran la puerta correcta; y un país pagando rescates, deudas y silencios mientras otros ensayaban sonrisas de prosperidad inexplicable.
Ultimátum
Y como remate, habría que decirlo sin solemnidad de estatua: la vara de medir la corrupción en México suele cambiar de tamaño según el apellido, el sexenio y la conveniencia del juez político de turno. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador dejaron herencias, familias, operadores y sombras que ameritarían lupa pareja, no linchamiento selectivo ni absolución por simpatía. Si antes se encubrió a unos y ahora se exige hoguera para otros, no estamos ante justicia republicana, sino ante venganza con toga prestada. La democracia no se defiende usando la ley como garrote de temporada; se defiende aplicándola parejo, incluso cuando incomoda al bando propio. Por el momento, es cuánto.
