IDENTIDAD POLÍTICA/JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA/ULTIMÁTUM
La narrativa oficial insiste en que las escaleras se barren de arriba abajo, pero en el piso de los ciudadanos el polvo sigue costando miles de millones de pesos. La corrupción en las instituciones mexicanas representa un reto estructural severo que afecta la economía, la confianza ciudadana y la gobernabilidad. Las cifras no mienten y, lamentablemente, tampoco perdonan. Mientras el discurso político apela a la pureza moral, los bolsillos de la gente común pagan el verdadero peaje de la disfunción institucional.
La factura diaria de la «mordida»
No estamos ante un debate abstracto, sino ante un golpe contundente a la economía familiar. De acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo promedio de la corrupción por ciudadano alcanzó los 5,432 pesos anuales, una cifra récord que representa un aumento del 15% en comparación con registros previos. En el agregado nacional, el INEGI expone que el impacto total ronda los 25 mil millones de pesos anuales diluidos en sobornos y extorsiones cotidianas.
84% de los ciudadanos percibe la corrupción como una constante en su entidad federativa, sepultando la tímida mejoría de los años previos.
Policías y fiscalías se mantienen invariables a la cabeza del descrédito público y la desconfianza ciudadana.
El ADN de la impunidad institucional
¿Por qué no cede el monstruo? La respuesta transita entre el diseño institucional y las taras de nuestra cultura política. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha convertido en una sofisticada arquitectura de papel frente a la persistente opacidad y la falta de sanciones efectivas. La digitalización en portales como DeclaraNet o los sistemas de alertadores públicos funcionan como termómetros, pero el problema es que el médico rara vez prescribe la medicina correcta: la sanción penal y administrativa. Seguimos arrastrando un esquema patrimonialista donde el servicio público se entiende, desde el nivel municipal hasta el federal, como un botín de beneficios particulares y no como un encargo de estricta responsabilidad.
Caso Chiapas
La consigna de «cero corrupción y cero impunidad» ha dejado de ser un simple eslogan de campaña para convertirse en órdenes de aprehensión ejecutadas a plena luz del día en Chiapas. Bajo la directriz del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la Fiscalía General del Estado (FGE), la guillotina administrativa y penal está operando con una fuerza pocas veces vista en la entidad. Ya no se trata de amonestaciones privadas en oficinas alfombradas; los despliegues policiacos e inhabilitaciones directas están alcanzando los niveles más altos de las estructuras municipales y estatales.
Aquí el recuento de los golpes más contundentes asestados recientemente:
1. El terremoto de Suchiapa: «Operación Enjambre»
El golpe político y judicial más severo ocurrió a principios de octubre de 2026. Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales derivó en la detención de 21 personas en el municipio de Suchiapa. Entre los capturados bajo acusaciones de abuso de autoridad, asociación delictuosa y graves hechos de corrupción figuran: Jorge Lorenzo Lara Cordero: El actual alcalde en funciones. Alexis Nucamendi Gómez: Exalcalde de ese mismo municipio.
2. El desfalco en el Sector Salud: Seis exfuncionarios tras las rejas
La Fiscalía de Chiapas confirmó la captura de seis exservidores públicos de la Secretaría de Salud y del ICHEJA acusados de desviar recursos públicos. Las indagatorias revelaron redes de compras simuladas o sin comprobación dentro del Instituto de Salud del Estado.
Entre los arrestados más recientes se encuentra Sergio «N» (exsecretario particular del exsecretario de Salud), capturado en Tuxtla Gutiérrez por su presunta participación ilícita en la asignación directa de proveedores y contratos públicos.
La red de capturas previas por este mismo expediente incluye a la exdirectora de infraestructura y al exsubdirector de servicios generales de la dependencia.
3. La purga en las Alcaldías y la Policía Estatal
La persecución de delitos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público y nexos criminales ha llevado al arresto de más de 570 funcionarios en el último año. Esta limpia masiva abarca el procesamiento judicial de alcaldes de municipios altamente conflictivos y vulnerables a la infiltración, como el exalcalde de Cintalapa, Ernesto «N»; José Antonio «N», de Frontera Comalapa; y Rosember «N», de Bella Vista. Asimismo, la Secretaría de Seguridad del Pueblo ha ejecutado la depuración de sus corporaciones, remitiendo a proceso a agentes estatales y municipales implicados en extorsiones.
4. El «candado» administrativo: Inhabilitaciones exprés
Por la vía civil, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, a cargo de Ana Laura Romero Basurto, activó procedimientos de inhabilitación para servidores públicos activos.
Sector Salud: Se iniciaron procesos formales de inhabilitación contra cuatro funcionarios de nivel medio y alto del área de adquisiciones de medicamentos.
COBACH: Se abrió expediente de máxima sanción administrativa contra un servidor público del Colegio de Bachilleres de Chiapas por responsabilidades graves.
Falta de Transparencia: Al menos 58 funcionarios estatales han sido sancionados e inhabilitados entre 2025 y lo que va de 2026 únicamente por incumplir u ocultar información en sus declaraciones patrimoniales.
Ultimátum
Bajo este esquema de actuación del Jaguar y la Fiscalía, otros solo tienen que “poner sus barbas en remojo” pensar que se hace para que “lo vea Juan y lo escuche Pedro” tan sencillo que es portarse bien. Por el momento, es cuánto.
