IDENTIDAD POLÍTICA/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA/ULTIMÁTUM
La democracia chiapaneca no puede medirse únicamente por sus leyes ni por el número de candidaturas. Su verdadera fortaleza depende de que la pluralidad, la participación comunitaria y la igualdad de género se conviertan en poder efectivo.
Chiapas posee una arquitectura democrática ambiciosa: un gobierno republicano, representativo, laico y popular, sostenido por la división de poderes, la soberanía ciudadana y la rendición de cuentas. Sin embargo, ese diseño institucional convive con una realidad social mucho más compleja, marcada por la diversidad cultural, las desigualdades históricas y la fuerza de las formas comunitarias de organización.
La pluriculturalidad del estado no es un elemento decorativo del discurso público. Exige que la democracia reconozca a los pueblos originarios, sus lenguas, sus autoridades y sus mecanismos de decisión. También obliga a conciliar los sistemas normativos internos con derechos constitucionales que deben protegerse sin excepción. Ahí aparece una de las tensiones centrales de la política chiapaneca: respetar la autonomía comunitaria sin permitir que la tradición justifique la exclusión.
Una democracia que debe ir más allá de las urnas
Los principios democráticos (igualdad, libertad, justicia social, tolerancia y legalidad) solo adquieren sentido cuando se traducen en condiciones reales de participación. En un estado atravesado por la pobreza y la exclusión, votar periódicamente no basta. La ciudadanía también necesita instituciones transparentes, acceso equitativo a las decisiones públicas y mecanismos eficaces para exigir cuentas.
Las asambleas comunitarias pueden enriquecer la democracia al privilegiar la escucha y los acuerdos; no obstante, su legitimidad se debilita cuando algún sector queda fuera de la deliberación.
Por ello, el reto de instituciones como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no consiste solamente en organizar comicios. También debe promover una cultura cívica capaz de acercar la democracia a la vida cotidiana y de reducir las brechas que separan a las comunidades periféricas de los centros de decisión.
Paridad en el papel, resistencia en el poder
La paridad de género ha modificado las reglas de acceso a la representación política en Chiapas, pero todavía no transforma por completo la distribución del poder. El cumplimiento numérico de las candidaturas convive con resistencias partidistas, violencia política y prácticas que reducen la presencia de las mujeres a una formalidad.
El hostigamiento, la difamación, las amenazas y las restricciones presupuestarias son algunas de las presiones que enfrentan presidentas municipales y síndicas. A ello se suma la práctica conocida como “las Juanitas”: mujeres registradas para cumplir con la paridad que, después de la elección, son presionadas para renunciar en favor de un suplente varón. El mensaje es evidente: se acepta su nombre en la boleta, pero se cuestiona su derecho a ejercer autoridad.
La simulación también aparece cuando las candidatas son enviadas a distritos poco competitivos, zonas con menos recursos o municipios de alta conflictividad, mientras los espacios con mayores posibilidades de triunfo quedan en manos masculinas. Incluso cuando una mujer asume el cargo, el poder efectivo puede permanecer bajo el control de síndicos, tesoreros, dirigentes locales o familiares que administran decisiones y recursos.
Autonomía comunitaria e igualdad
La tensión se vuelve especialmente delicada en municipios regidos por sistemas normativos internos. La autodeterminación de los pueblos originarios es un derecho fundamental, pero no puede interpretarse como autorización para impedir que las mujeres voten, sean electas o participen en las asambleas. Cuando ambos derechos parecen enfrentarse, la salida democrática no debe ser la imposición ni la exclusión, sino el diálogo intercultural con garantías efectivas de igualdad.
Las intervenciones de las autoridades electorales, la anulación de elecciones y las sanciones pueden ser necesarias, pero por sí solas no resuelven divisiones históricas. Se requiere acompañamiento jurídico, educación cívica y participación de las propias mujeres indígenas en la construcción de soluciones.
La prueba decisiva
Los mecanismos de defensoría y los registros de personas sancionadas por violencia política representan avances importantes. Sin embargo, su eficacia depende de que las denuncias se investiguen, las resoluciones se cumplan y los partidos dejen de tratar la paridad como un trámite administrativo.
La prueba decisiva para la democracia chiapaneca será convertir los derechos escritos en poder ciudadano real. Eso implica reconocer la riqueza comunitaria sin idealizarla, defender la autonomía sin tolerar la discriminación y garantizar que las mujeres no solo lleguen a los cargos, sino que puedan gobernar con libertad, recursos y autoridad. Mientras esa distancia persista, la paridad seguirá siendo una promesa incompleta y la democracia, una tarea pendiente.
Ultimátum
El COBACH y la Secretaría del Humanismo cuentan ahora con titulares cuyo perfil responde a las necesidades de dos instituciones clave para la movilidad social. Indra Toledo Coutiño y Leonardo León Alcázar reúnen vocación de servicio, arraigo y capacidad académica y administrativa. Su experiencia puede dar certeza a la ejecución de los programas educativos y sociales, en beneficio de la comunidad estudiantil y del fortalecimiento de la política social. Por el momento, es cuánto.
