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El INE moriría por inanición

Alejandro Moguel/Ultimátum

Cada que le rascan al Plan B de refor­ma electoral del presidente, An­drés Manuel López Obrador le encuentran más elementos que debilitarán al máximo el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) y se ha llega­do a la conclusión de que todo su contenido tiene como pro­pósito fundamental atentar contra la equidad y la certeza del voto de los ciudadanos mexicanos. Ya no habrá transparen­cia ni garantías de piso pare­jo en la contienda. Eso que a los mexicanos les ha costado mucho tiempo ganarlo. Si pa­sa ese Plan B, el partido en el poder presidencial y el poder mismo tendrían en sus ma­nos todas las llaves para ma­nipular a su antojo las elec­ciones. Como lo hacía el PRI en sus mejores momentos. Morena y AMLO ya se dieron cuenta que, por las buenas, les va a costar mucho rete­ner la elección presidencial y mantener mayorías en las dos cámaras. Por eso, quieren jugar a la mala. El propio órgano electo­ral presentó el miércoles un informe detallado del conte­nido de esas reformas secun­darias y sus implicaciones. El INE alertó que la reforma electoral que impulsa el man­datario nacional reducirá su plantilla laboral en un 85% y tendrá repercusiones ne­gativas en distintos produc­tos y servicios del organismo electoral. El árbitro electoral dio a conocer su informe sobre las implicaciones que tendrán las reformas a las leyes se­cundarias en materia elec­toral (Plan B) que aprobaron una mayoría de Morena en el Congreso de la Unión a ini­ciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, actualmente el INE necesita de 2,571 pla­zas de cargos y puestos que conforman la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Sin embar­go, la reforma sólo contempla mantener 396 plazas, lo que significa la disminución de la estructura del 84.6% respec­to a la conformación actual.

“La sustitución del perso­nal profesional por contrata­ciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selec­ción como el concurso públi­co para el ingreso al SPEN, no permitirá garantizar la inde­pendencia, profesionalismo, solvencia técnica y compro­miso de quienes se recluten de forma ocasional”, alertó el INE. Detalló que la reforma impacta fuertemente las fi­nanzas del INE, pues propo­ne liquidar a miles de trabaja­dores, quienes por ley tienen derecho legal a recibir tres meses de su remuneración y adicionalmente 20 días por cada año de servicio.

“Ello representa una fran­ca afectación de los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por concur­so público, que es evaluado, formado y capacitado de for­ma permanente, a partir de lo cual desempeña su empleo en apego a los principios de independencia y autonomía. Así, la reforma compromete labores sustantivas del INE para organizar elecciones au­ténticas”, detalló. Detalló que la reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora­les (LEGIPE) contempla la reestructura organizacional del INE en sus órganos des­concentrados, y elimina las 300 Juntas Ejecutivas Dis­tritales (JED). Éstas son las encargadas de realizar el tra­bajo sustantivo de los comi­cios, en todo el territorio na­cional, para la preparación, organización y celebración de elecciones.

La reforma propone des­aparecer los 300 órganos dis­tritales completos y dejar a una sola persona en cada una de esas demarcaciones en que está dividido el país. “En lu­gar de esos 300 cuerpos eje­cutivos colegiados se propone que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa) que ten­dría, bajo su responsabilidad, las tareas legales que hoy co­rresponden, como marca la constitución, a órganos eje­cutivos no unipersonales. Pretende dejar como un cascarón, es decir semiva­cías, a cada una de las 32 de­legaciones estatales del INE. “Asimismo, se contempla reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales —las mismas que las de las Juntas Ejecutivas Distritales pues sus funciones son seme­jantes para cumplir con las atribuciones del INE— pasan a tres vocalías al eliminar la Vocalía Secretarial y fusionar la de Organización Electo­ral con la de Capacitación y Educación Cívica, recortando 262 plazas, 96 de las cuales son del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)”, apuntó.

Explicó que la reforma afecta de forma directa la ac­tualización del Padrón Elec­toral y la cartografía electo­ral. “La integridad de ambos instrumentos se vería com­prometida en su calidad y alcance y los trámites asocia­dos a ellos, particularmente a nivel distrital, ya que afecta el vínculo de la ciudadanía con el Estado mexicano (re­presentado en este caso por el INE)”, planteó el INE. Añadió que a nivel dis­trital se lesionan las tareas de actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, la depuración del mismo, así como la super­visión y seguimiento de las actividades que realizan los Módulos de Atención Ciuda­dana (MAC), que es donde la ciudadanía tramita su cre­dencial para votar.

Estaría en riesgo la trami­tación de nuevas credenciales de elector con fotografía, su reposición cuando esos docu­mentos han sido extraviados y su reemplazo cuando han perdido su vigencia. Y es que la reforma plantea que esos Módulos de Atención Ciuda­dana se instalen en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud, “donde no hay garantía de que exista la infraestructura informática, de transmisión y resguardo de datos que permitan pro­teger datos personales sensi­bles como son las fotografías y las huellas dactilares de ca­da ciudadano”. El informe adviertió que la desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales, implica­ría dañar las tareas de educa­ción cívica permanentes y, so­bre todo, no contar con el per­sonal encargado de capacitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos cada elección fe­deral para integrar las Mesas Directivas de Casilla.

“En cada distrito, en pro­medio, se instalan cada que hay elecciones 550 casillas, y se visita en sus domicilios a 40,000 ciudadanas y ciuda­danos para que funjan como funcionarios de casilla. El personal especializado a car­go de esa tarea simplemente desaparece con la reforma que compromete la insta­lación de las casillas y, con ello, arriesga el ejercicio del derecho al voto ciudadano”, destacó.

alexmoguels@hotmail.com