DEMOCRACIA VIRTUAL/EUGENIO HERNÁNDEZ SASSO
La lucha de las mujeres por abrirse paso en la política no ha sido fácil. Han pasado décadas de golpes, discriminación, burlas y puertas cerradas para que hoy puedan ocupar cargos de elección popular y poner en práctica su capacidad y virtud para gobernar.
Por eso, cuando una mujer se opone a una medida que busca darles más espacios, la sociedad no da crédito a semejante aberración y la mayoría se pregunta ¿qué está pasando?
Eso es lo que ocurre en Chiapas con Catalina Cervantes Almaraz, dirigente estatal del PAN, quien decidió impugnar la ley de paridad efectiva aprobada por el Congreso del Estado, a partir de una iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
Esa decisión del albiazul ha levantado polémica y pone sobre la mesa la participación política de las mujeres, un asunto que no debería tomarse a la ligera ni cuestionarse.
Colectivos han empezado a marchar y han optado por clausurar las oficinas del PAN estatal. Esa es la primera consecuencia de un error político que no fue calculado por los dirigentes del albiazul.
La reforma contempla que, para el proceso electoral de 2026-2027, los partidos políticos deben postular mujeres en 62 de los 123 municipios de Chiapas.
Asimismo, en los otros 61 podrán competir bajo las reglas establecidas, mientras que Oxchuc queda fuera de este esquema porque sus autoridades se eligen mediante sus propios mecanismos comunitarios, de acuerdo con sus usos y costumbres.
El argumento de la dirigente panista es que su inconformidad se relaciona con el procedimiento que siguió el Congreso para determinar los municipios mediante un sorteo o tómbola.
Pero aquí es donde el asunto se pone interesante, porque una cosa es cuestionar un procedimiento legislativo y otra muy distinta es que la ciudadanía interprete esa acción como un freno a la participación femenina.
Las organizaciones feministas ya han alzado la voz contra la impugnación, mientras que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha planteado la posibilidad de encabezar un éxodo desde Chiapas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la reforma.
La discusión, por lo tanto, amenaza con salir del territorio chiapaneco y convertirse en una disputa pública de mayor alcance desde la capital del país, cosa que favorecería en gran manera a Eduardo Ramírez y enterraría totalmente al PAN.
En ese escenario, abrir un frente de batalla alrededor de una medida que busca aumentar las oportunidades políticas de las mujeres puede salirle caro a Acción Nacional.
Esto no quiere decir que cualquier reforma deba aceptarse sin discusión; lo que se necesita es que ese partido explique con claridad qué defiende, por qué lo defiende y a quién beneficia su postura.
Si la inconformidad es por el método utilizado, ese argumento debe quedar bien explicado y acompañado de una propuesta que garantice la participación de las mujeres, de lo contrario, el mensaje puede terminar siendo otro y las consecuencias a pagar serán muy graves.
Catalina Cervantes tiene derecho a fijar una posición y recurrir a las vías legales que considere pertinentes, pero también debe entender que representar a un partido implica asumir responsabilidades políticas.
Aquí no basta con publicar un video y dar por cerrado el asunto, hay que medir el impacto de las decisiones y escuchar a quienes consideran que esta reforma representa una oportunidad largamente esperada.
Quizá la salida más inteligente habría sido respaldar el objetivo de la paridad y, al mismo tiempo, plantear las dudas sobre el procedimiento por los cauces correspondientes.
Así, el PAN podría defender su postura sin quedar ante una parte de la ciudadanía como un obstáculo para las mujeres, y antes que el daño sea nacional, la dirigencia de ese partido en el país debe cortar cabezas en Chiapas.
Las mujeres no han recorrido tanto camino para que sus oportunidades se conviertan otra vez en moneda de cambio.
A veces una decisión legal puede convertirse en un error de cálculo, y un error de comunicación puede convertirse en un verdadero problema político, sobre todo cuando se trata de los derechos de las mujeres.
El PAN tiene mucho que explicar y Catalina Cervantes deberá hacerlo con argumentos, no solamente con declaraciones.
Al final, serán los tribunales quienes determinen la legalidad de la reforma, pero la ciudadanía también sacará sus propias conclusiones y, aunque estas no aparezcan en ninguna sentencia, pueden pesar bastante en las urnas en 2027.
Sassón
Al PAN todavía no se le quita lo totoreco. En vez de aprovechar las circunstancias para recuperar el poder, cada vez se aleja más con sus acciones.
