SOCIEDADHORIZONTAL

El turno de la Corte

Armando Ríos Piter/Excélsior/Ultimátum

El día de ayer, se llevaron a cabo amplias movilizacio­nes y marchas con la parti­cipación de miles de perso­nas que manifestaron su defensa al Instituto Nacional Electoral (INE), así como su rechazo al llamado “Plan B” que ha impulsado el presidente López Obrador en materia comicial. Las fotos de aglomeraciones en dis­tintas partes -más de 100 ciudades de México y el extranjero, según los or­ganizadores- dieron muestra de una fuerte convocatoria. Fotografías del Zócalo capitalino, con la presencia de unas 200 mil personas, así como en muchas plazas del país, se “virali­zaron” en las redes sociales.

Al iniciar el mes de febrero, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advirtió, res­pecto a estos cambios legales que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver su constitu­cionalidad para el mes de junio, antes del inicio de los procesos electorales. Cabe señalar que al día de hoy, la Re­forma Electoral impulsada por el go­bierno, enfrenta un alud de recursos: juicios de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad presentados por los partidos de oposición y dos más que plantearon los legisladores. Adicionalmente, el Instituto Nacio­nal Electoral (INE) también presen­tó una controversia constitucional contra las reformas en materia de propaganda gubernamental apro­badas recientemente.

Una acción de inconstituciona­lidad es un “mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico aquellas normas generales que sean contrarias a la Constitu­ción”. Por otro lado, una controver­sia constitucional es el “el juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resol­ver los conflictos que surjan entre poderes federales o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal”. Por último, el recurso de amparo se interpone “en contra del funcionario o autoridad que ordene el acto que se presume violatorio de la Constitución Política”. En resu­men, la Corte deberá resolver si lo aprobado por Morena y sus aliados, contraviene o no, el acuerdo fun­damental que representa nuestra Carta Magna.

El ministro Alberto Pérez Dayán ha asegurado que, en su experiencia, ninguna reforma de ley había sido tan impugnada como la primera par­te del llamado “Plan B”. Por su parte, AMLO ha declarado que “el que haya reformas a las leyes y se impugnen, (que) se acuda al Poder Judicial me­diante recursos, controversias, pues todo eso parte de la normalidad po­lítica y un verdadero Estado de De­recho”.

Nuestra historia da muestra cla­ra de episodios donde la ausencia de un amplio consenso en los mecanis­mos para la sucesión del poder, han devenido en caos, confrontación e incluso violencia. Por esta razón, en las últimas décadas siempre

se buscó que los cambios electo­rales contaran por lo menos con una mayoría calificada, de dos terceras partes de los votos, aunque preferen­temente con la unanimidad de ellos.

Toca el turno a la SCJN, de velar por el cumplimiento del pacto jurí­dico que da razón de ser a la convi­vencia social en materia electoral. Es fundamental que los once ministros y ministras que la integran, tomen en cuenta que, con su presencia en las calles, miles de personas manifesta­ron su rechazo a lo avalado reciente­mente por el Poder Legislativo. Esta gente representa -según las encues­tas más recientes- por lo menos a la mitad de la población, que mantie­ne su aprobación al desempeño del árbitro electoral con el marco legal vigente.

Sirvan estas consideraciones para recordar que la obligación del Poder Judicial es resolver los conflic­tos y evitar que estos se profundicen con sus resoluciones. La esencia del acuerdo constitucional está en jue­go. En un escenario de polarización como el que hoy vivimos, los inte­grantes del máximo órgano jurisdic­cional, serán responsables mediante su voto, de la convivencia armónica de millones de mexicanos. La #Socie­dadHorizontal habrá de reclamarles templanza y compromiso histórico, ante una decisión tan trascendente.

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