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Icatech: 4.2 millones sin rostro

19 de noviembre de 2026
in Opiniones
Icatech: 4.2 millones sin rostro
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COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/

Se dio a conocer esta semana un dato que debería quitarle el sueño a cualquier chiapaneco que pague impuestos. El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el Icatech, pagó 4 millones 200 mil pesos en incentivos a su personal de confianza en enero de 2026, con recursos del ejercicio 2025. Y cuando la Auditoría Superior del Estado le pidió comprobar ese gasto, el instituto no entregó absolutamente nada.

Nada. Ni la nómina. Ni los recibos. Ni las transferencias. Ni la autorización de la Secretaría de Finanzas. Ni un solo papel que diga quién recibió ese dinero ni por qué. La Auditoría lo clasificó como probable daño a la hacienda pública, con estatus de no atendido.

Cuatro millones doscientos mil pesos que se esfumaron en la opacidad, sin rostro, sin destinatario conocido, sin justificación documental alguna.

Pongamos la cifra en perspectiva, porque a veces los números grandes se vuelven abstractos y dejan de doler. Esos 4.2 millones equivalen a 32 meses del sueldo del director del instituto. O, dicho de otra manera que duele más: a 36 años de trabajo de una persona que gana el salario mínimo. Treinta y seis años. Toda una vida laboral de un chiapaneco común, evaporada en un solo pago de “incentivos” que nadie puede —o quiere— comprobar.

Y aquí es donde la indignación se vuelve legítima. Porque el Icatech no es cualquier dependencia: es un instituto cuya misión es capacitar a la gente, darle herramientas a los jóvenes y a los trabajadores para ganarse la vida con dignidad. Es, por definición, una institución pensada para los que menos tienen. Que precisamente ahí, en la casa de la capacitación para el trabajo, se repartan millones en incentivos sin comprobar, mientras miles de chiapanecos buscan un oficio para sobrevivir, tiene un nombre que no admite eufemismos: cinismo.

El responsable de esa institución tiene mucho que explicar. Porque los incentivos al personal de confianza no son ilegales en sí mismos; existen, están contemplados, pueden otorgarse. Lo que no puede ocurrir, bajo ninguna circunstancia, es que se paguen sin documentación, sin autorización de Finanzas, sin que quede rastro de quién los recibió. Eso no es un gasto: es un agujero negro presupuestal. Y quien dirige una institución pública tiene la obligación elemental de poder responder, con documentos en mano, por cada peso que sale de sus arcas.

La pregunta que todo chiapaneco tiene derecho a hacer es sencilla: ¿quién recibió ese dinero? ¿Con qué criterio se repartió? ¿Por qué no hay un solo comprobante? ¿Dónde está la autorización que la ley exige? Y, sobre todo: ¿por qué, cuando la autoridad fiscalizadora preguntó, la respuesta fue el silencio?

Porque el silencio, en estos casos, es la más elocuente de las respuestas. Quien no tiene nada que esconder, comprueba. Quien se niega a comprobar, levanta todas las sospechas.

Hay que decirlo con claridad: esto es, precisamente, lo que un gobierno que presume cero corrupción y cero impunidad tiene la obligación de atender. No basta con el discurso de la honestidad; hay que demostrarlo investigando a los propios con la misma dureza que se aplicaría a cualquiera. El instituto tiene 30 días hábiles para aclarar el asunto. Que los use.

Que presente los documentos. Que diga quién recibió el dinero. Y si no puede hacerlo, que enfrente las consecuencias, sea quien sea el responsable.

Porque la transparencia no es un favor que los funcionarios le hacen a la ciudadanía. Es su obligación. El dinero público no es de quien lo administra: es de la gente. Y cada peso que no se comprueba es un peso que se le roba a la educación, a la salud, a la capacitación de quienes de verdad lo necesitan.

Los documentos están en el expediente. La Auditoría ya hizo su parte. Ahora le toca al responsable del Icatech dar la cara y explicar lo inexplicable. Y le toca a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía actuar si las respuestas no llegan o no convencen.

Chiapas ya pagó demasiado caro, durante demasiados años, la cultura de la impunidad. No puede permitirse que regrese disfrazada de “incentivos” sin comprobante.

Cuatro millones doscientos mil pesos tienen que tener un rostro. Y los chiapanecos merecemos saber de quién es.

Que aclaren. O que respondan. Pero el silencio, esta vez, no puede ser la respuesta.

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