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La voluntad popular como eje en la toma de decisiones públicas. Por Emiliano Villatoro Alcazar. La izquierda como proyecto político enarbola la idea de que la voluntad del pueblo sea quien tome las decisiones sobre los asuntos públicos, incluso sobre el erario. Esta premisa no ha sido descartada en el proyecto de nación que inició en 2018 en nuestro país; con una serie de acciones en materia de política social y electoral para fortalecer la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó a construir un andamiaje para que los ciudadanos tomaran decisiones en los asuntos públicos. “Que la vida pública sea cada vez más pública”, afirmaba el mandatario. AMLO puso en marcha, previo a su investidura, la consulta nacional en noviembre de 2018, para definir el rumbo de los programas prioritarios que desarrollaría durante su administración. Esto sería el primer ensayo, porque luego vino una consulta en el año 2021 para decidir si se realizaban acciones legales o no en contra de los expresidentes, así como el proceso de revocación de mandato en 2022. Todo esto formó parte de una estrategia para institucionalizar la voluntad popular como eje rector en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. El asunto no terminó ahí; en paralelo, habría que resaltar otros modelos de participación a nivel comunitario que empoderan a la ciudadanía en la conducción política tanto de su territorio como de su bienestar. El programa “Camino de Mano de Obra”, implementado en Oaxaca, con una inversión de 13 mil 810 millones de pesos y destinado a la construcción de 222 caminos artesanales de concreto hidráulico en todas las regiones indígenas del estado, fue un éxito para que las comunidades indígenas mejoraran el acceso a sus lugares de vida. El programa "La Escuela es Nuestra" también es un modelo que profundiza la transferencia no solo de recursos públicos por parte del gobierno, sino también de poder hacía la ciudadanía. Este programa consiste básicamente en que los padres de familia administren recursos públicos para el mejoramiento de las escuelas de nivel básico y media superior. Directamente, la Tesorería de la Federación transfiere el dinero a los padres de familia, quienes, organizados en un comité, disponen de la administración del dinero para ejecutar obras de impacto en las escuelas. Este ha sido un modelo de gestión del erario público y de poder comunitario que el gobierno ha fortalecido. En 2024, con la finalidad de mejorar la infraestructura hospitalaria, se decidió poner en marcha "La Clínica es Nuestra", con la misma dinámica: que la población administrara el dinero del pueblo para la mejora de las clínicas rurales del IMSS–Bienestar. Con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, además de mantener la política de toma de decisiones a nivel comunitario, se planea ir más allá. Con la creación del Fondo Indígena para la Infraestructura Social, que tuvo lugar el pasado 16 de enero, se establece un precedente histórico en términos presupuestales y de derechos sociales para los indigenas. El monto inicial del Fondo será de 12 mil 374 millones de pesos, que irá creciendo año con año, del cual serán beneficiadas 13 mil comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanas. El apoyo llegará directamente a comités que se elegirán en asambleas comunitarias, las cuales decidirán la obra a realizar con el dinero público que les depositará la Tesorería de la Federación. El hecho de que la población maneje parte del erario publico y decida sobre el quehacer en escuelas, clínicas, caminos y comunidades es de notable trascendencia histórica y un cumplimiento de un gobierno de izquierda. Además, rompe con los mitos que la politica y el gobierno solo puede ser tema de interes para una minoria o un grupo de “especialista”. Se ha demostrado que los pueblos pueden decidir sus obras y manejar el erario publico.

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