Es un enigma lo que pueda pasar con el caso García Luna. La clave va a estar en si los testimonios logran convencer al jurado de 12 personas, quienes tendrán que determinar la culpabilidad o no de García Luna.
Los testigos muy probablemente se están moviendo en lo que la fiscalía les propone. Un testigo protegido tiende en la mayoría de los casos a dar testimonios en función de la conveniencia de la fiscalía. En este caso, más allá de las justificadas presunciones sobre la actividad de García Luna, los testigos han actuado exactamente como se suponía lo iban a hacer. Lo que hemos conocido del juicio apunta a lo que se ha dicho lo largo de todos estos años, lo que hace diferente las cosas son los detalles.
No hay elementos por ahora para saber si el jurado está siendo convencido por los testigos. Recordemos que son ellos quienes determinan el destino de García Luna. El juez opera como coordinador del juicio y seguramente también en lo que corresponde a dictar la sentencia en función de las responsabilidades que se le encuentren al acusado.
Lo que sí se ha podido apreciar es que a lo largo de años la operación de los cuerpos de seguridad estaba totalmente en complicidad con la delincuencia organizada. Los aeropuertos eran una auténtica coladera, la explicación que dio ayer El Rey Zambada de cómo movían las cosas en el aeropuerto, es la prueba de lo que estaba sucediendo y lo cual en muchas ocasiones se denunció.
Quizá la fórmula en que las autoridades dirigidas por García Luna manejaban las cosas partía del falso supuesto de que de esta manera se puede obtener un control sobre la delincuencia organizada siempre y cuando se les dejara actuar.
Con la corrupción y la complicidad como forma de vida en el camino se llegó a una serie de acuerdos en donde prevalecía el dinero para acordar y desarrollar las estrategias de los narcos. Los acuerdos iban más allá del dinero, porque hay pruebas de la participación, particularmente del Cártel de Sinaloa, en procesos electorales; sin ir más lejos recordemos las pasadas elecciones en dicho estado en el mismo día del proceso.
Todo tenía, y seguramente tiene todavía, un costo. Las cantidades de dinero de las que se hablan muy probablemente tengan que ver con toda una cadena a la cual se le tenía que “pagar” para actuar, particularmente en los aeropuertos.
Es difícil creer que los presidentes de aquellos años no supieran lo que estaba pasando. Muchas críticas fueron surgiendo respecto al actuar de García Luna, las cuales tenían que ver con los altos niveles de corrupción para poder tener lo que se presuponía era un control sobre la acción de la delincuencia organizada.
Si los presidentes no lo hubieran sabido el asunto adquiere tintes de una brutal irresponsabilidad. No tiene lógica que bajo el control que los presidentes tienen en el ejercicio del poder se presenten hechos de esta naturaleza sin que los conozcan, no tiene sentido si quiero imaginar que la principal cabeza política del país estuviera como en otro mundo.
El juicio en algún sentido ha puesto a México en la mesa. A pesar de que no ha sido de interés en Estados Unidos, lo que es evidente es que sí lo está siendo en diferentes ámbitos de la política porque el tema en sí es de enorme relevancia en la cotidianidad estadounidense. Para muchos se vienen a confirmar los altos niveles de corrupción que existen en México en materia de seguridad con todo lo que esto conlleva.
El juicio ha servido para mostrar un pasado de muerte y corrupción. Una pregunta que se tiene que hacer el gobierno es si esos tiempos realmente ya fueron.
El Plan B estará debatiéndose esta semana en comisiones en el Senado. No va a haber cambios y el asunto terminará en la Corte. Vendrá una carrera contra el tiempo porque en septiembre empieza el proceso electoral 2024. Vendrán también marchas y protestas cargadas de adjetivos, lo que es un hecho es que no hay acuerdo ni habrá.
