Andrés Llanos
anllaco@hotmail.com
@AndresLlanos71
En Agosto de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el fin de la corrupción en el gobierno. Le bastaron tan solo 9 meses, para tan singular declaración que hizo reír a muchos incrédulos.
En un país cuya estructura social y política está copada por la corrupción es difícil creer que la solución sea una cartilla moral y el anuncio rimbombante de su extinción.
Más aún, cuando el gobierno es en los hechos, el generador principal debido a la falta de transparencia, ausencia de un plan serio de combate y por el alto grado de impunidad, que genera el manejo insano de la justicia.
En casi cuatro años de gobierno, López Obrador, no ha podido disminuir los niveles de corrupción y por lo tanto, no tiene ningún control sobre la misma. Es lo que se ve, con los múltiples escándalos que se destapan de forma recurrente, principalmente por los medios de comunicación.
Hasta el momento, a nadie se le ha fincado responsabilidad penal. El presidente no ha querido ver, ni sancionar la corrupción de su gobierno, esa que involucra a los funcionarios cercanos de su gabinete y también, la que relaciona a sus familiares con el gobierno federal.
Los escándalos y las pifias corruptoras van de un lado a otro; de la Función Pública, a la CONADE, de SEGALMEX a la CFE, de la casa gris en Houston al uso del avión del ejército, para un evento partidista.
Del manejo oprobioso de la pandemia, al desvío de recursos y uso faccioso de los programas sociales. La bolsa de la impunidad está muy abultada.
La corrupción recurrente en Pemex, es cosa aparte, la empresa con que el gobierno exalta el nacionalismo, porque se dice es de todos, aunque no beneficia al pueblo con el progreso, sino a unos cuantos iluminados.
Esa empresa, perdió el año pasado 224 mil millones de pesos y está lejos de ser rentable, a pesar de que el gobierno actual, le ha inyectado millonarios recursos públicos.
Una de las razones del coma profundo en que sobrevive Pemex, es la mala administración de los funcionarios que la dirigen.
Ahora, por ejemplo, la metida de mano, está a cargo de Octavio Romero, el ingeniero agrónomo y director, que asigna contratos sin licitación, como los de la prima Felipa Obrador.
Romero Oropeza también ha sido exhibido en el nepotismo que practica. El tráfico de influencias con empresas, familiares y aliados de la 4T, es cosa normal en Pemex .
Recientemente se acaba de conocer, que la Auditoria Interna detectó una red de corrupción, que por 5 años simuló contratos de perforación y generó un desfalco millonario por más de 100 millones de dólares (2 mil millones de pesos).
Es decir que en casi cuatro años del gobierno de AMLO, la corrupción en Petróleos Mexicanos, ha estado activa.
Hasta el momento, se ha retirado del trabajo a cinco personas y las investigaciones, se dirigen a más jefes en la Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción ( SASEP).
Lo ideal será, que con las investigaciones y la demanda obligada, se logre el resarcimiento del daño patrimonial. El gobierno y Pemex, deben hacerlo, si quieren rescatar un poco de credibilidad.
La corrupción en el gobierno no se ha terminado, ni por asomo. No será por decreto presidencial, sino mediante un verdadero plan de combate.
Sin embargo, con el retroceso que México experimenta desde 2019, en materia de transparencia (gobierno abierto); el panorama todavía se ve muy oscuro y el tiempo es limitado.
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