Detectan graves fallas ambientales y omisiones técnicas, contrario a lo que presumió la presidenta.
Leonardo Gutiérrez/Ultimátum
Apenas unos días después de que la presidenta municipal, Manuela Angélica Méndez Cruz, afirmara que su administración había logrado un municipio “más limpio, con mayor orden y tranquilidad”, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos por graves irregularidades e incumplimientos ambientales.
En un video difundido el pasado 10 de octubre, la alcaldesa presumió avances en materia de limpia municipal y aseguró que su gobierno había restablecido el servicio de recolección y devuelto la dignidad al área de limpia. “Ocosingo tiene un nuevo rostro”, señaló en su mensaje.
Sin embargo, la versión oficial contrastó con la resolución técnica emitida por la Profepa, que tras una visita de inspección ordinaria al Ayuntamiento de Ocosingo determinó la clausura del vertedero municipal. El organismo federal detalló que el sitio carecía de estudios topográficos y geotécnicos, de una celda de disposición final adecuada y de medidas que garantizaran la protección del suelo, subsuelo y cuerpos de agua cercanos.
La dependencia informó además que el Ayuntamiento no presentó el manual de operación ni los programas de monitoreo ambiental, biogás, lixiviados ni acuíferos, todos obligatorios conforme a la normatividad ambiental. Tampoco entregó el estudio de caracterización del CRETI (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad e Inflamabilidad) de los lixiviados generados, lo que impide evaluar el riesgo para la salud y el medio ambiente.
Durante la inspección, la Profepa constató que el basurero no contaba con una barrera geológica natural ni con sistemas de impermeabilización, drenaje pluvial o control de biogás. Tampoco disponía de infraestructura para la quema o conducción del gas, ni de medidas para evitar la dispersión de materiales, proliferación de fauna nociva o delimitación segura de acceso.
La clausura del sitio evidenció las inconsistencias entre el discurso político y la gestión ambiental del municipio más grande del estado, considerado uno de los principales generadores de residuos en la región Selva. Aunque Méndez Cruz sostiene que su gobierno ofrece “soluciones reales”, la medida federal exhibe un problema estructural aún sin resolver en el manejo de la basura.
Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento no había emitido un posicionamiento oficial ni presentado un plan emergente para el manejo temporal de los desechos. La Profepa informó que mantendrá la vigilancia del cumplimiento de la ley ambiental y los procedimientos administrativos derivados de la inspección.
