La regidora y los regidores exponen al edil “tabasqueño” sobre supuesto apoyos que se dan a la ciudadanía y que podrían se actos anticipados de campañas.
Alfredo Pacheco / Ultimátum
Durante sesión de Cabildo, tres regidores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez señalaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y denunciaron posibles despidos injustificados al interior de la administración municipal que encabeza el alcalde Ángel Torres.
El tercer regidor, Miguel Ángel Zárate Izquierdo, aseguró que su postura no es a título personal, sino que refleja el sentir ciudadano respecto al uso del presupuesto municipal. Recordó que en la sesión pasada votó en contra de autorizar recursos para despensas, mochilas aspersoras y la entrega de dinero a un particular, al considerar que no se presentó información suficiente sobre el destino de esos fondos.
“No voté en contra de la gente, voté a favor de la responsabilidad en el manejo del presupuesto”, expresó. Señaló que tras su voto y el de otros regidores, se difundieron publicaciones en redes sociales que, afirmó, buscaban desacreditar su postura. Añadió que la ciudadanía ha manifestado respaldo a la exigencia de mayor transparencia.
Zárate Izquierdo también acusó que los recursos públicos podrían estar siendo utilizados para promocionar la imagen del alcalde, lo que calificó como una estrategia similar a prácticas del pasado. Indicó que, de continuar aprobándose los proyectos sin mayor información, acudirá a otras instancias para que se revise el manejo del presupuesto, en el marco de la política de “cero corrupción” promovida por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
En un segundo señalamiento, denunció que al menos 15 trabajadores del Ayuntamiento han sido despedidos sin justificación clara. Entre los casos expuestos, mencionó el de un empleado con discapacidad, con 15 años de antigüedad, quien presuntamente fue dado de baja tras no acudir a realizar labores físicas que, dijo, no puede desempeñar por prescripción médica. Consideró que los despidos se están realizando por “instrucciones superiores” y sin dar la cara a los afectados.
Por su parte, el octavo regidor, Francisco Rojas Toledo, respaldó la exigencia de transparencia y criticó lo que calificó como una actitud autoritaria durante la votación de los recursos. Afirmó que no están en contra de los programas sociales, sino de que no se presenten con claridad los lineamientos y criterios de aplicación.
“Tenemos derecho a sospechar cuando no se nos da información suficiente”, sostuvo, y agregó que solicitaron que el tema regresara a comisión para su análisis, petición que no fue aceptada. Señaló que el papel de los regidores es defender los intereses ciudadanos y asumir la responsabilidad de su voto.
En la misma línea, la séptima regidora, Areli Latournerie, subrayó que su obligación legal es vigilar que el ejercicio del gasto público sea transparente y eficiente. Aclaró que no se oponen a los apoyos sociales, pero sí a aprobar recursos sin conocer con precisión el monto, los criterios de selección de beneficiarios y el mecanismo de aplicación. “Yo no voto a ciegas”, concluyó.