IDENTIDAD POLÍTICA/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA/ULTIMÁTUM
En los pasillos de Palacio Nacional la consigna es clara: el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se va a cerrar hasta encontrar la verdad, hacer justicia y dar con el paradero de los jóvenes. Así lo ha dejado saber la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien busca imprimirle un nuevo ritmo a una investigación que arrastra años de promesas y deudas históricas. La estrategia oficial ahora apuesta por una purga táctica: la Fiscalía General de la República ha comenzado a renovar a su personal con un objetivo muy específico: acelerar los procesos de extradición de piezas clave que se encuentran prófugas en el extranjero, particularmente en Estados Unidos e Israel.
El nombre de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la extinta AIC, sigue siendo el principal cabo suelto en el tablero internacional. La reactivación de las gestiones ante el gobierno de Israel topa con la realidad de que no existe un acuerdo formal de extradición entre ambas naciones, lo que deja el destino del exfuncionario enteramente en manos de la voluntad política de las autoridades israelíes. Trascendió que la mandataria mexicana envió una carta directa al presidente de Israel solicitando su intervención; la respuesta diplomática, sin embargo, devolvió la pelota a la cancha de su Poder Judicial.
Rastreo telefónico
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, reveló un giro en la investigación a partir de un rastreo telefónico que detectó comunicaciones clave la noche del 26 y 27 de septiembre. Las redes de telefonía expusieron a 17 personas interconectadas, vinculando directamente a miembros del crimen organizado con los dueños de una funeraria local y concesionarios del SEMEFO que operaban desde antes de 2014. Esta triangulación abrió cuatro nuevas líneas de investigación en la FGR. En paralelo, la atención se centra en dos celulares de los estudiantes: uno que registró actividad días después de los hechos y otro requisado en la famosa barandilla municipal.
El caso Ayotzinapa también se juega en la arena de las narrativas. La presidenta señaló directamente a la periodista Anabel Hernández, acusándola de mentir al sostener en sus publicaciones que los normalistas nunca pisaron la barandilla de Iguala. Según la narrativa del Ejecutivo, las pruebas de la Fiscalía demuestran lo contrario. La atención sobre este sitio es tal que el gobierno ya busca la extradición desde Estados Unidos del juez de barandilla en funciones aquella noche, considerado un testigo de altísimo valor para romper el pacto de silencio que, a doce años de la tragedia, la actual administración insiste en desmantelar.
El banquillo periodístico
El caso Ayotzinapa ha vuelto a encender los reflectores de la discusión pública, pero esta vez con un ingrediente adicional: la confrontación directa entre el Poder Ejecutivo y el periodismo de investigación. En una de sus recientes comparecencias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solo reafirmó el compromiso de que el caso no se va a cerrar hasta encontrar a los jóvenes, sino que puso en evidencia la falsedad de opinión al señalar de forma explícita a la periodista Anabel Hernández. Al acusarla de mentir respecto a la presencia de los normalistas en la barandilla de Iguala, el gobierno federal no solo busca validar los avances de la Fiscalía General de la República, sino también disputar el monopolio de la narrativa histórica sobre la noche más oscura de Guerrero.
Mientras que las publicaciones de Hernández han sostenido firmemente que los estudiantes nunca estuvieron en ese lugar, el Ejecutivo asegura que las pruebas técnicas de la fiscalía demuestran lo contrario. Para blindar su postura, el gobierno ha puesto en la mira al juez de barandilla de aquella noche, quien huyó a Estados Unidos y de quien ya se ha solicitado formalmente la extradición. Con este movimiento, la administración no solo persigue una pieza judicial indispensable, sino también la validación de su propia metodología científica frente a los cuestionamientos de la prensa.
La tecnología favorece la investigación
La respuesta del aparato estatal frente a las versiones periodísticas independientes descansa en la tecnología. Respaldada por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, la llamada «nueva metodología» de geolocalización y análisis telefónico de los días 26 y 27 de septiembre es la carta fuerte del gobierno. La detección de comunicaciones entre 17 personas (que vinculan a la delincuencia organizada con una funeraria local y concesionarios del SEMEFO) funciona como el soporte técnico con el que el Ejecutivo busca desmentir las hipótesis externas y fijar cuatro líneas de investigación definitivas.
Ultimátum
Mientras la investigación continúa, los verdaderos culpables, algunos procesados y otros prófugos pagan sus culpas en la prisión y otros en su conciencia, seguro estos últimos, sin poder conciliar el sueño.
Ultimátum dos
Sandra Guadalupe Echeverría Gordillo asumió la titularidad de la Dirección de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) en sustitución de Ulises Grajales Niño. La separación del cargo del anterior funcionario ocurrió tras ser señalado por una presunta agresión grave contra su pareja. La designación de Echeverría Gordillo fue realizada por la institución bajo la directriz de cero tolerancia a la violencia de género y en búsqueda de la legalidad y transparencia.
Ultimátum tres 46 años de canal 10 (14 de septiembre de 1980), toda la historia oficial de comunicación resumida en 46 años de trabajo incansable; de 6 de la mañana hasta las 12 de la noche de lunes a domingo, los 365 días del año. Así también el aniversario número 32 de Tuchtlán FM capital sonora a partir del 14 de septiembre de 1994. En esta nueva ERA los responsables de la comunicación oficial Mario Escobar Gálvéz, Carlos Romo Zapata y Miguel Ángel Osio, con un equipo de trabajo con amplia experiencia, ahora realizan una extraordinaria labor en bien de la sociedad chiapaneca; difundiendo, ciencia, cultura y arte. Felicidades a todas y todos. Por el momento, es cuánto.
