El fallo sobre García Luna en Nueva York es difícil de predecir, pero no menos que pronosticar las secuelas del trauma de un juicio que pretende dar forma al crecimiento de la delincuencia organizada en México en un lustro. ¿Qué es lo que sigue? El país tendría que estar listo para investigar las tramas de narcopolítica y aprender del grave error de renunciar a juzgar esos crímenes en sus tribunales, sino quiere ver a la justicia como espectador de una serie de Netflix.
La pasarela de historias de 26 testigos de excabecillas de cárteles y agentes de seguridad mexicanos y de la DEA sobre nexos del crimen y la política dejan la imagen de una narcodemocracia que necesita ayuda de EU para combatir y hacer justicia. El daño para la confianza en la ley y la justicia es inocultable, aunque el juicio se circunscriba a los gobiernos de Fox y Calderón, de los que García Luna llegó a ser el súper policía que limpiaría la seguridad pública en la guerra contras las drogas. Las menciones de los testigos sobre sobornos del Cártel del Pacífico a cambio de protección muestran la ruta de su expansión, aunque al final fuera absuelto.
Cual sea el desenlace del juicio, ahora deja la acción en la cancha mexicana, aunque su Fiscalía y los tribunales pocas veces procesen a los grandes capos. García Luna tampoco es una excepción, dado que en NY se le juzga por el daño infringido a EU por introducir droga desde la visión de la justicia norteamericana, y no por los delitos que lo persiguen en México. El presidente López Obrador puede decir que aquí el tribunal popular ya lo condenó, lo que sirve de poco como escarmiento contra la impunidad que cobija la expansión territorial del narco, tal como quiere mostrarse en Brooklyn.
El caso es paradigmático de nuestra debilidad institucional y de la reacción de EU cuando necesita que la justicia se involucre en problemas para su seguridad y salud pública como las drogas. En el marco del juicio, la responsable de la DEA, Anne Milgram, acudió al Senado para elevar enérgicos reclamos a México por mayor cooperación para intercambiar información de decomisos de fentanilo, operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios y extradición de narcos mexicanos. Así, el juicio parece ser un marco para recordar a México que no es una buena idea restringir la colaboración con la DEA o la extradición de Ovidio Guzmán o Rafael Caro Quintero, reclamados por la Justicia de EU. Los criminales “están muy equivocados si creen que México no irá tras ellos”, dijo en redes el embajador Ken Salazar, mientras la DEA espera que su reclamo sea escuchado por un vecino desconfiado de su operación en México. EU envía el mensaje de estar listo para colaborar con el país para cortar la expansión de los cárteles y juzgar a sus líderes en sus tribunales.
Las acusaciones de narcos procesados (y beneficiados) allá contra García Luna han tenido seguimiento puntual en las mañaneras, con objeto de ventilarlas en la opinión pública, así como las respuestas a la DEA de que México no hace lo suficiente contra el fentanilo. Pero no en los tribunales porque, primero, en el caso de García Luna sus cómplices también fueron extraditados a EU, y segundo, dado que aquí no se le persigue por delincuencia organizada que sí involucrara cárteles con actores políticos.
Ningún gobierno en México ha querido investigar a García Luna a pesar de las denuncias desde hace 15 años por corrupción y vínculos con el crimen. Ya iniciado el juicio en NY, la FGR, siguiendo la ruta del dinero de los sobornos, presentó en Florida una demanda en su contra por desviación de recursos públicos por 700 millones de dólares. Y luego se informó de otras dos carpetas, una por entrada ilegal de armamento en la operación Rápido y Furioso”, que comandó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU; la otra, por corrupción en penales federales privatizados cuando estaban bajo responsabilidad del exsecretario de Seguridad de Calderón.
Ninguno de los delitos tiene vinculación con el proceso en NY, confiesa la FGR. Tras el fallo ¿México estará listo para reclamarlo y llevarlo a tribunales, hay voluntad política y capacidad de juzgarlo? Son las preguntas abiertas del juicio de Brooklyn.
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