El Sistema de Administración Tributaria (SAT) autorizó el cambio de domicilio fiscal a la Caja Popular San Juan Bosco de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez, por las condiciones de inseguridad qué hay en la ciudad colonial, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) autorizó la tarjeta patronal al consejo de administración 2023-2027 a quien por derecho le corresponde para tramitar exclusivamente las altas y bajas en la nómina de la Cooperativa. De igual manera Bancomer y Banorte en atención a la solicitud del Consejo de Administración, congeló las 19 cuentas; 18 en banorte y 1 en bancomer para que los individuos que se apoderaron ilegalmente de las instalaciones de la Caja Popular el pasado 2 de febrero, no puedan retirar un solo peso y así se garantiza el dinero de todos los socios y ahorradores menores. Cumpliendo con la ley, se han presentado las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas y confiamos que una vez integrada la carpeta de investigación se procederá a detener a los infractores de la ley y a desalojar las instalaciones que fueron ocupadas por medio del uso de la fuerza y la violencia como es del dominio público.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está notificada por el Consejo de Administración desde el día 3 de febrero, de la eventualidad en la que se encuentra la Cooperativa por el capricho y la ilegalidad de quienes estuvieron 35, 20 y 15 años al frente de la administración de la Caja Popular manejando los dineros de los socios a su antojo y que en la ilegalidad pretenden ahora perpetuarse en ese lugar. José Antonio Flores Lopez, Javier Valdiviezo Sánchez y Felix Carlos López Martínez, por citar solo algunos, son cómplices del daño financiero que le han hecho a la Caja Popular y saben el daño que le están ocasionando con su actitud intransigente, chantajista y caprichosa cómo de niños revoltosos, pero eso es lo que menos les importa, ellos no están ahí por interés, están ahí por el capital de la Cooperativa, pero no se los vamos a permitir. Manuel Maciel Mora, Jose Nolasco Montoya Aguilar y Gerardo Edali Aguilar Martínez, dejaron de ser empelados administrativos para convertirse en operadores de la ilegalidad y cómplices de quienes se escudan absurdamente en una representación que tuvieron pero que por sus propios errores y abusos perdieron. Unos y otros se tapan con la misma cobija, aunque debajo de ella se estén dando piquetes de ojo y puntapiés en las espinillas. Ahora dicen que quieren una asamblea general de socios, adelante, se les toma la palabra, ojalá después no se echen para atrás diciendo que ellos nunca pidieron eso, porque palabra y vergüenza ni tienen ni conocen su significado. En caso de una asamblea deberán participar únicamente los socios activos, pero primero necesariamente se debe restablecer el orden y la legalidad; porque cualquier asamblea que se realice en medio de lo ilegal, los acuerdos que de ella emanen serían nulos de pleno derecho. Por lo que corresponde a los socios y ahorradores menores, pueden estar tranquilos porque su dinero no corre riesgos, está protegido por el Fondo de Reserva que supervisa el FOCOOP y regula la CNBV en aquellos supuestos casos en los que, una entidad financiera como la Caja Popular estuviera en riesgo d euba posible quiebra, situación que no sucede en la Cooperativa porque no estamos frente a una quiebra si no ante actos ilegales y de violencia, que son situaciónes totalmente distintas.
Es importante señalar que todo recurso que los socios ahorren o los dineros que hayan pagado en efectivo del 3 de febrero a la fecha en cualquiera de las sucursales de la Caja Popular carece de validez y legalidad porque al estar congeladas las cuentas bancarias de la Cooperativa, ese dinero no se puede ingresar o depositar para su resguardo, y se lo están quedando quienes desde lo ilegal están engañando a los socios, para financiar sus actos ilícitos. Lo correcto sería que vayan con su ficha de ahorro o del pago del crédito que hayan realizado a pedir que les devuelvan su dinero o que les demuestren que efectivamente ellos pueden operar las cuentas bancarias, caso contrario estarían aceptando y demostrando que el dinero de los socios se los pueden robar descaradamente y en cualquier momento. Los socios que quieran salir de dudas los invitamos a que vayan a saludar a doña Violeta Pascasio, gerente de la sucursal de Bancomer y a doña Artemia Hernández González, gerente de la sucursal de banorte en la plaza San Cristóbal frente a Chedrahui y que ellas les digan si las cuentas de la Caja Popular están activas o congeladas. Si estuvieran activas sería un alto riesgo para los socios y si están congeladas es la tranquilidad de que su dinero está protegido. Así de fácil se puede salir de dudas. Ahora bien, los socios que han caído en vencimientos de sus créditos del 3 de febrero a la fecha, pueden estar tranquilos, porque no es culpa de ustedes lo que está viviendo la Cooperativa y se van a condonar los intereses moratorios en cuanto las autoridades judiciales restablezcan el orden legal en la Caja Popular y de esa manera los socios no caerán en morosidad en su historial crediticio.
No se dejen amenazar ni dejen que les roben su dinero. El Consejo de Administración tiene la facultad por leyes y por las bases constitutivas para condonar los interes moratorios pero no el capital. Dinero que un socio haya prestado lo tendrá que pagar como regularmente lo hacen en la Cooperativa, pero será a partir de que la situación de ilegalidad sea resuelta por las instancias jurídicas que corresponde. En el caso de los empleados que reciben órdenes o se han convertido en cómplices del grupo ilegal que se instaló el pasado 2 de febrero, están plenamente identificados y están siendo dados de baja en el IMSS y si es chisme como dice José Antonio Flores, pues que él les arregle primero su relación obrero-patronal y después su situación legal ya que por acción, omisión o complicidad todos serán responsables de los daños y perjuicios que se generen en contra de la Caja Popular y de los socios ahorradores. A 18 días de la barbarie y el vandalismo, el consejo de administración, el consejo de vigilancia 2023-2027 y el Comité de Crédito, así como la Gerencia General y el Apoderado legal de la Cooperativa, seguimos adelante, firmes en la defensa de la legalidad, el orden y el estado de derecho. Confiamos plenamente en el resolutivo que en su oportunidad van y vayan emitiendo las autoridades federales y estatales, contables, financieras y judiciales, porque al recibir nuestras denuncias, solicitudes y notificaciones, nos han respondido de manera positiva al demostrar con la documentación requerida y con pruebas, que nos conducimos bajo la ley y por esa ruta, que es la correcta, habremos de continuar.
Este mismo lunes hemos tramitado ante el SAT el Aviso de cierre de establecimiento de cuatro sucursales: María Auxiliadora, Guadalupe, Mexicanos y San Ramón, porque desde ahí los empleados conscientes de la ilegalidad de quienes suplantan una identidad que no tienen, se han prestado y se han coludido para realizar operaciones financieras al margen de la ley. Todos estas medidas preventivas son necesarias para proteger el dinero de los socios y evitar que les roben su dinero. Por ser legal el procedimiento, las autoridades lo autorizan. Más claro ni el agua. Cualquier operación que se realice en estás sucursales a partir de este martes 21 de febrero estarán incurriendo en delitos de evasión fiscal donde ya no se afecta a la Cooperativa sino a la Federacion al evadir impuestos de orden federal lo que es un daño contra la nación. El que nada debe nada teme y quien la hizo que la pague.
