La alcaldesa constitucional de Aldama, Angelina Díaz Méndez, denunció que fue obligada a renunciar al cargo “bajo presión y amenazas de prenderme fuego en presencia de la asamblea y ser agredida sexualmente”. En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, señaló que fue obligada a firmar su renuncia durante una asamblea efectuada el 30 de enero “para imponer un concejo municipal”.
La asamblea fue encabezada por Salvador Jiménez Santiz, autonombrado presidente municipal por usos y costumbres; Gilberto López Lunez, síndico municipal; Mateo de la Cruz Hernández, ex síndico y presidente del comisariado de Bienes Comunales, entre otros, señaló la alcaldesa. En el documento, Díaz Méndez manifestó que estas acciones violentan sus derechos como mujer y como ciudadana, por lo que pide al Congreso de Chiapas que no se reconozca al concejo municipal y se “ponga un alto” a las personas que encabezaron las agresiones y amenazas en su contra y la manipulación de que fue víctima la población que el 7 de junio de 2021 votó por ella para ganar la elección por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El caso de Angelina Díaz Méndez ejemplifica los problemas políticos que hay en muchos municipios indígenas de Chiapas, donde hay viejos conflictos agrarios, además de cacicazgos que disputan los recursos económicos del Ayuntamientos, utilizando el derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos indígenas y la paridad de género. Desde hace 25 años, cuando Aldama se independizó de San Pedro Chenalhó y se erigió como un nuevo municipio, el 28 de julio de 1998, existe un conflicto agrario por la posesión de 60 hectáreas, que ha dejado un saldo de decenas de muertos y alrededor de 3 mil personas desplazadas.
El 29 de noviembre de 2020 se firmó un Convenio Definitivo para Resolver el Conflicto Agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, que atestiguó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pero al día siguiente se registraron dos ataques con armas de fuego de grueso calibre de parte de grupos armados que operan en Chenalhó, por lo que el conflicto sigue hasta la fecha. Otro conflicto, éste de género, se vive en Aldama. En 2018, una mujer, Verónica Ruiz Pérez, fue electa como presidenta de este conflictivo municipio, pero quien gobernó realmente fue Adolfo López Gómez, a quien se le reconoció como presidente “real” por usos y costumbres.
Desde 2001, la Constitución mexicana estipula el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En municipios como Aldama, la población puede decidir “sus formas específicas de organización social (e) implementar sus propios sistemas normativos para la regulación y resolución de conflictos internos”. Por tradición, eso ha significado un sistema de liderazgo realmente cerrado para las mujeres.
Después, en 2014, se agregó un principio de paridad de género a la Constitución mexicana, que exigía que todas las elecciones tuvieran una candidata mujer. La ley entró en vigencia con las elecciones de 2015. Entonces surgió una nueva costumbre local: elegir a un hombre por medio de un referéndum a mano alzada, y después elegir a una mujer como su prestanombres. Esto fue lo sucedió con Verónica Ruiz, a quien propusieron como candidata a la presidencia municipal de Aldama solo porque era la esposa de Ignacio Pérez Girón y porque el PVEM necesitaba una mujer en las boletas. En 2018, antes de que asesinaran a su esposo, ella ganó la elección y nombró su esposo síndico, en el entendido de que ella implementaría todo lo que él propusiera. En la última elección, el PVEM volvió a ganar el municipio llevando como candidata a Angelina Díaz Méndez, pero no ha podido resolver el conflicto machista y caciquil. RDM
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