ECOLOGÍA HUMANA

Visión ambiental para el futuro en México
(PARTE 1 DE 2)

Amado Ríos Valdez/Ultimátum

Los tiempos políticos están muy adelan­tados en nuestro país, prácticamente estamos en plenas campa­ñas políticas para definir las candidaturas presidenciales a poco más de un año para las elecciones federales. Es tiem­po también de las propuestas programáticas que puedan configurar un plan de gobierno alineado con las apremiantes necesidades nacionales y las urgencias y los compromisos globales en materia social y ambiental. En esta lógica es que he contribuido para ge­nerar la agenda programática gubernamental de algunos de los aspirantes a la candidatu­ra presidencial. Los textos que comparto a continuación son parte de esta contribución, mismas que aparecerán en un libro de próxima aparición.

1. QUE EL QUE CONTAMINE PAGUE

Los costos ambientales del desarrollo han sido gene­ralmente pagados por la so­ciedad en su conjunto, no solo en lo económico, sino también en su salud y su bienestar, no obstante, los grandes genera­dores de contaminantes sean empresas privadas o públicas, no han internalizado los costos ambientales de sus acciones, provocando que sea el estado, la sociedad civil o las organiza­ciones sociales las que se hagan cargo de combatir la contami­nación de aire, agua y suelos y sus efectos. El gobierno debe promover que los generadores de agentes contaminantes o de malas prácticas ambientales y sociales, sean públicos o pri­vados, se hagan cargo de sus acciones e internalicen en sus costos la prevención, elimina­ción o compensación de sus impactos ambientales.

El gobierno debe ser proac­tivo y promover los cambios normativos necesarios para que las empresas públicas y privadas, las organizaciones, actividades o personas que generan contaminantes e im­pactos ambientales negativos hagan los cambios necesarios y urgentes para que dejen de contaminar y se hagan cargo de eliminar o reducir, al míni­mo posible, los efectos y acti­vidades que generen daños al medio ambiente y la sociedad.

2. INCOPORAR LA POLÍTICA AMBIENTAL EN TODAS LAS ACCIONES DE GOBIERNO

Para combatir y prevenir con efectividad la contamina­ción ambiental y sus efectos, en el sentido más amplio, se requiere abandonar definiti­vamente la visión sectorial e incorporar políticas y accio­nes de bienestar socioam­biental en todas las políticas públicas, planes y acciones del gobierno y en todas y ca­da una de sus instituciones. La visión sectorial debilita y encasilla en una institución y a unos cuantos funcionarios públicos la responsabilidad de combatir los efectos negativos en el medioambiente y en la sociedad de las actividades productivas. La responsabili­dad de minimizar o eliminar la contaminación, así como el combate a la crisis climática mundial, debe ser responsabi­lidad de todas las instituciones de gobierno sin excepción.

Internalizar los costos am­bientales no solo es una res­ponsabilidad de las empresas privadas y públicas que generan daños socioambientales, es una obligación, por ello el próximo gobierno y las instituciones públicas del gobierno federal deben realizar planes y ejecu­tar acciones para disminuir y eliminar sus impactos ambien­tales tanto en las obras públi­cas, como en las adquisiciones, reparaciones, instalaciones, en el uso de vehículos públicos, transporte público, compras de consumo diario, consumo de energía, disposición de re­siduos, etc. En todas y cada las actividades del gobierno y en todas y cada una de las institu­ciones se deben elaborar pla­nes y se aplicarán acciones para eliminar la huella de carbono y reducir drásticamente los efec­tos socioambientales negativos.

3. UN GOBIERNO QUE SEA EJEMPLO DE SUSTENTABILIDAD PARA TODA LA SOCIEDAD

En las compras del gobier­no se deben privilegiar como proveedores a las empresas sociales, cooperativas, ejidos, comunidades, empresas pri­vadas y públicas que cuenten con certificaciones ambienta­les y sociales, a los productores orgánicos, de comercio justo, igualdad de género, etc. Siendo el gobierno y sus instituciones uno de los principales motores de la economía en el país, éste tendrá la responsabilidad de dar el ejemplo y propiciar las cadenas productivas susten­tables a partir del consumo ambiental y socialmente res­ponsable. En todas las obras públicas y en las adquisiciones de gobierno y las licitaciones, se debe dar un valor igualmen­te importante a las medidas socioambientales como a las técnicas y las económicas pa­ra decidir sobre las distintas ofertas y serán un factor defini­torio en caso de que las ofertas empaten en los otros factores.

4. GOBIERNO CON ADQUISICIONES AMBIENTAL Y SOCIALMENTE RESPONSABLES

En las adquisiciones de papel, mobiliario y equipo de madera y otros derivados, las compras de gobierno deben privilegiar como proveedores a los ejidos y comunidades certificadas ambientalmente. Las compras de consumibles igualmente darán prioridad a las empresas sociales de pro­ductos orgánicos, de comercio justo y con igualdad de género.

Para favorecer el consumo responsable y a los producto­res locales en cada región del país, el estado mexicano debe promover los mercados en los pueblos, barrios y colonias y apoyar a los productores pa­ra que vendan sus productos directamente al consumidor, no solo en los pueblos y comu­nidades, sino también, y con especial énfasis, en las grandes ciudades. Se impulsará una política proactiva para redu­cir la huella de carbono de los productos de consumo coti­diano de la sociedad mediante el apoyo a los productores loca­les y la venta de sus productos directamente al consumidor mediante tianguis o mercados de productores, con ello se es­pera beneficiar a los produc­tores, a los consumidores y a la sociedad al reducir la huella de carbono de los productos.

5. GOBIERNO CON IMPULSO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE

En el uso de vehículos oficiales y en todas las activi­dades se debe dar prioridad a los transportes que no consu­man combustibles fósiles y si no existe en el mercado una oferta ecológica, se optará por la menos contaminante dis­ponible. El estado mexicano impulsará y apoyará las ini­ciativas de los gobiernos de los estados y los municipios en los que se realicen obras para be­neficiar los transportes públi­cos ecológicos y las compras de consumibles e infraestructura certificada ambiental y social­mente. Y en sentido inverso, el gobierno federal no apoyará los proyectos que impliquen el uso de tecnologías, insumos o prácticas contaminantes si en el mercado existen opciones más limpias y ecológicas.

6. INFRAESTRUTURA VERDE PARA TODAS LAS CIUDADES DEL PAÍS

El gobierno federal impul­sará en todas las ciudades del país, tomando en cuenta que mayoría de la población vive en entornos urbanos, la crea­ción de infraestructura verde, la ampliación de parques, jar­dines y del espacio público, la recuperación y forestación de áreas propicias en cada colonia para fomentar la convivencia, el sentido de comunidad, el orgullo, la autoestima social y ampliar los espacios y áreas verdes. Se promoverá en cada una de las ciudades el objeti­vo que marca la Organización Mundial de la Salud de que existan por lo menos 12 metros de área verde por habitante.

amado.rios@gmail.com