COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Hay frases que, de tanto repetirse, pierden sentido. “Alerta de Violencia de Género” es una de ellas. Suena a protocolo, a mecanismo, a respuesta institucional. Pero en Chiapas, hoy, suena más a simulación que a protección. Porque cuando una mujer es mutilada con un machete por su pareja, después de haber denunciado, después de haber pedido ayuda, lo que falla no es el discurso: es el sistema entero.
Ana Luisa no es una cifra. Tiene 27 años, tres hijos y una historia que, como tantas otras, ya había dado señales de alarma. Denuncias previas. Violencia constante. Una orden de restricción que, en los hechos, no sirvió para detener nada. El resultado es brutal: amputaciones, heridas graves y una vida pendiendo de un hilo. Y entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿para qué sirve una alerta que no llega a tiempo?
Hoy, su estado de salud muestra una evolución favorable. Permanece sedada, bajo observación en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, pero los pronósticos médicos son alentadores. Es una buena noticia dentro de una tragedia que no debió ocurrir. Porque lo que pasó ese lunes no fue un accidente ni un arrebato aislado: fue la consecuencia de un sistema que no reaccionó cuando debía.
Pablo “N” irrumpió en su vivienda, en la colonia Los Manguitos, en Cintalapa. Violó una orden de restricción judicial. La encerró. La atacó con un machete. Le provocó heridas profundas en la cabeza y el cuerpo, y le mutiló las manos. Después huyó.
La escena siguiente es aún más dura: sus hijos, de diez, ocho y seis años, encontraron a su madre destrozada y fueron quienes alertaron a la familia. No fue el sistema. No fue la autoridad. Fueron los niños.
Ana Luisa fue trasladada primero en mototaxi, luego en ambulancia, recorriendo cerca de 70 kilómetros para recibir atención especializada. Y mientras ella lucha por sobrevivir, la sociedad civil hace lo que el Estado no alcanza: cooperar, donar, sostener.
El agresor sigue prófugo.
A pesar de operativos, de reportes, de versiones que lo ubican incluso con el cabello rapado en el mismo municipio, no ha sido detenido. Y entonces la indignación crece, porque no basta con reaccionar después del horror. Se necesita eficacia antes, durante y después. Y aquí no hubo ninguna de las tres.
La escena se repite, con distintos nombres y geografías. En Tuxtla Chico, Beany, una joven de 20 años, fue atacada a balazos, presuntamente por su pareja. El disparo atravesó su cráneo. No solo intentaron matarla: la abandonaron dentro de un vehículo. Fue localizada hasta el día siguiente, aún con vida.
Sus padres han denunciado omisiones graves. Entregaron pruebas, videos, testimonios. Pero la respuesta institucional fue lenta, insuficiente. El agresor huyó. Otra vez, la historia incompleta. Otra vez, la justicia corriendo detrás de la violencia.
Cuando los casos dejan de ser excepcionales y se vuelven patrón, ya no hablamos de tragedias aisladas. Hablamos de un colapso. Y eso es lo que hoy enfrenta Chiapas: el colapso de una política pública que, en el papel, promete protección, pero en la realidad llega tarde o no llega.
La Alerta de Violencia de Género no nació para ser un adorno institucional. Se pensó como un mecanismo urgente, capaz de coordinar acciones, de prevenir, de actuar. Pero algo se rompió en el camino. Se volvió burocracia. Se volvió trámite. Se volvió, como han señalado colectivas, un protocolo de papel.
Y mientras tanto, las mujeres siguen marchando.
No marchan por moda. No marchan por agenda. Marchan porque el miedo es cotidiano. Porque salir de casa implica calcular riesgos. Porque denunciar no garantiza protección. Porque, en muchos casos, denunciar es apenas el inicio de un camino incierto.
La imagen de mujeres caminando juntas, gritando “Si tocan a una, respondemos todas”, no debería ser necesaria. Debería bastar con que las instituciones funcionen. Pero no están funcionando.
Y como si no fuera suficiente, la violencia se expande en múltiples frentes. En Tapachula, un ataque armado en un bar dejó a una mujer herida y a dos personas privadas de su libertad. La violencia no distingue espacios, ni horarios, ni contextos. Se instala y se normaliza.
Y ahí está el mayor riesgo: acostumbrarnos.
Nos estamos acostumbrando a leer historias de violencia extrema como si fueran parte del paisaje. Nos indignamos un día, compartimos una publicación, exigimos justicia… y luego seguimos. Hasta que aparece otro caso. Y otro. Y otro más.
Pero hay límites que no deberían cruzarse. Y Chiapas los ha cruzado.
El problema no es que no existan leyes. El problema es que no se cumplen. No se ejecutan. No se traducen en protección real. Una orden de restricción no puede ser un papel simbólico. Tiene que ser una barrera efectiva. Un sistema de prevención no puede activarse después del ataque. Tiene que anticiparse.
Hoy, la exigencia no es retórica. Es concreta: capturar a los agresores, sí. Pero también revisar lo que falló antes. ¿Quién no actuó? ¿Quién ignoró? ¿Dónde se rompió la cadena que debía proteger?
Porque si no se responde eso, la historia se va a repetir.
Y entonces la Alerta seguirá ahí, nombrada en comunicados, citada en discursos, presumida en informes… pero ausente en el momento en que más se necesita.
Qué ironía: tenemos una alerta que no alerta. Un sistema que no protege. Una justicia que llega tarde.
Y mientras no se asuma con seriedad, mientras no se entienda que esto no es un tema accesorio sino una emergencia real, el problema no solo va a persistir… va a crecer.
Porque cuando la violencia se vuelve rutina, el silencio también se vuelve cómplice.
Y Chiapas ya no está para silencios.