Estancamiento legislativo

Juan Manuel Diego/Ultimátum

VILLAHERMOSA

Este domingo se cumplieron cuatro meses de que el Congreso del Estado, de mayoría morenista, mantiene estan­cada la iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Tabas­co y sus Municipios, que tiene el objetivo de que los ciudadanos puedan exigir ser indemnizados cuando comprueben legalmente que han sido afectados por actos u omisiones de los tres niveles de gobierno o alguno de los poderes. La iniciativa fue entregada el pa­sado 31 de marzo por el secretario de Gobierno, Guillermo Arturo del Rivero León, al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Emilio An­tonio Contreras Martínez de Escobar, en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Cuatro meses después, la iniciativa se encuentra estancada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucio­nales, que preside la vicecoordinadora de Morena, Ana Isabel Núñez de Dios, donde ni siquiera se ha dictaminado. El argumento es que se siguen ha­ciendo consultas en materia de im­pacto financiero con los gobiernos municipales.

Es de las pocas ocasiones en que la mayoría morenista en la Cámara de Di­putados local estanca tanto tiempo, sin aprobar, una iniciativa del gobernador de su propio partido. El día en que entregó la propuesta Guillermo del Rivero explicó que es­tablece la obligación de que todos los entes públicos respondan por los daños y perjuicios derivados de alguna activi­dad administrativa irregular, realizan­do los ajustes presupuestales necesarios para el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El diputado de Morena, Jesús Selván García, reconoció que algunos ayuntamientos no aceptan la iniciativa, ya que afectaría sus presupuestos en caso de que tengan que indemnizar a algún ciudadano.

-¿Aceptan la propuesta?, se le pre­guntó.

-”No, bueno…básicamente no”, re­conoció Selván García.

Pero dijo que la iniciativa tiene que expedirse “en virtud de que es un dere­cho de los ciudadanos” ser indemniza­dos cuando sean afectados por un ente público.

Los 17 ayuntamientos, 14 de ellos de Morena, tendrán que “asimilar” esa ley, indicó.