*La reforma electoral, mal planteada desde el inicio
*Sembraron la idea de que quieren manipular elecciones
Alejandro Moguel/Ultimátum
Muchos creen que el presidente, Andrés Manuel López Obrador no supo explicar cuáles eran las principales motivaciones para hacer una profunda reforma electoral. Dejó fluir la idea de que el gobierno quiere dar un salto al pasado, por lo menos tres décadas, para manipular las elecciones. Esa es la percepción ciudadana.
Esa es la idea que está sembrada en los pensamientos de varios millones de mexicanos. Eso cree la gente pensante de México y del extranjero. Ya no hay vuelta atrás. Esas son las consecuencias de un discurso improvisado del presidente y la repetición –como si fueran loros- de las cúpulas morenistas. Nunca pudieron hilar un discurso coherente, convincente ni creíble. Hicieron un embrollo del cual ya no pueden salir. Una vez que el plan B se publicó en la madrugada del jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación, el futuro de la reforma electoral pasó a manos de los tribunales.
Los actores políticos de la oposición advirtieron que habrá una lluvia de acciones de inconstitucionalidad porque hay muchos elementos en las leyes secundarias que contradicen a la Carta Magna. Y es que como el presidente, Andrés Manuel López Obrador y los morenistas no pudieron reformar la Constitución porque no tienen las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras, requisito indispensable para hacerlo, pusieron a trabajar al hígado y a sus ánimos de venganza en las leyes secundarias con la única intención de “destazar” al Instituto Nacional Electoral (INE), tal y como lo fue a decir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández ante legisladores guindas. Fue así que el jueves a primera hora, el INE impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el artículo transitorio que ordena el cese de funciones del secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, quien en 2020 fue designado para un nuevo periodo de seis años.
El árbitro electoral considera que sólo el Consejo General tiene la facultad de destituir a quien ocupe este cargo, ya que es la autoridad facultada para nombrarlo con el voto de las dos terceras partes. Además, arguyó, la Constitución señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo de un secretario ejecutivo. Por su parte, los coordinadores de la alianza Va por México en la Cámara de Diputados y los líderes del PAN, PRI y PRD, anunciaron diversas impugnaciones.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que la reforma electoral pasará y rechazó que con ésta se ponga en riesgo la democracia o el voto ciudadano, la oposición anunció recursos de inconstitucionalidad. El diputado y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas expresó que con la promulgación de la reforma inició la batalla legal en la que el tricolor se sumará para defender a la democracia.
El líder del PRD, Jesús Zambrano, señaló que la promulgación del plan B corresponde a la molestia del jefe del Ejecutivo por la marcha ciudadana del pasado 26 de febrero. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, informó que buscará que las impugnaciones por parte de la oposición que se presenten se resuelvan a la mayor brevedad. Además, nadie se explica por qué si el INE actual organizó, llevó a cabo y dio como resultado el triunfo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador en julio de 2018 y ha arbitrado también elecciones en 22 entidades federativas a favor del partido del presidente, éste quiera despedazar a ese órgano. Al no estar a la vista ningún elemento que justifique esos ataques al INE, lo único que lleva a pensar es que el presidente tiene miedo a perder en 2024 la elección presidencial y las mayorías en las cámaras legislativas. No hay otra razón creíble por la que el poder presidencial esté tan interesado, hasta obsesionado, por debilitar al árbitro electoral. Desde su creación, el IFE primero y el INE después, han organizado 322 elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel local, y en todas se han alternado los partidos políticos. Es decir, eso es suficiente muestra de que se ha respetado el voto de los ciudadanos. Seguramente hay muchos aspectos que pueden mejorarse, pero todas las mejoras deben hacerse con pleno respeto a las leyes y a la Constitución General de la República.
DEBE REIVINDICARSE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene hoy la gran oportunidad de reivindicarse como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En su portal se define de la siguiente manera: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.
En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. “Con base en lo señalado por la Constitución Mexicana, el Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de derecho. “Es importante mencionar que este es un poder distinto al que imparte la justicia local, es decir, que sólo conoce de las materias expresamente asignadas en la Constitución”. alexmoguels@hotmail.com
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