FILIPICAS/PACO RAMÍREZ/ULTIMÁTUM
Un convenio de 1,700 millones de pesos y seguros agrícolas y ganaderos marcan un giro en la política rural del estado
Hay cifras que hablan por sí solas. El sector primario de Chiapas genera 38 mil millones de pesos al año y emplea a casi 800 mil personas, el 31 por ciento de la población económicamente activa del estado. Y sin embargo, durante décadas, esa columna vertebral de la economía chiapaneca fue la gran olvidada de la política pública: sin financiamiento accesible, sin seguros que protegieran la cosecha o el hato, sin un gobierno que se parara en la milpa antes que en el corporativo.
Por eso merece atención lo que ocurrió esta semana en la región Frailesca, cuando el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar firmó un convenio con la Cooperativa Acreimex para poner a disposición de productoras y productores chiapanecos una bolsa conjunta de mil 700 millones de pesos en créditos, en el marco del Programa Producción con Prosperidad Compartida.
Los números del acuerdo son concretos: créditos de 30 mil hasta un millón de pesos, con tasas de interés subsidiadas al 10 por ciento anual —y de un solo dígito para quienes no tengan historial bancario—, más un porcentaje de retorno para quienes paguen puntualmente. En una primera etapa, 20 millones de pesos del Fondo Económico del Estado funcionarán como garantía para colocar hasta 340 millones en financiamiento. No es un programa de limosnas: es una apuesta por la viabilidad productiva del campo.
Pero quizás lo más significativo no es el crédito. Es la combinación de instrumentos. Por segundo año consecutivo, el gobierno adquirió el seguro ganadero y, por primera vez en la historia reciente, el seguro agrícola, cubriendo la producción de maíz, sorgo y otros granos ante lluvias, incendios o contingencias. A eso se suma la distribución de kits de medicamentos contra el gusano barrenador, una plaga que ha golpeado con dureza al ganado en la zona.
La Frailesca no es cualquier región. Es el granero de Chiapas, el corazón ganadero del estado, una tierra que ha sostenido históricamente a familias enteras sin recibir a cambio la infraestructura, los apoyos ni la protección que merecía. Que el gobernador haya firmado este convenio ahí, rodeado de organizaciones productivas y ganaderas, no es un gesto menor.
Dicho lo anterior, el entusiasmo debe ir acompañado de seguimiento ciudadano. Los programas de crédito en México tienen un historial conocido: nacen con fanfarria, mueren en la burocracia o se desvían en la opacidad. La pregunta que habrá que hacerle al gobierno en los próximos meses no es si firmó el convenio —eso ya ocurrió—, sino cuántos productores accedieron efectivamente al crédito, en qué municipios, con qué montos, y si los seguros realmente respondieron cuando la naturaleza golpeó.
El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, habló de una primera etapa. Ojalá haya segunda, tercera y cuarta. El campo chiapaneco no necesita un programa de temporada: necesita una política de Estado que trascienda administraciones, que no dependa del ciclo electoral ni del humor de los mercados internacionales.
Por lo pronto, 800 mil personas que trabajan la tierra en este estado tienen hoy, al menos sobre el papel, una herramienta más para producir con menos riesgo. Eso, en Chiapas, ya es noticia.