LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE/GELY PACHECO/ULTIMÁTUM
Hay una forma de violencia de la que todavía hablamos poco porque hemos aprendido a confundirla con el costo natural de ocupar un cargo público: la descalificación, el insulto, la ridiculización ahora con el uso de la inteligencia artificial y el descrédito que reciben las mujeres cuando participan en política, ejercen un cargo o simplemente se atreven a ocupar un lugar desde el cual pueden tomar decisiones.
Se nos dice que así es el debate o la libertad de expresión y que quien ejerce una función pública debe aguantar. Me suena a cuando las abuelas decían: es tu cruz que debes cargar. Que la crítica forma parte de la democracia. Y sí: una democracia necesita medios de comunicación libres, ciudadanía crítica y escrutinio público. Las servidoras públicas no pueden estar exentas de cuestionamientos, incluso cuestionamientos severos pero una cosa es cuestionar una decisión, una política o un resultado, y otra utilizar el lenguaje para despojar a una mujer de su legitimidad, ridiculizar sus capacidades o convertir su condición de mujer en parte del argumento para desacreditarla.
En los últimos meses hemos observado publicaciones digitales en las que la crítica política se mezcla con insultos, estereotipos y representaciones que difícilmenteson indispensables para informar. Hay casos en los que una mujer es presentada como incompetente, floja o incapaz (obviamente con otras palabras altisonantes); en otros, se recurre a imágenes alteradas para caricaturizarla y convertirla en objeto de burla.
Pensemos, por ejemplo, en una publicación que utiliza “corte y confección” para ridiculizar la formación profesional de una mujer que ocupa un cargo político y vincula su presencia pública con el feminismo para insinuar que la igualdad de género sustituyó al mérito y el problema no está solamente en que el texto sea ofensivo. Está en la operación simbólica: tomar una actividad históricamente asociada con lo doméstico y lo femenino y convertirla en instrumento para poner en duda la capacidad de una mujer para participar en la vida pública.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias reconoce la violencia mediática cuando los contenidos difundidos por medios promueven estereotipos sexistas, discriminación o desigualdad y causan daño a las mujeres. El marco electoral exige distinguir, mediante un análisis contextual, entre la crítica legítima y expresiones que reproducen estereotipos de género capaces de afectar el ejercicio de los derechos políticos.
Esto claro que nos exige prudencia y bastante pues no toda expresión negativa contra una mujer es violencia política en razón de género. Tampoco toda crítica severa es sinónimo que deba ser sancionada pues la libertad de expresión es indispensables. Pero por eso es precisamente indispensable que debemos distinguir entre el cuestionamiento legítimo y el discurso que utiliza el género como herramienta de descrédito. Nuestro sistema normativo ha reconocido que las servidoras públicas están sujetas a un amplio escrutinio pero que la crítica no queda amparada cuando utiliza lenguaje violento, sexista o estereotipos de género para demeritarlas.
El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse auna decisión pública y empieza a construir una narrativa sobre la supuesta incapacidad de una mujer por ser mujer; cuando se utilizan insultos sexistas, referencias a su vida privada, apariencia o atributos asociados con lo femenino para restarle legitimidad; cuando la burla no acompaña al argumento sino que sustituye al argumento.
Y hay algo todavía más profundo: la violencia no termina en la mujer que recibe el ataque. También alcanza a quienes la estamos mirando y leyendo. Pues una joven que piensa en participar en política y observa lo que ocurre cuando otra mujer llega a un espacio de decisión. A quién tiene elementos para denunciar una conducta y teme que, después de hacerlo, venga una exposición mayor.
Entonces aparece un efecto que pocas veces se mide: el silencio como mecanismo de supervivencia porque si denunciar no parece detener la violencia, sino intensificarla, el mensaje que reciben otras mujeres puede ser devastador: mejor no participar; mejor no responder; mejor no denunciar; mejor no llamar la atención.
Eso también afecta a la democracia y a la participación política de las mujeres. La violencia política contra las mujeres puede producir un efecto inhibidor sobre quienes todavía no llegan. Les muestra el precio simbólico de ocupar un espacio de poder y contribuye a perpetuar la idea de que la política es un territorio hostil para las mujeres. Nuestro sistema normativo mexicano ha reconocido este efecto inhibidor cuando los ataques utilizan estereotipos para deslegitimar la participaciónpolítica femenina.
Por eso resulta preocupante cuando un medio de comunicación que ha sido objeto de una determinación o sanción relacionada con violencia política contra las mujeres, en lugar de asumir la oportunidad de revisar sus prácticas, vuelve a utilizar recursos semejantes. La situación guarda una inquietantes, similitud con otros contextos de violencia. Cuando una mujer reúne el valor para denunciar, obtiene una medida de protección y, pese a ello, la persona agresora reincide, el mensaje que puede instalarse es que denunciar, no necesariamente detiene la violencia, sino que la aumenta. Algo semejante ocurre en el ámbito político y mediático. Cuando después de una sanción, las conductas que motivaron la intervención vuelven a aparecer bajo nuevas formas.Unasanción debería abrir una conversación sobre responsabilidad, ética y prevención y no convertirse en una invitación a buscar nuevas formas de decir lo mismo o de seguir violentando.
Y aquí también corresponde hablar de quienes comunicamos. Hoy en día, la inteligencia artificial vuelve más compleja esta discusión pues hoy podemos alterar una fotografía y transformar la imagen de una mujer en un personaje diseñado para ridiculizarla. La herramienta puede ser nueva; el mecanismo de violencia, no. Lo que cambia es la capacidad de multiplicación, velocidad y alcance.
No se trata de pedir silencio para los medios ni de convertir a las servidoras públicas en personas intocables. Se trata de defender una democracia donde podamos cuestionar al poder sin reproducir las estructuras que históricamente han utilizado la misoginia para expulsar a las mujeres del espacio público y es increíble que tengamos que estar explicando la violencia cuando es bastante clara y cuando son sancionados todavía se indignan.
Una sociedad democrática necesita periodistas que investiguen y cuestionen. Necesita servidoras públicas capaces de rendir cuentas. Necesita ciudadanía que exija resultados. Pero también necesitamos reconocer que la violencia no es crítica ni es libertad de expresión, que la humillación no es periodismo y que el estereotipo no es argumento.
Porque cada vez que normalizamos que una mujer sea ridiculizada por ejercer un cargo, alguien más aprende que eso es aceptable. Y cada vez que una mujer observa esa violencia y decide no participar, no denunciar o no levantar la voz por miedo a convertirse en el siguiente blanco, la democracia pierde algo que no siempre puede medirse. Por eso hay violencias que no terminan en quien las recibe. Se convierten en advertencias para las que vienen detrás.
Nombrarlas no es censurar. Documentarlas no es perseguir. Señalarlas no es cancelar la crítica. Es reconocerlas porque lo que no se nombra no se ve. Y lo que no se ve, difícilmente se transforma.
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