El “caído” le cae a los Oxxo’s
Amet Samayoa Arce / Ultimátum
Tarot Político Como si a Tuxtla no le sobraran problemas y su presidente estuviera exento de bretes —y del acecho de la cárcel—, ahora resulta que el “caído” decidió estrenar su faceta de justiciero administrativo. Ángel Torres Culebro, además de corrupto e inepto, se ha ganado a pulso los calificativos de rencoroso y vindicativo. Y no precisamente por combatir la ilegalidad con pulcritud institucional, sino por usar la ley como garrote selectivo.
Esta semana ordenó, de manera tajante, buscar cómo “reventar” a las tiendas de conveniencia, para enseñarles que no debían mentirle ni jugarle a las escondidas. Fue así como procedió, garboso, a la clausura de diversas tiendas Oxxo en la capital, bajo el argumento del incumplimiento de pagos por uso de suelo, refrendos y obligaciones en materia de Protección Civil.
En los hechos, se sabe que cerca del 50 por ciento de las aproximadamente 140 tiendas que operan en Tuxtla no han cubierto lo correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Por ello, inspectores municipales iniciaron con la entrega de más de 25 notificaciones y, a su vez, con la colocación de sellos de clausura en establecimientos estratégicos: el del parque Bicentenario, el de la 11 Poniente y 4 Sur, el ubicado frente al parque Central, así como otros de alta afluencia y ventas. El mensaje fue claro: ahora sí el ayuntamiento “haría valer la ley”.
Venganza bravucona del tabasqueño
Pero, como suele ocurrir cuando el “caído” mete las manos, detrás de la fachada hay gato encerrado. Fuentes bien enteradas revelan que, previo a las clausuras, directivos de Oxxo habrían pactado con el presidente municipal tabasqueño la donación de cámaras de videovigilancia. Al no cumplirse ese “acuerdo”, sobrevino la orden fúrica: “clausúrenlos”. No por convicción administrativa, sino por despecho político y revancha personal.
La historia no termina ahí. Los sellos fueron retirados ipso facto. Sin explicaciones públicas, sin transparencia, sin un solo documento que —al menos a la vista— acredite que el adeudo fue cubierto conforme a la ley. Todo apunta, una vez más, a componendas, arreglos bajo la mesa y a la vieja práctica de la mordida institucionalizada.
Veamos: si el objetivo era cobrar contribuciones, ¿por qué el silencio posterior? ¿Dónde están los recibos? ¿Dónde el informe oficial de cumplimiento? ¿O acaso la ley también se levanta cuando el sobre llega a tiempo?
En este contexto, no pasa desapercibido que en los sellos y documentos colocados durante las clausuras se alcanza a leer con claridad la identidad institucional del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, así como referencias a la Dirección de Política Fiscal / Tesorería Municipal —o un departamento de denominación similar—, cuya tipografía coincide con la utilizada en sellos oficiales del municipio.
En dichos actos administrativos aparecen como responsables operativos la Tesorería Municipal, a cargo de C. Onécimo Méndez Nandayapa, así como la Coordinación General de Política Fiscal, encabezada por C. Efraín Díaz Tipa, quienes, en los hechos, fungieron como los ejecutores de estas acciones ordenadas desde la presidencia municipal.
En Tuxtla ya no sorprende que el “caído” use el poder municipal como instrumento de presión y negocio. Lo verdaderamente preocupante es que lo haga a plena luz del día, sin pudor y —hasta ahora— sin consecuencias.
De Tarot y Adivinanza
¿Será que ya pagaron sus contribuciones… o que ya se pusieron de acuerdo con la consabida mordida?
Ya sabemos de qué pie cojea el “caído”.
Servidos.
